INHABILITAR A LOS CONDUCTORES QUE IGNORAN LA CONVIVENCIA

Salud, edad  y conducción

La revisión periódica del permiso de conducir es un acto administrativo que permite revisar la trayectoria de los conductores en plazos de 10 años que se van reduciendo según el incremento de la edad de los mismos, pero es esencialmente un importante elemento de control de las condiciones que disponen las personas para conducir vehículos a motor con garantías para su seguridad y la de los demás usuarios de la vía pública.

Hasta la fecha, la revisión solo viene exigiendo demostrar que se mantienen las condiciones de salud mínimas para garantizar la conducción segura. Inicialmente era suficiente la aportación de un certificado médico suscrito por un médico en activo y colegiado que lo avalara. Desde hace bastantes años que, dada la ligereza en la emisión de dichos certificados en algunos supuestos, se obligó a que la certificación de la aptitud psicofísica fuera emitida por un Centro de Reconocimiento Médico especializado en los temas de conducción con las pruebas necesarias para garantizar que el conductor mantiene las condiciones adecuadas para poder seguir conduciendo.

Sin prejuzgar la calidad general de las certificaciones médicas actuales, lo cierto es que los usuarios al revisar el permiso de conducir constatan de nuevo que los Centros son prácticamente un elemento más de la cadena administrativa de la revisión, siendo muy raros los supuestos de informes negativos, y no tanto en los temas sensoriales sobre los que se hacen las pruebas de reflejos, visión y audición, sino por carencias de comprobaciones de hábitos y actitudes de riesgo especialmente psicofísicas, o de consumo habitual de alcohol, drogas o psicofármacos de grave riesgo en la conducción que son detectadas tanto por los profesores de formación vial como los examinadores pero sobre todo en los cursos de reeducación para la recuperación de puntos. Es remarcable la falta de una capacidad de derivación a los centros de reconocimiento médico por parte de estos profesionales de los conductores deficitarios aunque existan mecanismos establecidos por las Administraciones responsables (cuando reciben información de algún caso) en solicitar información del ICAM o similares para actuar en consecuencia, como también en los casos de preocupación familiar por la facilidad de renovación del permiso de los familiares de edad muy avanzada.

La Unión Europea ha emitido cautelas dictando recomendaciones para privar el acceso al permiso de conducir a patologías contrastadas de enfermedades neurológicas, epilépticas, de trastornos mentales o de senilidad, del consumo de alcohol y de fármacos y psicofármacos, así como las drogas en general, un problema este último en preocupante progresión.

El reciclaje periódico de conocimientos, aptitudes y actitudes.

Los problemas de riesgo y de inseguridad inherentes al apartado anterior vienen reclamando una intensificación de los controles, no sólo de las condiciones psicofísicas de las personas sino también de sus conocimientos en las materias de normativa, señalización y seguridad vial que, en su momento se superan al obtener el permiso de conduir. En este sentido es verdad y hay acuerdo en el sector de la formación vial, tanto entre los centros de formación - autoescuelas como entre los profesores de formación vial e incluso los examinadores, en el sentido de que sería deseable reglamentar obligatoriamente que al revisar el permiso de conducir hubiera sesiones teóricas y prácticas de comprobación de los conocimientos, destrezas, hábitos, actitudes y condiciones de las personas delante de profesionales del sector según los protocolos que se acordaran.

Es obvio que un planteamiento exigente para las/os conductoras/es de revisar sus facultades y condiciones para conducir no tendrá en absoluto buena prensa entre las/os ciudadanas/os, acostumbrados a concebir el permiso de conducir como un derecho inalienable que no puede perderse una vez adquirido. Esto es demostrativo de que un paso tan importante como el de una revisión de estas características sería preciso de un decidido apoyo político de las autoridades responsables de la seguridad vial (aspecto este bastante difícil) pues también se debería prever que las tasas del trámite de la revisión del permiso de conducir deberían distribuirse entre la Administración Pública y los centros de formación vial. Otra opción sería que fuera la propia Administración la que tuviera su centro oficial de revisiones con formadores viales de plantilla, pero esta opción tiende una gran contestación de todo el sector.

Llegar a un reciclaje de estas características podría permitir simultáneamente dar un gran paso cualitativo hacia la "Visión Cero" si en el proceso se hiciera el filtro de las escuelas particulares de conducción "homologadas" o "colaboradoras de la Administración" (al igual que las ITV en los vehículos o las Concesionarias de peaje en la vía) partiendo de unos requisitos iniciales a pactar pero con unas inspecciones extraordinariamente rigurosas que apartaran a todas las autoescuelas que no estuvieran en la línea deontológica, ética y profesional que exige la seguridad vial, basada esencialmente en la calidad profesional y formativa de los profesores de formación vial de la plantilla de cada centro.

El control de las/os conductoras/es y tratamiento de los de mayor riesgo.

El planteamiento anterior requiere una potenciación de las acciones administrativas hacia los conductores conflictivos. El permiso de conducir no es un bula de eterna duración sino un acto administrativo que demuestra que un día determinado una persona acreditó ante de un examinador disponer de las condiciones adecuadas para circular libremente por las vias publicas llevando un vehículo a motor. El Jefe provincial de tráfico de la DGT suscribe el documento del permiso de conducir en reconocimiento de la confianza depositada en el examinador.

Pero no hay duda de que si de una manera patente, grave o continuada, un conductor con su comportamiento refleja que ha perdido las condiciones que demostró el día del examen (accidentes, infracciones, comprobaciones, reconocimiento) el acto administrativo inicial debe dejar paso a otro acto en sentido contrario de no reconocimiento de la aptitud.

El sistema de permiso por puntos es una gran fórmula que puede permitir avanzar en este sentido y como sistema está dando sus frutos, pero los resultados de los cursos de sensibilización y reeducación dados por grandes profesionales están mostrando que prácticamente la mitad de los conductores que vienen a las sesiones acaban volviendo a ser infractores, resultado que refleja que hay conductores recalcitrantes sobre los que habría que probablemente rigorizar las medidas cautelares hasta tener la garantía de su total recuperación para la conducción segura.

Aparte de las retiradas judiciales que siguen su trámite, la Administración responsable de la seguridad vial tiene instrumentos para ordenar la Intervención del permiso de conducir cuando los datos objetivos disponibles son suficientes obligando de nuevo a hacer un examen de conducir como cualquier aspirante. Huelga decir que los reiterativos e imposibles de recuperar deberían de ver revocado su permiso para siempre. Una política que Europa podría de afianzar o reconducir hacia la viabilidad. Si no la “Visión cero” es una utopía.