La Inspección de Trabajo denuncia al Gobierno ante la Comisión Europea y exige negociación directa para evitar la huelga

La falta de diálogo, el incumplimiento de los compromisos firmados con la plantilla, la instrumentalización que está realizando Yolanda Díaz en beneficio político propio y el desentendimiento en las negociaciones de María Jesús Montero ha provocado el hartazgo de los inspectores de trabajo.

Ante esta situación, la plataforma sindical creada para gestionar este conflicto ha presentado este miércoles una denuncia en las instituciones europeas y ya estudian dar el siguiente paso, una huelga indefinida “ante la vulneración de derechos que sufrimos” y a “la falta de compromiso con los acuerdos firmados y aprobados en Consejo de Ministros”.

De esta forma, todos los sindicatos de la Inspección de Trabajo –CCOO, CIG, CSIF, SITSS y SISLASS– menos UGT que al final se ha desmarcado de esta iniciativa, han dado un paso más en la radicalización del conflicto con esa denuncia al Gobierno ante las autoridades europeas.

En dicha denuncia, entregada y firmada en la sede de la Unión Europea en Madrid, se indica que el Gobierno español incumple los acuerdos alcanzados en julio del 2021 y vulnera la Carta de Derechos Fundamentales en materia de negociación colectiva. El siguiente paso podría ser una escalada del conflicto laboral hacia una huelga indefinida el próximo mes de junio.

En concreto, la denuncia va dirigida contra los ministerios de Trabajo y Hacienda y Función Pública dado que aún no se ha implementado la nueva relación de puestos de trabajo en la Inspección con el refuerzo de plantillas.

Con la presentación de esta denuncia, los sindicatos dan por iniciada una segunda fase de movilizaciones. Desde hace meses vienen denunciando falta de medios para supervisar de manera adecuada la nueva normativa en el ámbito laboral. No se descartan otras denuncias ante la OIT y también se va a estudiar acudir a Lidia Sánchez, secretaria de Estado de Función Pública, que acaba de resolver la huelga de los LAJs.

Como ha venido explicando Economist & Jurist en estos últimos meses, el Ejecutivo se comprometió hace dos años a solucionar las graves carencias de personal, la falta de carrera profesional y de horizonte temporal que contribuye a que muchos inspectores de trabajo abandonen el organismo y a dotar a la Inspección de los instrumentos propios para responder a la complejidad del mundo laboral.

Casi dos años después de la firma del acuerdo, las carencias de personal y de medios continúan y se traducen en el aumento de la carga de trabajo para la Inspección, la falta de desarrollo de la carrera profesional, en la ausencia de reconocimiento de las funciones desarrolladas y una relación de puestos de trabajo obsoleta e injusta. En la actualidad, hay unos 2.200 trabajadores de Inspección activa y otros 800 de personal de apoyo, es decir, la Inspección de Trabajo recae sobre una plantilla de 3.000 personas mientras que hay 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.

El refuerzo de personal que anuncia el Gobierno no llega

El Gobierno prevé que el número de Inspectores y Subinspectores de Trabajo se eleve a un total de 2.332 este mismo año, una vez que se incorporen unos 133 funcionarios que ahora mismo están finalizando los procesos de selección y formación correspondientes.

Pese a suponer una cifra récord en España, según apunta el Gobierno en una respuesta escrita en el Congreso a una pregunta de Ciudadanos, todavía se queda a 2.168 funcionarios del mínimo exigido desde el cuerpo de trabajadores de Trabajo.

En otra respuesta registrada en el Congreso, esta vez por una pregunta de Vox, el Gobierno recuerda que en el año 2022 se aprobó una oferta de empleo público con 181 plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (146 de acceso libre; 36 de promoción interna); otras 146 plazas para el Cuerpo de Subinspectores (126 de acceso libre; 20 de promoción interna); y 128 plazas para el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral.

Además, el Ejecutivo destaca las partidas presupuestarias designadas al organismo, que en los últimos tres años han crecido un 41,5 %, pasando de 145,8 a 206,3 millones de euros.

Sin embargo, el responsable de Acción Sindical en la Administración General del Estado en CCOO y también inspector de trabajo, Josetxo Gándara, explica a Economist & Jurist que estas cifras se enmarcan en los acuerdos comprometidos por el Gobierno y no obedecen a un plan de choque «extraordinario».

“No hay absolutamente nada nuevo”, indica Gándara, quien subraya que la actual plantilla de Inspección de Trabajo es propia de un país en vías de desarrollo, si se atienden a las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo.

La tecnología no funciona

En sus respuestas parlamentarias, el Gobierno dijo también que invertirá 10 millones de euros en la modernización tecnológica del organismo, con el objetivo de aumentar la eficacia de la actividad inspectora y reforzar la herramienta de lucha contra el fraude.

Además, en su respuesta parlamentaria, el Gobierno también destaca la creación de una Unidad de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Apoyo a la Planificación, responsable de liderar este proceso de modernización.

Si bien Gándara saluda esta inversión, también matiza que viene a reponer la primera capa del sistema, principalmente para aprovisionar al organismo de nuevos terminales u ordenadores portátiles.

Así, denuncia que la partida del Gobierno no ataja el principal problema de los medios tecnológicos, que tienen que ver con los servidores y también con la aplicación informática Integra, que componen la columna vertebral informática del organismo.

El responsable sindical explica que el programa “Integra” es una de las principales herramientas de los inspectores, ya que a través de esta acceden a toda la información necesaria sobre una empresa concreta, como puede ser el número de trabajadores u otra documentación relativa a información fiscal.

«La mitad del tiempo no funciona«, denuncia Gándara al hilo de esta herramienta, que ya ha sido motivo de quejas por parte de los trabajadores por sobrecargas y mal funcionamiento.

La Inspección, sobresaturada de trabajo

Según recuerda, la Inspección de Trabajo dependía del Ministerio de Trabajo hasta 2018, cuando pasó a ser un órgano autónomo. Con este cambio, según Gándara, la Inspección de Trabajo dejó de recibir algunos servicios transversales, sobre todo informáticos, que antes proveía el ministerio y todavía no se han recuperado.

Por su parte Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social indica que, en el último año “se han aprobado muchas leyes”, como la reforma laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, un plan de choque contra los accidentes de trabajo y el plan estratégico de la Inspección. “Pero estos planes y leyes, si no se refuerza la Inspección, de poco servirán”, advirte Ercoreca.

Desde esta plataforma se ha vuelto a hacer una petición formal de reunión con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, después de las tres huelgas realizadas en los últimos meses sin que el ministerio se haya reunido para negociar.

“Le hemos pedido que se siente, que negocie y que dialogue, que el diálogo social vuelva dentro del Ministerio de Trabajo”, defiende Ercoreca. Por el momento, no se conoce la respuesta de la vicepresidenta a tal petición, aunque no ha accedido a reuniones pedidas anteriormente por los trabajadores de la Inspección.

Asimismo, indicó que se necesita que Hacienda “se involucre y se comprometa con ese refuerzo de la Inspección”, ya que es “un órgano transversal” que “afecta a todos los Ministerios, no solo al de Trabajo”. Y es que, si los acuerdos no los respalda Hacienda, esos pactos no se ponen en marcha.

Por otra parte, resaltó que la OIT ha señalado que es “urgente” reforzar la Inspección. “En la Unión Europea hay un inspector o un subinspector por cada 7.500 o 5.000 trabajadores. La OIT recomienda 10.000”, explicó Ercoreca, quien avisó que, “en España, tocamos a un funcionario por cada 1.500 centros de trabajo”.

Fuente: Economistjurist