Muerte silenciosa en el campo español

Muerte silenciosa en el campo español

Dos agricultores fallecen cada semana al volcar su tractor, a menudo viejo y sin sistemas de seguridad
27 Febrero 2021

El campo vive momentos trágicos y no precisamente a cuenta de la ya larga pandemia. El pasado 20 de octubre un ganadero asturiano de 50 años moría al quedar atrapado bajo un tractor en una carretera local de Langreo. La semana anterior, tres agricultores perdían la vida en accidentes parecidos. Un hombre de 38 años se despeñaba por un barranco en la localidad granadina de Alamedilla a bordo de un vehículo similar, otro, de 72 años, quedaba fatalmente atrapado bajo su tractor en el municipio de La Laguna, en Tenerife, y el tercero, de la misma edad, colisionaba contra una pared en la localidad conquense de Vellisca. Todo en apenas siete dramáticos días.

Antes de que arrancara ese fatídico mes, Agroinformación, el portal del sector más veterano y leído, sentenciaba en un titular: 'A los mayores del campo no les mata el coronavirus sino el tractor: cuarto octogenario muerto en accidente en un mes'. El mundo rural dista mucho de ser ese lugar bucólico y apacible que suponemos los urbanitas.

El número de profesionales del sector que fallece en este tipo de siniestros es una lacra silenciosa sumida en una nebulosa dentro de las estadísticas. Las cifras oficiales hablan de una media de entre 80 y 100 víctimas cada año, lo que supone una media de dos cada semana, pero las organizaciones agrarias aseguran que la realidad «duplica» los registros institucionales.

Ese desfase atiende a que, a menudo, estos accidentes no se consideran laborales. Según el director de Agroinformación, Manuel Garro, empeñado en recoger todos estos decesos de la prensa local y difundirlos en su web «para que no pasen desapercibidos», únicamente el 6% los siniestros mortales que suceden en el campo se identifican como laborales. El resto pasa a engrosar el epígrafe de accidentes de tráfico. «Si a un labrador le atropellan en una explotación, lo es. Si tiene un percance por el camino, no. Es un asunto controvertido», señala.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) lo suscribe. «Muchos casos quedan excluidos como accidente laboral. Por ejemplo, cuando los percances con maquinaria le ocurren a un jubilado o a un mayor de 65 años, o a un agricultor cuya actividad económica principal no es el campo. En nuestro sector no está definido qué es un accidente laboral. Ni siquiera hay un criterio unificado entre las comunidades autónomas. Muchas veces depende de la sensibilidad del funcionario de turno que se catalogue o no como tal. Eso nos impide conocer la verdadera magnitud del problema. Lo que sí sabemos es que hay días en que mueren tres y hasta cuatro profesionales», enfatiza David Erice, responsable de Asuntos Laborales de la organización.

Uno de los análisis más concienzudos y recientes efectuados acerca de este asunto, realizado por la Fundación Mapfre en colaboración con la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Universidad de Zaragoza (UZ), fija en 1.172 las personas que han perdido en la vida en accidentes en el campo entre 2009 y 2019 (el Ministerio de Trabajo reconoce 75 entre enero y septiembre de este año, con lo que sumarían 1.247). A la luz de ese estudio, en la mayoría de los casos los tractores involucrados carecían de protección antivuelco y eran manejados por agricultores que sobrepasan los 60 años y que realizaban trabajos en solitario, en parcelas alejadas de los núcleos de población.

Amplia casuística

Erice explica esta elevada siniestralidad desgranando un cóctel de factores. «En el campo, el ámbito de actuaciones es enorme. Se llevan a cabo muchas actividades diferentes, trabajos en altura, con materiales pesados, uso de maquinaria con engranaje, manejo de animales... Hay mucha casuística de riesgos y precisamente esa diversidad hace que se diluyan. A eso hay que añadir -advierte- el envejecimiento de un sector con una edad media de 62 años y su escaso relevo, y la baja rentabilidad de muchas producciones, lo que dificulta la inversión en maquinaria nueva».

En la última década, el Gobierno ha implementado al menos media docena de convocatorias del Plan Renove para ayudar al sector a reemplazar sus vehículos por otros nuevos y más seguros. Pero las dotaciones se quedan claramente escasas para renovar el parque móvil, coinciden en señalar desde UPA y también desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). «Las subvenciones estatales suponen entre 5.000 y 6.000 euros para adquirir tractores cuyo precio alcanza fácilmente los 60.000. Supone una hipoteca muy grande para las explotaciones familiares. Por eso, los vehículos pasan de generación en generación», afirma Mari Paz Martín, responsable técnica de Relaciones Labores de la organización.

De ahí que el mercado de segunda mano de maquinaria agrícola esté que arde. «En 2019 se adquirieron 11.000 vehículos nuevos al tiempo que en la compraventa de usados se movilizaban 33.000. El dato más alarmante es que 7.000 de ellos eran tractores con más de cuarenta años de antigüedad, con los que casi con toda probabilidad carecen de sistema de antivuelco. Esto es algo extremadamente grave porque constituyen el 23% de todos los que operan en el campo español», expone Ignacio Ruiz, secretario general de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat). 25,6 años es la edad media de los tractores que manejan todos esos agricultores. El parque, según los últimos datos actualizados, es cercano al millón, concretamente 974.317. El de cosechadores de cereales, de 27.413.

Conscientes del elevado número de accidentes que ocasionan estas pesadas antiguallas, y ante la presión de las organizaciones agrarias, el Ministerio de Agricultura ha tratado de ponerles coto. Así, a finales del pasado abril, el Ministerio de Agricultura prohibió por decreto el cambio de titularidad de estas máquinas de más de cuatro décadas. Ya no se pueden vender, pero sí heredarlas y seguir utilizándolas. «Aún no se ha visto su efecto. La pandemia se ha encargado de retrasar su entrada en vigor efectiva hasta hace apenas un mes, a causa del cierre de las oficinas de registro», apostilla Ruiz.

Fuente: Eldiariomontañes

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