Los boomers dicen adiós

Los boomers dicen adiós

Aunque sometida a un proceso de estabilización, la administración aún no contempla el escenario de jubilaciones masivas que asoman en el horizonte
3 July 2022

El 47% de los funcionarios gaditanos se despedirá de sus trabajos en una décadaEs una convocatoria monstruosa: entre 27.000 y 28.000 plazaspara cubrir puestos en la Administración General del Estado (AGE): casi 14.000 plazas de acceso libre; más de 9.000 de promoción interna; y en torno a 4.000 adicionales de estabilización, sin contar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La última oferta de empleo público de la AGE se ha vendido como muestra de músculo y compromiso hacia la cosa pública pero, tanto desde UGT como desde el CSIF, la convocatoria se muestra “insuficiente” para recuperar, mínimamente, “los efectivos perdidos en los últimos años así como para paliar la gran pérdida de recursos humanos que la administración sufrirá por las jubilaciones que tendrán lugar”.

Según datos de la OCDE, el 47% de los funcionarios del Estado tienen 55 años o más y se jubilarán dentro de 10 años (suponiendo que no hagan uso de la jubilación anticipada). El porcentaje sólo es superado por Italia y está muy por encima de la media de los países de la OCDE (un 26%).

“Esta media nacional es extrapolable a la situación en la provincia de Cádiz”, estima Enrique Estévez, el presidente de CSIF Cádiz, sindicato mayoritario en las administraciones públicas del país.

La megaconvocatoria estatal no es en sí una apuesta de futuro, sino que trata de paliar el hueco que han dejado diez años vacíos de convocatorias: un vacío, se calcula de 54.000 empleos desde que se comenzaron a sufrir las consecuencias de la anterior crisis financiera. Además, la AGE está totalmente envejecida, y el propio Gobierno admite que ya se está produciendo un proceso de jubilación “masivo”. Tanto que, hasta 2031 cerca de 100.000 funcionarios y trabajadores públicos dejarán sus puestos: “La AGE está bajo mínimos, en una situación precaria. Esta oferta supone la creación sólo de 4.000 empleos netos y tardará en hacerse efectiva entre dos y tres años», subrayan fuentes del CSIF.

Para colmo, está el asunto de la temporalidad en la administración, una problemática que intentó solucionar el Proyecto de Ley aprobado a finales del año pasado: el texto obligaba a todas las administraciones públicas a ofertar, con el pasado 1 de junio como tope, las plazas de trabajadores temporales que estaban actualmente ocupadas. Los procesos selectivos deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. Una medida que obedece a un farolillo rojo de Europa, señalando la alta temporalidad de la administración pública española –ya saben, esos técnicos de corporación que llevan lustros entrando y saliendo de su puesto–. “Te sorprende las miles de plazas que hay sólo en la provincia entre empresas públicas y administración local, quizá tengamos a unos 30.000 empleados de esa manera –indican desde UGT–. A partir de ahora, lo que sí es que hay que estar pendiente de que las plazas que se vayan jubilando se vayan cubriendo en procesos ordinarios de convocatoria”.

Porque nos vamos a jubilar como si, en efecto, no hubiera un mañana. En 30 años, tendremos el doble de población anciana que ahora. En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores de cinco años en todo el mundo. Ese mismo año, también por primera vez, España entró en crecimiento vegetativo, y ahí seguiremos, sin prisa, pero sin pausa.

Entre empresas y administración, calcula UGT, la provincia tiene que regularizar a unos 30.000 empleados públicos

La relación de apoyo potencial, que compara el número de personas en edad de trabajar con los mayores de 65 años, está disminuyendo en todo el mundo. Numerosos países de Europa y el Caribe, ya tienen relaciones de apoyo potencial inferiores a tres. Estos valores bajos señalan el impacto potencial del envejecimiento demográfico sobre el mercado laboral y el desempeño económico, así como las presiones fiscales que muchos países enfrentarán en las próximas décadas buscando desarrollar y mantener sistemas públicos de atención médica, de pensiones y protección social para las personas mayores.

Para colmo, la siguiente generación en la lista, los X (1965-1980), no están para cosas como doblar turnos, pues se trata un tramo vital que se plantea el retiro temprano o necesita algún tipo de conciliación. De hecho, a este tramo pertenece el grupo de edad más numeroso a 1 de enero de 2020 (1970-79), que lo seguirá siendo en 2050, cuando tengan entre 70 y 79 años.

El hecho de que no se repongan las jubilaciones será un problema en el futuro, “pero en la actualidad el envejecimiento de las plantillas ya se está notando en los servicios públicos –indica Estévez–. Ante el estrés y la sobrecarga de trabajo que sufren de por sí los empleados públicos por falta de personal estructural, se producen más bajas médicas entre la plantilla envejecida. De esta manera, el círculo vicioso de déficit de personal se agrava sin posible solución”.

El CSIF entiende que las distintas administraciones deben volcarse en aumentar las convocatorias de empleo público, crear más plazas, cubrir las jubilaciones sin escatimar, e incluso favorecer las jubilaciones anticipadas para quienes cumplan una serie de requisitos (como una vida laboral extensa), sobre todo, para quienes desempeñan tareas físicas como policías, sanitarios o bomberos.

¿Jubilarse y morir? Esperemos que no, aunque lo parece. A nivel demográfico, al menos, el tapón comienza a diluirse en torno a 2050. Pobres X. El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 19,6% del total de la población, alcanzaría un máximo del 31,4% en torno a esa fecha.

Para el sociólogo de la UPO Juan Manuel García, por mucho que asuste esa pirámide con forma trapezoidal, el lobo no viene. De apocalipsis, nada. “En muchas ocasiones, parece que vemos los problemas que trae el cambio demográfico y no las ventajas que tiene –señala–. Los datos son los que son: la fecundidad es superbaja, sí, y desde el año 95 hemos mantenido prácticamente las mismas cifras que ahora. También llevamos envejeciendo desde hace 40 años, y todavía no se ha quebrado el estado del bienestar. De hecho, todos los datos demográficos indican que estamos mejor que nunca”.

Enrique Estévez, CSIF: "el envejecimiento de las plantillas ya se está notando en los servicios públicos"

Respecto a la esperanza de vida, “que la gente viva más años con buena saludad no es ninguna tragedia”, añade, puntualizando que llegamos cada vez con más recursos a la vejez: “Tenemos a los 80 achaques que antes teníamos a los 65. Una mayor edad no supone ampliar el margen de años de cuidados, pero lo que no se puede negar es que va a haber más población envejecida”.

La oleada de jubilaciones de boomers, “evidentemente, va a suponer una tensión del sistema. Pero el problema no está en los boomers o en la mayor esperanza de vida, o en que haya menos niños, sino en cómo se financia el sistema público de pensiones en España, un país con una tasa de desempleo alta de manera secular, salarios ínfimos y sin incentivos sociales para tener niños”.

“El problema del sistema de pensiones –desarrolla– está siempre en quién no aporta, no en quién recibe. La cuestión de las pensiones es un dilema desde hace décadas, pero, al final, los desafíos a largo plazo son difíciles de atajar porque hay que preparar al conjunto del sistema. Olvidamos cosas como que antes te incorporabas al sistema laboral a los 23 años y ahora, con suerte, empiezas a los 33. Por otro lado, habría que revisar bien las características de cada generación y las condiciones en las que han vivido”.

“Hoy día, la gente llega a hacer oposiciones en la década de los treinta o de los cuarenta porque la época de formación es más larga, sí, pero también por otras deficiencias estructurales. En el sector privado, la precariedad es enorme”, añade.

 Los problemas que tenemos sobre la mesa los tenemos desde hace décadas –continúa–, y no se entiende que la población viviendo más años y con más nivel educativo, no se pueda financiar el sistema y nos sigan comiendo el desempleo y los salarios bajos”.

No se muestra optimista respecto a opciones como los sistemas mixtos de pensiones, “probablemente, gestionados por las mismas empresas que contribuyen a que haya una enorme precariedad laboral”. Las propuestas que puedan desarrollarse en otros países, en su opinión, no podrían trasladarse a España: “En los países nórdicos han desarrollado un modelo que lleva implantado desde hace muchas décadas, cambiar ahora el sistema es inasumible –explica–. Establecer un sistema mixto también es imposible: si la gente apenas puede pagarse las casas, ¿cómo los vas a estrangular aún más? Además, un sistema de ahorros privado es una de las cosas que más rápido se desvaloriza con el tiempo”.

Para el especialista, habría que ver qué debilidades tiene “nuestro sistema y adaptarlas a la realidad. El intervencionismo estatal en estas cuestiones es importante”, indica, mencionando actuaciones como la subida del SMI de 700 a 1000 euros; o el ingreso mínimo vital, que lima un poco las desigualdades más agudas. “Todo eso –añade– puede contribuir al mejor reparto intergeneracional".

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