Chile goza de buenos indicadores de seguridad laboral

El año 2015 registró uno de los menores niveles de accidentabilidad desde la creación de los seguros de trabajo y el sistema formal de medición que rige desde la década de los años setenta. De acuerdo al Informe Anual de la Superintendencia de Seguridad Social, el año pasado ocurrieron 180.036 accidentes del trabajo en las mutualidades, lo que significa que hubo 3,7 accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores protegidos. "En la década de los setenta teníamos una accidentabilidad del orden de un 20,25%, lo que en 2010 se redujo al 5%, y hoy estamos incluso mejor", dice Arturo Cares, gerente de Prevención de la ACHS.

De acuerdo a Cares, estos son muy buenos indicadores comparados con el resto de Latinoamérica; y si bien estamos por arriba de los niveles de Europa y Estados Unidos, el país va por buen camino.

Estos bajos resultados pueden ser explicados por factores claves, coinciden los expertos. En primer lugar, dice Jaccob Sandoval Hauyón, director nacional del Instituto de Seguridad Laboral, Chile tiene un sistema de registro y de formalización del trabajo que permite contar con datos más fidedignos con respecto a los niveles de accidentabilidad. "Tenemos del orden del 70% de formalización de trabajo que es bastante alto en comparación con la región", dice Sandoval. Esta formalización también conlleva que el país tenga que adscribirse a normativas vinculadas a temas de prevención y seguridad laboral, agrega el director nacional.

Los cambios actuales que han surgido para regular la seguridad laboral en Chile se han producido desafortunadamente después de hechos catastróficos, coinciden ambos especialistas. Por ejemplo, la ley 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación surge después de un accidente producido el año 2004 en el que fallecieron seis trabajadores en una constructora de Las Condes, cuenta Cares. "Previamente, las herramientas que teníamos en seguridad laboral no se podían aplicar. Desde el accidente se generaron cambios en la ley de subcontratación, específicamente en el decreto 67 que establece que las empresas principales son responsables de la seguridad de los contratistas", dice el gerente de Prevención de la ACHS. Desde este momento, se generaron una serie de instrumentos que las empresas tenían que aplicar para hacer gestión en seguridad.

Otro hito que generó un nuevo impulso en materia de seguridad fue el accidente de la mina San José el año 2010, explican ambos. "Se produjo una dinámica que significó poner el tema en el tapete de la discusión pública. Junto con ello se produjeron una serie de iniciativas generadas por parte del Estado que derivaron en indicaciones para la ley 16.744, la ley de seguro contra accidentes del trabajo, y para la ley de mutualidades", dice Sandoval.

El accidente de la mina de San José no solo produjo cambios en las normativas, sino que también instaló una conciencia entre el empresariado y las mutuales. "El cuestionamiento fue amplio. Nuevamente se pone en tela de juicio la efectividad real de lo que estábamos haciendo en materia de seguridad. Muchas de las cosas que hoy estamos haciendo en la ACHS nacen de un análisis bien profundo que tuvimos que hacer al interior de la organización y repensar cuál era el rol que estábamos cumpliendo", dice Cares.

De acuerdo al especialista de la ACHS, el mayor desafío para Chile en materia de seguridad laboral es disminuir los niveles de mortalidad laboral. Según la Superintendencia de Seguridad Social, hoy fallecen en el país 251 trabajadores al año por actividad laboral. "No puede ser que en Chile tengamos ese numero de accidentes con resultado de muerte teniendo tan buenos resultados de accidentabilidad", dice Cares. Otro de los grandes desafíos es integrar los distintos organismos públicos asociados a la seguridad, opina Sandoval. "El tema de la seguridad laboral sigue siendo algo atomizado. En el área del Ministerio del Trabajo, tenemos el ISL, organismo administrador, la Superintendecia de Seguridad Social, que es el órgano regulador y tenemos instancias que son fiscalizadoras como la Dirección del Trabajo y el ISL".

Fuente: Economía y negocios