¿En seguridad vial, vale todo?

Ahora, tal como sucedió en muchos momentos de la historia de la humanidad, cualquier medida, propuesta o normativa que se le ocurra a un individuo, organización o funcionario público, con solo esgrimir tales objetivos, aparece como idónea para enfrentar este flagelo, aún cuando no haya una investigación previa de su conveniencia o no se acrediten luego, buenos resultados por su instrumentación.

Este interrogante surge, en primer lugar, de la convicción de que la siniestralidad vial se origina en una multicausalidad de factores que presentan características muy distintas según el lugar y el contexto sociocultural en donde ocurran.  Sumado a ello, la mayor o menor formación profesional de los conductores, una infraestructura deficiente o muy desarrollada y un parque automotor vetusto o sumamente actual, vuelven aún más complicada las iniciativas pensadas para prevenir los siniestros viales.

Ni que hablar de las iniciativas que pretenden instrumentar medidas que, según su interpretación, han resultado positivas en otros puntos del planeta, sin ni siquiera evaluar su adecuación a la realidad del lugar en donde se quiere imitar.

Como siempre he sostenido, la seguridad vial “no nace de un repollo” ni se compra en un mercado, no se resuelve con una vacuna ni se copia sin más de otra experiencia exitosa.  La seguridad vial que ha venido a mejorar los datos de la siniestralidad es la que se origina en los conocimientos científicos comprobados o la que se genera en la experiencia -buenas prácticas seguras- adaptada al contexto en donde se quiere desarrollar la iniciativa.

Muchas veces se observa en las medidas preventivas propuestas, un disimulado objetivo recaudador (los ingresos por multas son apetecibles, sobre todo en tiempo de crisis económica); otras veces aparece un sesgo autoritario y controlador (donde se restringen derechos individuales); y en otras oportunidades, una mirada parcial de la problemática (alcoholemia 0 solo para los menores, o sin controlar el consumo de otras drogas) o de los responsables que generan las tragedias viales (por ejemplo, cuando se persigue solo a los motociclistas como si fueran los únicos infractores o culpables por los siniestros viales).

Tal vez lo que más preocupa, sean las acciones que solo intentan mostrar que se está trabajando para el decenio de la seguridad vial, o para acabar con el flagelo de los siniestros en el tránsito, sin contar con profesionales idóneos, recursos suficientes o un programa que permita visualizar sus logros y avances.

Como ya he dicho en muchas oportunidades, el tránsito es una construcción social, en donde todos participamos, pero en la que los ingenieros responsables de que se llegue a un buen término, son los funcionarios que componen el estado, a los cuáles debemos pedir compromiso, profesionalismo y convicciones permanentes.

Pero volviendo a la pregunta de esta nota, quiero compartir algunas de las acciones que cuesta comprender, realizadas bajo el calor de una preocupación por prevenir los siniestros en el tránsito.  A saber:

* En un municipio, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza que establecía que las mujeres de la localidad, para obtener su licencia de conducir, tenían un requisito más que los hombres: presentar la prueba de Papanicolaou.  Ante la pregunta de la pertinencia de la nueva exigencia, contestaron con un interrogante: ¿No estás de acuerdo con la importancia que la prueba tiene para la detección del cáncer femenino?

Ante ello respondí claramente que sí, pero que no me parecía que tuviera vinculación con el acceso a la licencia de conducir.  Además, agregué que si el objetivo era la prevención de un riesgo de salud, debería incorporarse para los hombres la prueba análoga (examen de próstata, incluido el tacto rectal), no recibiendo respuesta alguna ante esa recomendación.

* En otra ocasión, me consultaron sobre un proyecto de ordenanza que buscaba prohibir la conducción de vehículos automotores utilizando los llamados zapatos con taco aguja.  Ante esta pregunta respondí que me parecía discriminatorio la prohibición, pues no incluía los tacos chinos, zapatos con plataformas, ojotas, chancletas y demás calzado no recomendable para la conducción segura.  Asimismo, consulté cómo iba la autoridad de tránsito comprobar su uso en un control nocturno o mediando vestido largo… Tampoco contestaron.

* Otra acción desarrollada, fue prohibir que las estaciones de servicios cargaran combustible a las motos cuyo conductor no con el casco obligatorio, delegándose así en los empleados de estos comercios, el poder de policía, por el que debían constatar esta situación y aplicar el castigo consistente en negarle la provisión de nafta.  Por supuesto, esto derivó en múltiples agresiones hacia estos empleados, haciéndoles cumplir una función que claramente el estado no ejerce con eficiencia.  Esta situación motivó que las representaciones gremiales solicitaran presencia policial para evitar las agresiones y, en algunos casos, además, un adicional al sueldo por la nueva actividad exigida.

*   También constituyó una “medida innovadora” generar una web para estimular el envío de imágenes de vecinos o ciudadanos cometiendo infracciones viales, sugiriendo erróneamente que era información anónima y que no había ninguna posibilidad que el denunciado se enterara de quién fue, en la jerga policial, el “soplón”.  Debemos tener presente que las causas administrativas por infracciones de tránsito, desde siempre, se inician de oficio (la autoridad competente) o por denuncia de un particular identificable, no estando vigente lo que claramente es una “denuncia anónima”. Considero que estimular estas acciones pueden generar conflictos innecesarios entre vecinos que deben continuar conviviendo.  Entiendo que sería mejor alentar al ciudadano para que colabore con la seguridad vial denunciando infracciones, pero dejando que la constatación de la misma sea realizada por un funcionario público, que hiciera innecesario el anonimato del denunciante.

* La última idea propuesta consiste en adecuar la normativa vial para permitir que un infractor pueda pagar las multas adeudadas mediante la donación de sangre, siendo uno de los argumentos para ello, desterrar la idea que las sanciones de las infracciones viales tienen un objetivo recaudatorio y también atender solidariamente a las personas que están en una situación económica precaria…

Tengo el temor cierto que si este proyecto finalmente es aprobado, que después incluyan una modificación -pensando en los infractores- que establezca que si no alcanza la sangre, podrá agregarse un riñón, una córnea u otro órgano o tejido posible de ablación.

Por supuesto que estos son solo algunas de las acciones y propuestas que me cuesta entender, pero hay otras que ya existen y son difíciles de explicar su pertinencia con los objetivos buscados.  Así, por ejemplo:

- Si no se discute la infracción (porque no se tienen razones) y se paga en forma voluntaria, el monto de la multa se reduce a la mitad, pero si se discute (porque hay razones para ello) debe pagarse la totalidad; y

- No otorgan la licencia de conducir si se tienen infracciones pendientes, aunque no se haya notificado la misma para que se ejerza el derecho de constitucional de defensa ni exista sentencia condenatoria firme.

La seguridad vial nos interpela para ser creativos, innovadores, profesionales, sensibles, y sobre todo respetuosos de los derechos fundamentales de los ciudadanos.  No resulta posible que en muchas acciones destinadas a la prevención vial se escondan objetivos económicos, de figuración, o respondan a miradas sesgadas o autoritarias.

La mayor preocupación es observar que fácilmente atribuimos a los ciudadanos todas las culpas por la siniestralidad vial, sin analizar qué acciones como la formación cívica, el entrenamiento en la conducción, la sensibilización sobre los riesgos del tránsito, el diseño y mantenimiento de la infraestructura y el buen ejercicio del poder de policía son herramientas indispensables para colaborar activamente para que el ciudadano cumpla su parte y se construya un tránsito más humano, más seguro y con menos siniestros viales.