La Junta de Extremadura, condenada a pagar 342.000 euros por un accidente con un fallecido y un herido

La Junta de Extremadura, condenada a pagar 342.000 euros por un accidente con un fallecido y un herido

El juzgado consideró responsablea la Administración regional porque la obra comenzó sin licencia ni plan de seguridad
3 Abril 2018

La Junta de Extremadura ha debido abonar 342.000 euros en concepto de indemnización por un accidente en una obra en Jerez de los Caballeros en el que un trabajador resultó fallecido y otro herido de gravedad.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz dictó el pasado mes de marzo sentencia por unos hechos que se remontan a noviembre del 2010. La Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta concertó con una empresa constructora la ejecución de la obra de desmontaje de la marquesina de la báscula de pesaje del antiguo silo de Jerez de los Caballeros. Tenía un importe de 14.175,86 euros y formaba parte de los trabajos de adecuación del edificio para convertirlo en espacio para la creación joven.

Según recoge el fallo, se declaró probado por conformidad de las partes que el constructor, que no tenía concertado seguro de responsabilidad civil, acudió con sus dos trabajadores a las instalaciones el 22 de noviembre de 2010 a pesar de que no había avisado a la autoridad laboral de la Junta, no haber establecido un procedimiento técnico preventivo y no contar con una evaluación de riesgos ni un plan de seguridad y salud.

El acusado ordenó y planificó la ejecución del trabajo sin contar con la maquinaria y los equipos adecuados, disponiendo la demolición de la marquesina desde la plataforma superior. Los trabajadores se colocaron encima y sus únicas protecciones eran unos arneses con una cuerda atada a los pilares del silo.

Cuando iniciaron la demolición de la marquesina la estructura se vino abajo y cayeron desde una altura de seis metros contra el suelo, ya que la cuerda que les unía con los pilares tenía una longitud superior. Sobre ellos cayeron los escombros. Uno de los obreros, Jordi Carvajal, que en el momento de los hechos tenía 23 años, sufrió traumatismo craneoencefálico y hemorragia intracraneal, lo que le causó la muerte. Vivía con sus padres y tenía un niño. Su compañero tuvo fracturas en la cara, una mano y un pie, así como traumatismo craneoencefálico. Tardó más de un año en curarse y tiene como secuelas trastornos físicos y psicológicos.

El juzgado también consideró probado que la Junta aceptó el presupuesto de la obra sin comunicar ningún otro requisito. Sólo indicó que cuando concluyera la actuación se remitiera la factura para su tramitación. Además, permitió el acceso al antiguo silo a la constructora para que realizara los trabajos, que se iniciaron sin licencia municipal, sin estudio básico de seguridad y salud, sin plan de seguridad y sin coordinador de seguridad.

Tras el accidente la Inspección de Trabajo requirió que se cumplieran estos trámites, a lo que accedió la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, que además redactó un nuevo protocolo a tener en cuenta en la ejecución de sus proyectos.

Responsabilidad de la Junta

Por estos hechos el juzgado condenó al constructor a un año y tres meses de prisión por un concurso de delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. Como indemnización debía abonar 206.443 euros al hijo del fallecido, 12.000 euros a cada uno de sus padres y 111.606 euros al trabajador herido. En total, 342.049 euros.

Pero el juez, a propuesta de la Fiscalía y las acusaciones particulares, también decretó la responsabilidad civil directa y solidaria de la Junta de Extremadura, ya que estimó que como entidad promotora debía contar con licencia y cumplir con las medidas de seguridad y salud. A su juicio, de haberse realizado un estudio básico y nombrado un coordinador de seguridad no se habría producido el accidente.

La sentencia no fue recurrida y el juzgado ordenó su ejecución en junio del pasado año. Pero el constructor fue declarado insolvente en octubre, lo que abrió la puerta a que se exigiera el pago de la indemnización a la Junta. Para ello fue necesario aprobar una modificación presupuestaria, lo que tuvo lugar en noviembre. Las cuantías dictadas por la sentencia han sido abonadas este mes de febrero.

Fuente: Hoy

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