Los secretos oficiales y la seguridad vial

Las nuevas tecnologías, el cambio climático, las plataformas vía satélite, los grandes ordenadores y la distribución inteligente de sensores podrían acercarnos al objetivo europeo de la "Visión Cero" muertos mucho antes del 2050, si el sistema de la denuncia individual del infractor por los agentes policiales, siempre limitada,  se reforzara o incluso se sustituyera por el control permanente de vehículos y conductores en un Ministerio técnico capaz de captar y registrar todas las maniobras más peligrosas, empezando por los excesos de velocidad,  para poder disponer de un modelo de gestión actualizado concordante con las prestaciones que pueden permitir los nuevos sistemas de control.  
 
Fue una gran noticia que la Administración Pública española se esté organizando para asumir los grandes retos que se le vienen encima en materia de tráfico y seguridad vial. En la reorganización ministerial del año 2019 pareció llegar el momento de la gran posibilidad de cambio con la creación del nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que vino a dar continuidad político-administrativa al anterior Ministerio de Fomento, lo cual sucedió cuando la eclosión de la sostenibilidad empezó a priorizarse en todos los foros internacionales y en el que se han iniciado acciones para combatir (si no eliminar) la contaminación propiciada por los vehículos de combustible con derivados del petróleo en un replanteo generalizado de las fuentes de energía que requiere la movilidad, con distintas iniciativas para el tráfico urbano e interurbano. Y ello ocurre también cuando se están planteando apoyos europeo, español, catalán y barcelonés para la consolidación de la gran computadora Mare Nostrum ya existente en la Universidad Politécnica de Cataluña con capacidad de trabajar al instante en movilidad y medioambiente, y con un ambicioso proyecto de transformar tal macro=ordenador en el más potente de Europa.

El nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana proviene del anterior Ministerio de Fomento que daba continuidad a los históricos Ministerios de Obras Públicas que durante décadas han sido los responsables de la seguridad vial infraestructural en la red vial del país, siendo un referente constante de las Instrucciones Técnicas constructivas, de proyecto y señalización de las vías públicas para el tráfico de vehículos a motor. Esta nueva reestructuración administrativa no es improvisada sino como en el caso de la Movilidad, perfectamente meditada y racionalmente concebida. Pero ¿va a ser un cambio profundo en materia de tráfico y seguridad vial en la línea marcada por Europa o va a chocar con los secretos oficiales de los poderes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa?.
 
La información vía satélite sobre la posición y la velocidad de vehículos y conductores puede interpretarse que entra en las competencias del INTA que es el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales del Ministerio de Defensa, cuyo CNI Centro Nacional de Inteligencia antiguo CESID Centro Superior de Inteligencia de la Defensa, monopoliza las decisiones sobre el uso de los satélites. En la misma línea, el CGI como Centro General de Información de la Policía Nacional y el SIGC como Jefatura de Información de la Guardia Civil deben de tener su sistema operativo de actuaciones en el marco del Ministerio del Interior en la medida en que la movilidad y el tráfico son un elemento importante relacionado con el orden público y de ahí, entendemos que se debe que la DGT que nació en 1959 dependiendo del antiguo Ministerio de Gobernación siga dependiendo de Interior y no del nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Un círculo vicioso que no favorece a la implantación de las tecnologías mas disruptivas ante la gran oportunidad para el cambio en la gestión del tráfico.
Seria del todo coherente sino necesario que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana incorporara a la DGT (Dirección General de Tráfico) en su organización aunque sea manteniendo su personalidad de Organismo Autónomo de carácter administrativo con presupuesto propio, pero dejando a un lado su sello policial o de orden público de Interior para pasar a dirigir y controlar la circulación con los medios técnicos adecuados, en conexión, eso sí, con las Policías de tráfico en Interior sobre los antecedentes de los conductores peligrosos para su seguimiento y para las intervenciones que requieran presencia física policial en la red vial en casos de congestión de la circulacion, accidentes o controles planificados.

Es ahora un buen momento porque en la DGT hay técnicos superiores de alto nivel de conocimientos sobre las nuevas tecnologías y que entenderán perfectamente las posibilidades de operatividad del control total del tráfico para acercarse a la “Visión Cero” europea aprovechando el Proyecto Galileo de seguimiento de vehículos y personas vía satélite, justo en el momento en que los vehículos europeos de transporte incorporan el tacógrafo de última generación a los de nueva matriculación, lo cual requiere de un centro administrativo de registro y seguimiento de los datos sobre cargas, conductores, horas de conducción y velocidades. Sin embargo, de nuevo surge la gran duda sobre el uso de una información captada via satélite sobre la que hay organismos del Ministerio de Defensa competentes en exclusiva sobre tales informaciones que pueden entrar en la consideración de información secreta, en la que se manejan conceptos como los Servicios de Inteligencia, Materias y Fondos reservados y Expedientes clasificados, cuya publicación impone largos periodos de tiempo en archivos no accesibles sin autorización expresa. Un Real Decreto 1708 de 18 de Noviembre de 2011 estableció el Sistema español de archivos de la Administración General del Estado y sus Órganos Públicos asi como su régimen de acceso, fijando largos periodos para la desclasificación de documentos históricos o más actuales.

Todo lo anterior finalmente ha derivado en un Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que se halla actualmente en trámite en las Cortes para su estudio y que prevé 4 categorías de clasificación: De Alto Secreto con desclasificación a los 50 años prorrogables otros 15, Secretos desclasificables a los 40 años, Confidenciales desclasificables entre los 7 y los 10 años y Reservados desclasificables entre 4 y 6 años. La clasificación de los Secretos lo establece en Consejo de Ministros y la de los Confidenciales y Reservados pueden hacerlo los Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores de servicios secretos, Policía Nacional, Guardia Civil y Delegados del Gobierno. Los Diputados del Congreso pueden tener acceso a algunas informaciones mediante Comisiones como la de Fondos Reservados. Los ciudadanos pueden pedir la desclasificación de un documento para que en última instancia resuelva la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Analizando la coyuntura actual, parece evidente que quienes con nuevas tecnologias en Ministerios, CCAAs, Diputaciones o Ayuntamientos, pueden disponer de fórmulas o sistemas de control de la movilidad de vehículos y conductores con capacidad para obtener información vía satélite o con sensores localizados en puntos, vias o áreas de mayor riesgo en beneficio de una mejora de la seguridad vial, no lo van a tener fácil en tanto en cuanto los órganos competentes de Defensa, Interior o Justicia sean los que deben validar o desclasificar tal función.