Análisis de la Infraestructura Penitenciaria en México

El Sistema Penitenciario está compuesto por los Sistemas Estatal, Municipal y Federal. Los Estados y Municipios son responsables de custodiar a los acusados que cometen delitos del fuero común y el Gobierno Federal del fuero federal. La seguridad pública muestra abandono y rezago en su atención y crecimiento. La población penitenciaria ha aumentado; evoluciónan los delitos, un incremento con un nuevo perfil criminológico, lo que hace necesario vincular el sistema penitenciario con la seguridad pública. Aspectos relevantes son las políticas de estado creadas para desarticular las estructuras criminales han logrado la detención de más personas peligrosas que generan mayor demanda de espacios, la falta de oportunidades de empleo, un presupuesto insuficiente y el gasto de inversión precario para crear infraestructura son aspectos que ayudan a aumentar el problema. Para atender ello, se abordará una investigación de tipo documental. Se está recopilando información documental de tipo bibliográfico, consistente en información estadística que genera el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación; en torno a las acciones que está desarrollando para atender la problemática sobre los internos del fuero federal, los instrumentos de medición deben ser validos, confiables y objetivos. La información identificada como una serie ordenada de operaciones que se realiza sobre la información, esto es la recolección de la información; almacenamiento o registro de la misma; la clasificación ordenada; así como, la elaboración y utilización; para logar los puntos señalados se hará uso de las técnicas estadísticas y de escala de medición.
Main Author: 
José Luís
Tagle Vargas
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, CECyT 7 "CUAUHTÉMOC"
México
Co-authors: 
Francisco
gARCÍA mORA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, UPIICSA
México
Carla Patricia
Torres García
CESE consultores
México

Introducción

El sistema penitenciario en México, se relaciona con la Corrupción, impunidad, hacinamiento, presos inocentes y culpables, tráfico de drogas en los penales, complicidad de autoridades con delincuentes, fugas de delincuentes a la vista de las autoridades y una burocracia exacerbada son los principales obstáculos para la reforma del sistema penitenciario en México. Aunque algo se ha empezado a hacer.

Objetivo general

Realizar un análisis a fondo sobre el sistema penitenciario en México, a fin de encontrar las posibles soluciones y contar con un sistema penitenciario seguro y eficiente.

Objetivos particulares

Aplicar un cuestionario que nos permita identificar las necesidades de la comunidad carcelaria en el país, en materia de hacinamiento, como en materia de medio ambiente.

Metodología

La presente investigación esta encaminada a analizar la problemática del sistema penitenciario en México, y a encontrar las posibles soluciones que puedan implementarse de amnera inmediata en la práctica, hoy en día los medios electrónicos cobran gran relevancia y con el auxilio de la aplicación del Derecho penal, y de esta manera proponer o adecuar las leyes a fin de contar con un sistema penitenciario seguro y eficiente.

Con las definiciones anteriores, podemos establecer la metodología a desarrollar en el presente trabajo, la cuál será:

  • 1. Descriptiva. En la cuál se desarrollará detalladamente los conocimientos sobre el “estado del arte”, los antecedentes, evolución y desarrollo sobre el sistema penitenciario en México, los diferentes autores y ponentes sobre este tema, definir la vulnerabilidad a que está expuesta la sociedad, así como la afectabilidad en caso de siniestro.
  • 2. Documental. Se identificará la evolución y aplicación de las normas sobre el medio ambiente, reglamentos y leyes existentes.
  • 3. De campo. Se diseñara y aplicará un cuestionario para identificar las necesidades de la comunidad carcelaria, tanto en materia de hacinamiento, como en materia de medio ambiente.

Antecedentes históricos

El origen de las cárceles se pierde en las noches de los tiempos, pues surgieron cuando el hombre tuvo necesidades de poner a buen recaudo a sus enemigos. Las primeras cárceles fueron cuevas, tumbas, cavernas etc. Lugares inhóspitos a donde se enviaban desterrados a los enemigos del estado.

El origen de la palabra cárcel la encontramos en el vocablo latino coercendo que significa restringir, otros dicen que tiene su origen en la palabra carca, termino hebreo que significa meter una cosa. (Rivas, 2012)

Fue hacia el año 640 d. C. cuando encontramos la cárcel construida como tal, en Grecia y Roma, destinada a encerrar a los enemigos de la patria. Hacia 1300 encontramos en Francia la casa de los Conserjes, que fue transformada en cárcel y la famosa Bastilla lugar donde se encerraban a los delincuentes políticos. En Inglaterra, durante la primera mitad del siglo XVI se instaura la primera casa de corrección para mendigos, vagos y prostitutas, con el objeto de frustrarlos y así corregir sus vicios. (Rivas, 2012)

Refiriéndonos a los antecedentes de la prisión en nuestro país podemos hablar de 3 etapas: Prehispanica, Colonial y después de consumada la independencia de nuestros días.

Entre los antiguos pobladores de lo que es la Republica Mexicana, no se conocieron sistemas penitenciarios ni cárceles, ya que aplicaban penas muy cruentas, tales como la esclavitud, el sacrificio, el empalamiento y el destierro.

Ya con la llegada de los españoles se implementaron los tribunales de la llamada Santa Inquisición, en donde los castigos y tormentos eran semejantes a los aplicados en Europa. (Rivas, 2012)

Con la guerra de independencia esta situación no varió mucho ya que se siguió el mismo procedimiento con el gobierno de Porfirio Díaz.

La constitución de 1857 determino en su artículo 23 la creación de un sistema penitenciario, en 1874 las prisiones mexicanas se encontraban bajo responsabilidad del ayuntamiento.

La inminencia de las modificaciones legales

En el año 2011 está destinado a ser muy importante en materia de cambios en el sistema penitenciario nacional, tomando en cuenta varios factores, entre ellos, que el 18 de junio se cumple el plazo de tres años impuesto por el transitorio quinto del Decreto de Reformas Constitucionales en materia de justicia penal y seguridad pública (RC), para dar inicio a la sustitución del concepto de readaptación social por el de reinserción. Además, por razones conexas, se ha iniciado la construcción de varios penales, para tratar de lograr una infraestructura carcelaria que responda a los requerimientos de las reformas legales relativas a la ejecución de sanciones y el sistema penitenciario.

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Motín en cárcel mexicana

Desarrollo

El tema de las cárceles es muy complejo, basta considerar que tan sólo para delimitar el tema específico a tratar habría de tomarse en cuenta, de inicio, al menos los siguientes binomios: ámbito federal y estatal; menores de edad y adultos; hombres y mujeres; prisión preventiva y penitenciaria; delincuencia común y delincuencia organizada; reincidentes y primodelincuentes y peligrosidad mínima y alta, además de las instalaciones específicas para medidas de seguridad. Todo lo anterior, tomando en cuenta que cada uno de los elementos de cada binomio es un universo que requiere un tratamiento específico, comenzando con las leyes y los reglamentos que han de regirlo.

Por lo que hace al ámbito federal y respecto del sistema penitenciario, para dar cumplimiento dentro del plazo al transitorio quinto de la RC, el Ejecutivo ha hecho llegar a la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para que, en su caso, se apruebe la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, la cual regulará, entre otras materias, la delimitación de funciones que corresponderán al Poder Ejecutivo y al Judicial, en el ámbito carcelario, pues a partir de la entrada en vigencia de la ley propuesta la ejecución de las penas privativas y restrictivas de libertad corresponderá al Poder Ejecutivo Federal, mientras que la modificación y duración de las penas corresponderá al Poder Judicial de la Federación.

Con respecto al ámbito local, la Dirección General de Estudios y Proyectos Normativos de la Secretaría Técnica (Setec) del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, publicó a mediados de abril los Lineamientos para la Construcción de la Ley de Ejecución de Sanciones para las Entidades Federativas. Estos lineamientos habrán de servir para que las entidades federativas elaboren y publiquen sus leyes respectivas para normar lo relativo a la ejecución de sanciones.

La entrada en vigencia de estas leyes será la base para que se inicie en toda la República el nuevo sistema de reinserción (dejando para la historia el intento de rehabilitación), prevista, la reinserción, en el artículo 18 de la Constitución Federal. Asimismo, permitirá que se dé inicio a las funciones del juez de ejecución para dar cumplimiento al artículo 21 constitucional que establece, a partir de la reforma de 2008, que “La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”. Merced a la anterior disposición habrá de iniciarse en el ámbito penitenciario una reforma difícil de echar a andar en la práctica, dadas las condiciones actuales de la mayoría de las cárceles en México, donde históricamente ha correspondido al Poder Ejecutivo tomar decisiones relativas a la modificación de sanciones, consistentes principalmente en la libertad anticipada, tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena.

El hacinamiento carcelario

Un de los principales problemas en nuestro sistema penitenciario es el hacinamiento. La construcción de espacios siempre ha ido más lenta que el requerimiento de éstos. Esta sobrepoblación origina muchos otros problemas: riñas frecuentes de toda magnitud, abusos, corrupción que propicia la venta de toda clase de privilegios, que en condiciones normales no serían tales, sino lo común en un centro penitenciario con espacio suficiente y, sobre todo, la falta de seguridad. Desde luego, el tráfico interno de drogas se incrementa y su control se dificulta en proporción directa al hacinamiento.

Esta sobrepoblación origina muchos otros problemas: riñas frecuentes de toda magnitud, abusos, corrupción que propicia la venta de toda clase de privilegios, que en condiciones normales no serían tales, sino lo común en un centro penitenciario con espacio suficiente y, sobre todo, la falta de seguridad. Desde luego, el tráfico interno de drogas se incrementa y su control se dificulta en proporción directa al hacinamiento.

Para darse una idea de la magnitud del problema de sobrepoblación se puede consultar el cuaderno mensual correspondiente a febrero de 2011, publicado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, respecto al Sistema Penitenciario Federal. Así, tenemos que la población penitenciaria total asciende a 229,426 internos, de los cuales 4.52% son mujeres. Del total, 80.28% corresponden al fuero común y el restante 19.72% al federal. Tan sólo con estos datos ya se puede deducir que el grueso del problema se encuentra en lo concerniente a las entidades federativas y básicamente respecto a varones. No obstante, en muchos de los centros penitenciarios estatales gran parte de su población está constituida por reclusos del fuero federal. Habrá que mencionar que, respecto de la población femenil recluida en centros penitenciarios tanto federales como estatales, éstos no cuentan con mejores condiciones que los varones.

En cuanto a la dependencia de los centros penitenciarios, de la misma fuente se puede saber que existen ocho centros federales con una capacidad de 13,214 internos; diez dependientes del Distrito Federal con capacidad de 22,577; 320 estatales, para 143,522 internos y 92 municipales para 3,603 reclusos. El total de centros es de 429 y su capacidad total es de 182,905 internos. En 195 de estos centros existe sobrepoblación y de ellos 48 albergan población penitenciaria del fuero común y los restantes 148 tienen tanto población federal como del fuero común. La cifra total de sobrepoblación es de 40,042 lugares. Existen buenas noticias en este tema, consistentes en los planes para entregar en 2012 doce centros federales penitenciarios con capacidad para albergar a 32,500 internos, además de ampliaciones en varios otros centros, tanto federales como estatales, próximos a entrar en operación.

En el ámbito internacional México es uno de los países con mayor porcentaje de reclusos, ya que se tiene una tasa promedio de 207 reclusos por cada 100 mil habitantes, mientras que Estados Unidos, que ostenta el primer lugar en este rubro, cuenta con 756 reclusos por cada cien mil habitantes. El promedio internacional es de 145 reclusos por cada 100 mil habitantes [véase Impacto de la reforma constitucional en el sistema de ejecución de sentencias, Efrén Arellano Trejo, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, documento de trabajo núm. 104, febrero de 2011, p. 3]. Desde luego que las condiciones de los reclusorios estadounidenses, así como el componente de la población penitenciaria, son muy diferentes a las que campean en México. De cualquier forma, dadas las condiciones actuales de la mayoría de los centros penitenciarios lo más recomendable es intentar bajar ese porcentaje para lograr disminuir la presión de la sobrepoblación y así intentar un cambio cualitativo tanto en el ámbito federal como en el estatal.

Si existe sobrepoblación en una gran cantidad de centros penitenciarios dependientes de las entidades federativas, en los que se encuentran recluidos también presos del fuero federal, resulta fácil concluir que es necesario comenzar por construir suficientes espacios dependientes de la Federación para aliviar el problema en el ámbito local.

En el ámbito federal se ha procurado que los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) se mantengan al límite de su capacidad, sin intentar ingresar más internos que los espacios disponibles. Asimismo, se ha anunciado la creación de nuevos centros de reclusión expresamente diseñados para garantizar la seguridad, tanto interna como externa. Éste es otro de los problemas recurrentes, ya que la seguridad en los centros penitenciarios deja mucho que desear. Basta con echar un vistazo a la historia de las fugas, que van desde las muy ingeniosas o sofisticadas, como lo son el uso de un helicóptero o la salida escondido en un carrito de ropa de lavandería, pasando por la salida de propio pie por la entrada principal, o las fugas masivas logradas por medio de “rescates” en los que bien puede haber o no disparos de los compinches de los maleantes internos, y más recientemente la fuga del “chapo” Guzmán en donde utilizarón tecnología de punta, con el apoyo de una estación total comunicada vía satélite y la excavación de un túnel con el apoyo de Ingenieros Topógrafos, pero siempre se hace evidente la complicidad de las autoridades penitenciarias ya que los fugados son generalmente narcotraficantes o secuestradores, con gran capacidad de corrupción.

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Reclusorio en la Ciudad de México

La vida carcelaria en México

Habrá que tomar en cuenta que los altos muros perimetrales de las prisiones sirven no solamente para evitar que los que se encuentran adentro escapen, sino también para impedir que los que están fuera se enteren de todo lo que sucede dentro de la institución.

Ciertamente, quienes estén de alguna manera relacionados con el estudio del tema ya se habrán hecho un criterio informado, dado que existen datos respecto de todos sus componentes. Sin embargo, es necesario que las conclusiones a que se haya arribado hasta el momento sean difundidas entre la ciudadanía en general para que se tome consciencia de que tales irregularidades afectan no solamente a los internos y sus familiares, sino a toda la población, dado que, además de que la forma irregular en que se custodia a los internos propicia que éstos sigan delinquiendo durante su reclusión; también se dan efectos negativos que afectan la economía, comenzando por el alto costo de mantener privados de la libertad a quienes bien podrían estar libres, siguiendo por los efectos perniciosos ya no de carácter económico, sino social, pues el inadecuado tratamiento de los internos produce efectos negativos tanto durante el cumplimiento de su condena como al quedar en libertad, una vez cumplida aquélla o, aún peor, si se fugan sin haber completado su condena.

Si se acepta que un detonador de varios de los problemas recurrentes del sistema penitenciarios es el hacinamiento, se debe considerar que se ha dado un primer paso positivo para resolverlo con la construcción de nuevos centros federales de reclusión. Esto alivia automáticamente la sobrepoblación en los reclusorios estatales, puesto que históricamente ha sido en estos centros en los que un alto porcentaje de condenados del orden federal compurgan la totalidad o parte de sus condenas.

Asimismo, en el ámbito local se ha iniciado la construcción de nuevos centros de reclusión, con el apoyo de fondos federales, aunque no al ritmo deseable. En los últimos años el sistema penitenciario se a abocado a construir centros de Rehabilitación y readaptación social de las llamadas de “máxima seguridad”, tal es el caso de “Almoloya de Juárez” o “La cárcel de Alta seguridad de Jalisco”.

La falta de centros penitenciarios modernos, equipados y administrados debidamente propicia el incumplimiento de normas fundamentales, como son la debida separación de los sentenciados tras una clasificación que garantice que las características de cada interno sean determinantes en la decisión del lugar o la sección en que deba cumplir su condena, para evitar que delincuentes de poca peligrosidad o aquellos que delinquen por vez primera (primodelincuentes) tengan contacto con los reincidentes o de mayor peligrosidad. Si al menos se lograra en lo futuro separar correctamente a los diversos grupos delincuenciales se estaría dando un gran paso para evitar la contaminación que implica el actual sistema, que ha convertido las cárceles en centros de capacitación y adiestramiento de futuros miembros de la delincuencia organizada, principalmente.

La prisión preventiva es otro de los aspectos negativos que es un fenómeno histórico en México. Al acudir a las estadísticas publicadas por la Secretaría de Seguridad Pública federal se puede constatar que en promedio, en el plano nacional, más de 40 por ciento de los privados de libertad del fuero común no han sido sentenciados, es decir, están siendo procesados, por lo que legalmente son inocentes, pues no se ha demostrado su culpabilidad y responsabilidad mediante sentencia firme. Si de por sí 40 por ciento es muy alto como promedio, podemos encontrar entidades como Baja California Sur y Quintana Roo con porcentajes mayores a 60%; aunque en contraste se tengan porcentajes menores a 30% en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Esto es, se tiene perfectamente detectado el problema por entidades federativas, por lo que se puede tratar de solucionar la tendencia a utilizar la prisión preventiva en forma indiscriminada y comenzar a aplicar los criterios establecidos en la Reforma Carcelaria, para reducir el porcentaje de procesados privados de su libertad.

El costo económico de la prisión preventiva es muy alto en México, sobre todo si se toma en cuenta que un gran porcentaje de los procesados se encuentran privados de su libertad acusados de delitos de menor cuantía. De lograrse uno de los objetivos de la Reforma Carcelaria, consistente en procurar disminuir la privación de la libertad como medida precautoria durante el proceso, habrá un ahorro de recursos que pueden ser empleados para otros fines, independientemente de que, al dejar de dictar prisión preventiva para miles de procesados, se evitarán los efectos negativos en el ámbito laboral y familiar que la prisión preventiva ocasiona.

Visos de paliativos para el sistema penitenciario

La combinación de edificación, ampliación y remodelación de centros penitenciarios, tanto federales como estatales, con la entrada en vigor en más entidades federativas del nuevo sistema penal acusatorio, será un alivio para la sobrepoblación penitenciaria, ya que es de esperarse que sean menos los procesados a los que se les encarcele durante el proceso, al dejar de tener énfasis el objeto del proceso penal en castigar al delincuente y efectuar un giro para propiciar la reparación del daño, así como procurar sentencias alternativas a la de privación de la libertad.

El costo económico de la prisión preventiva es muy alto en México, sobre todo si se toma en cuenta que un gran porcentaje de los procesados se encuentran privados de su libertad acusados de delitos de menor cuantía.

Los primeros pasos para resolver o aminorar el problema de la sobrepoblación penitenciaria han sido dados con la asignación de recursos para la construcción de nuevos centros penitenciarios y la entrada en vigor de la reinserción social y la consecuente entrada en escena del juez de ejecución de sanciones, con lo que es de esperarse que mejore la situación de los que se encuentran privados de su libertad. Desde luego que aún falta lo más difícil de lograr, que es que se produzca realmente el cambio esperado al quedar a cargo del Poder Judicial la determinación de la duración y modificación de las sanciones, entre otras varias funciones correspondientes ahora al Poder Ejecutivo.

Por otro lado, se están realizando esfuerzos para reclutar, capacitar e integrar nuevos elementos al sistema tanto federal como en el Distrito Federal y algunas entidades para reforzar al personal de custodia de los centros penitenciarios, medida que en los nuevos centros penitenciarios y con la intervención del juez de ejecución de sanciones probablemente cambie el panorama, así sea modestamente al principio.

Será necesaria una constante labor de divulgación de los beneficios que implica lograr que los centros penitenciarios no sólo garanticen seguridad, sino que, además, propicien que durante su detención el procesado o condenado sea tratado teniendo en mente siempre el respeto a sus derechos fundamentales, para lograr los propósitos de la reinserción social, procurando, asimismo, que los penales signifiquen seguridad tanto interna como externa. Éste puede ser el camino para lograr disminuir la práctica creciente de actividades delictivas realizadas desde el interior de los reclusorios, principalmente las extorsiones que tanto han dañado en años recientes a la sociedad. Habrá de estar atenta la ciudadanía para exigir a las autoridades que no dejen todo el esfuerzo únicamente en cambios de legislación, sino que, efectivamente, sean capaces de hacer realidad un cambio significativo en la ejecución de las sentencias penales.

Sin embargo, no obstante el mucho dinero invertido en modernizar las instalaciones penitenciarias, cambios importantes en la legislación y preparación del personal de custodia y otros aspectos indispensables, nada cambiará mientras persistan otros dos aspectos que han sido la constante en todo el sistema: corrupción e impunidad.

El crimen ha evolucionado y no es el mismo que en años anteriores. De un delito en años anteriores como el de robar un dulce o hacer cosas indebidas y que con solo la llamada de atención de nuestros padres era suficiente ahora se ha llegado al delito maquinado y organizado por personas que quieren hacer su voluntad pasando por alto la ley y así violar todo tipo de valores morales y sociales y realizar todo tipo de conductas delictivas.

También se ha cambiado la dinámica de la delincuencia, ya que en tiempos anteriores existía entre ellos una especie de códigos de conducta que hoy en días se ha visto resquebrajada por las violentas acciones del crimen organizado y el narcotráfico, además la forma de delinquir ha variado, actualmente los robos de alta escuela son mucho más elaborados y planeados por los profesionales de la delincuencia.

Así como el crimen organizado ha evolucionado la seguridad pública y la prevención del delito deben de evolucionar y expandirse; estos son aspectos que corren en forma paralela. No hay prevención sin seguridad, son dos hermanas inseparables pero distintas.

Hay que evitar leyes que no se aplican en la práctica o que en su ejercicio hieran los derechos humanos o distorsionen los mismos. Para ejercer la prevención se requiere de una sociedad tranquila y segura. Una comunidad insegura y vacilante a cada paso que da no puede realizar planes en su desarrollo, ni presente ni futuro.

Según el estudio de los mitos de la prisión preventiva en México elaborado por una organización no gubernamental de 1994 a 2004 la población carcelaria se duplico al pasar de 86 mil a 192 mil reclusos y sigue creciendo sin que la inseguridad ni la delincuencia hayan disminuido. (lecuona, 2010)

Según el informe en México están presos 82 mil personas que no han sido sentenciadas y que tienen la garantía de “presunción de inocencia” que sufren la privación de su libertad en condiciones infrahumanas que prevalecen en las cárceles mexicanas, por lo que se considera que la prisión preventiva en el país es una práctica inefectiva.

Conclusiones.

· El sistema carcelario en México, es muy complejo, esta influenciado fuertemente por la corrupción, el hacinamiento, el narcotráfico, las prácticas deshonestas, y la ignorancia de presos y autoridades, que son caldo de cultivo para presentar el “sistema mexicano” ses altamente injusto y poco eficiente.

· La “Reforma Carcelaría” en México es una tarea pendiente impostergable, se considera un problema prioritario, en donde se persigue el mejorar las condiciones y la seguridad de los “internos”, por lo cuál el presente trabajo es una propuesta a fin de mejorar estas condiciones y por otro lado contar con mayor eficiencia en cuanto a los sitemas de seguridad y así reducir las “fugas” de los internos.

· Como hemos visto a nuestro sistema penal le hacen falta muchos cambios pero esta en la voluntad de nuestros políticos y dirigentes quienes en vez de estarse peleando las candidaturas y quien se queda en los escaños del senado debería de ponerse a legislar para ser mejores en nuestro sistema judicial y así crecer juntos como sociedad que eso es lo que se merecen todos los mexicanos que queremos y amamos nuestra patria y que además queremos un futuro para nuestros hijos, y para que al paso del tiempo no nos lo reprochen y nos diga que por qué no hicimos nada.

· Es tiempo de cambiar de hacer un alto a las viejas prácticas tenemos todo para crecer como sociedad y ser mejores día con día, podemos presumir que tenemos muchas libertades que en otros países no tiene y que desgraciadamente parece que queremos. Como sociedad deberíamos levantar la mano y decir basta! Hagamos conciencia de donde estamos y hacia donde nos dirigimos.

· Si hay un espacio de opacidad y fractura del Estado de Derecho, éste es el del sistema penitenciario mexicano. De acuerdo con las y los expertos, las cárceles de todo el país representan la crisis del sistema de justicia que hay en México, pues ahí se reproduce, a manera de un “microcosmos”, toda la cadena de corrupción e impunidad que transita, desde la procuración de la justicia hasta su impartición.

· En prácticamente todas las prisiones que existen en el territorio nacional se da una sistemática violación de los derechos humanos, lo cual debería llevar a una revisión inmediata sobre qué ha hecho en los primeros 3 años de esta administración, el órgano desconcentrado responsable de la adecuada operación del sistema, y el cual depende de la Comisión Nacional de Seguridad.

· En México existen 418 centros penitenciarios: 306 son de operación y responsabilidad estatal; 90 están adscritos a la autoridad municipal; mientras que 12 lo están a la Federación; y uno al Distrito Federal, en los cuales, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enfrentan una severa crisis de incumplimiento de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, además de los problemas de hacinamiento, lo que vuelve difícil el regenerar a las personas que caen en prisión.

Referencias Bibliografías y Cibergrafía

Federal, C. m. (2012). “Secretaria de seguridad publica federal”. Mexico.

Lecuona, g. c. (2010). “Los mitos de la prision preventiva en mexico”. mexico.

Rivas, R. C. (2012). “Historia del derecho penitenciario en Mexico”. Mexico: UNAM.

Beltrán Canizales, Cesar Arnoldo, “Análisis del sistema penitenciario en México”. México, Santillana y Asociados.2012.

Fuentes, Luís Mario, “México social: la crisis del sistema penitenciario”. México, Santillana. 2013.

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