El alcalde de Castuera, Badajoz, condenado a 3 años de prisión por “mobbing” al arquitecto municipal

Francisco Martos Ortiz, alcalde de Castuera, un pueblo de poco más de 5.000 habitantes de la provincia de Badajoz, ha sido condenado a 3 años de prisión por un delito de acoso laboral o “mobbing” y otro de lesiones en la persona del arquitecto municipal, T.B.R. Dos años de cárcel por un “delito contra la integridad moral de acoso en el ámbito laboral”, contemplado en el artículo 173.1 del Código Penal, y un año de prisión por un delito de atentado a la integridad moral, del artículo 177 del mismo Código, según la sentencia 185/2020 de 4 de noviembre, a la que ha tenido acceso Confilegal.

La condena, que no es firme y puede ser recurrida en apelación, lleva aparejada la inhabilitación especial para el cargo de alcalde durante el tiempo que dure. La magistrada titular del Juzgado de lo Penal de Don Benito, Beatriz Miranda Verdú, además, ha condenado a Martos Ortiz a que indemnice a T.B.R. con 33.100 euros por la “lesión en la salud psíquica causada”, más los intereses que se produzcan desde el día en que se ha dictado esa sentencia.

La sentencia, de 59 folios, relata con todo lujo de detalles, de fechas y de grabaciones, aportadas por el arquitecto, las circunstancias que han concluido en un fallo que deja en muy mala luz como persona al edil castuerano. 

El arquitecto se negó a hacer informes positivos para los amigos del alcalde

En la querella que T.B.R. interpuso contra el alcalde de Castuera denunció que el acoso contra su persona se produjo por “los informes negativos o desfavorables que emitía el arquitecto acerca de las solicitudes de construcción de los vecinos a los que el alcalde tenía intención de favorecer”.  

Un hecho que la magistrada ha declarado probado por la documentación aportada por la representación legal del propio alcalde: “El hecho de que los informes desfavorables o pidiendo ‘documentación se convirtiera en un problema para el ‘alcalde ha quedado acreditado, en primer lugar, mediante la aportación de algunos de esos informes por la propia defensa. Así, a titulo de ejemplo, informe urbanístico de fecha 10/5/2016 sobre inmueble local de garaje con anexo a taller sin proyecto técnico; informe con fecha de entrada general de 27/5/2016 en el que el arquitecto municipal [T.B.R.] manifiesta no puede emitir acta de comprobación favorable al no cumplirse todos los requisitos especificados en el proyecto”.

Según relató el arquitecto municipal, los problemas comenzaron en 2009.

Fue durante una reunión con el alcalde en su despacho. El 6 de febrero de ese año, a las 12.30 de la mañana, Martos Ortiz llamó al arquitecto a su despacho y allí le dijo que deseaba que se fuera del Ayuntamiento de Castuera, que renunciara a su plaza.

El alcalde sabía que no podía despedirlo porque T.B.R. había accedido por oposición el 15 de abril de 2007. “Usted no es el arquitecto para mi Ayuntamiento”, le dijo. Aquello fue el comienzo de lo que vino después. 

Trato degradante

El alcalde trataba a gritos al arquitecto municipal. Le pedía los trabajos verbalmente a voces en su despacho, por lo que el arquitecto terminó solicitando que lo que tuviera que decirle se lo comunicara por escrito.

“Durante su declaración en el juicio”, refiere la magistrada, en el que se aportaron grabaciones de esos encuentros, “el querellante expuso que ha recibido por el acusado un trato degradante por cuanto en continuas ocasiones le ha dicho: ‘tú no vales para esto, tú no vales, no te queremos en este Ayuntamiento, que esto ha sucedido durante muchos años'”.

El 15 de junio de 2015, después de que Martos Ortiz recuperara la alcaldía, tras las elecciones municipales celebradas el 24 de mayo de ese año –y cuatro años en la oposición–, éste volvió a hablar con el arquitecto. Le dijo que “no le veía como el arquitecto municipal que tiene que tener el Ayuntamiento. Que por ser claro y honesto no le quiere ahí”.

La magistrada recoge, en su sentencia, las intenciones de Martos Ortiz, una vez que recuperara la alcaldía; y no eran otras que vaciar de funciones al arquitecto municipal.

Fue durante uno de los últimos mítines de la campaña electoral, cinco días antes de las elecciones. 

“El día 19/5/2015 en el transcurso del mitin del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), durante la campaña electoral de 2015, el acusado, Francisco Martos Ortiz profirió las siguientes expresiones: ‘…pero hay otro problema que yo quiero hablar con rapidez, un problema que vamos a resolver en los primeros diez días de gobierno socialista en este ayuntamiento, el problema del servicio urbanístico de Castuera (…) vamos a quitarle todas, absolutamente todas las funciones a la oficina urbanística relacionada con las licencias, relacionadas con los permisos. Se quedará el señor arquitecto para hacer los proyectos que este pueblo tenga que hacer, lo que es el trato con los ciudadanos, lo que son las licencias acabaremos contratándolas y haciéndolas con los servicios urbanísticos de la mancomunidad'”, relata en la sentencia.

Y es lo que hizo.

El alcalde contrató a otros arquitectos.

Fue cambiado de despacho: primero junto al archivo, después en un puesto de auxiliar administrativo. El acoso laboral, además, se ha materializado en los despachos que ha ocupado el arquitecto municipal en el Ayuntamiento. En 2011 lo tenía en la planta baja del Ayuntamiento, junto a Asistencia Social y Recaudación y Tesorería. La oficina del alcalde estaba en la primera planta. Entre 2013 y 2019 lo enviaron a la primera planta, junto al archivo, aislado del resto de sus compañeros.

Actualmente lo han ubicado en la planta alta del Ayuntamiento, detrás del mostrador, frente a la fotocopiadora, donde antes se ubicaba el auxiliar administrativo. Por decreto del alcalde de fecha 29 de julio de 2019.

El “mobbing” del alcalde le provocó una lesión psíquica consistente en un síndrome ansioso depresivo y trastorno depresivo mayor que le llevaron a pedir la baja desde el 2 de noviembre de 2017 y el 30 de julio de 2019.

T.B.R. necesitó tratamiento psicológico y psiquiátrico, que todavía se mantiene.

La sentencia dice, además, que no consta acreditado que T.B.R. tuviera ningún problema con el alcalde del PP, Manuel Paolo Benigno de Atalaya de Tena y Guillén, durante su mandato, entre el 11 de junio de 2011 y el 13 de junio de 2015.

Sólo con Martos Ortiz, en los tres mandatos, desde el 16 de junio de 2007 al 11 de junio de 2011, desde el 13 de junio de 2015 a 15 de junio de 2019, y desde entonces hasta ahora.

Fuente: Confilegal