Granado apuntala su legado y extrema el control público del gasto de las mutuas

Granado apuntala su legado y extrema el control público del gasto de las mutuas

Impulsa 'in extremis' un pack normativo para regular su acción asistencial y hacer que sufraguen una mayor parte de las prestaciones por incapacidad
4 December 2019

Embarcado desde junio de 2018 en una cruzada por detectar y corregir cualquier pequeña ineficiencia del sistema de Seguridad Social para exprimir al máximo los recursos disponibles con el fin de sufragar el gasto asociado el sistema público de pensiones, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha puesto especial interés en todo este tiempo -como ya lo hiciera en su anterior mandato- en ordenar la gestión de la mutuas de accidentes de trabajo, asegurar que destinan los recursos que reciben al mandato que tienen como entidades colaboradoras de la Seguridad Social y evitar los dispendios y gastos arbitrarios que caracterizaron a una parte del sector en el pasado, y que Granado ha denunciado desde el Gobierno y desde fuera.

A un mes escaso de las elecciones generales del próximo 10-N y enfilando supuestamente sus últimos días en la Secretaría de Estado de Seguridad Social -siempre ha sostenido que su compromiso con el Gobierno no se prolongaría más allá de la legislatura de la moción de censura-, Octavio Granado ha querido impulsar un último paquete normativo para extremar el control que la regulación y la propia Seguridad Social ejercen sobre las mutuas -que tienen gestores empresariales- y asegurar que asumen los gastos a los que deben hacer frente por su condición de entidades colaboradoras y su función pública en la cobertura de las situaciones de incapacidad de los trabajadores.

En concreto, el último movimiento de Granado se concretará en dos resoluciones internas cuyo contenido ya se ha comunicado a las mutuas y se enfocará en dos frentes, según ha podido conocer La Información de fuentes del sector. La primera de las resoluciones tiene como objetivo regular de forma más estricta las llamadas prestaciones especiales que prestan las mutuas a sus trabajadores protegidos, en cuya gestión Trabajo había detectado una cierta arbitrariedad; la segunda elevará los pagos que sufragan las mutuas por las prestaciones de incapacidad, muerte y supervivencia que abonan a sus sujetos protegidos, como consecuencia de la actualización de las tablas de esperanza de vida que está realizando en los últimos meses tanto el Ministerio de Economía como el de Trabajo. Resumen: más gasto y más controles para las mutuas

Más control sobre las ayudas asistenciales de las mutuas

Las prestaciones especiales de las mutuas son un conjunto de ayudas asistenciales que las entidades pueden ofrecer a los trabajadores bajo su cobertura fuera, o como complemento, de la acción protectora de la Seguridad Social, siempre que los beneficiarios estén en una situación de especial necesidad. El catálogo de estas prestaciones es amplísimo y contempla desde ayudas para la adquisición de una vivienda o un vehículo, hasta apoyo financiero para costear planes de rehabilitación, cursos formativos orientados al reciclaje profesional o ayudas para asistencia domiciliaria. En el año 2018, las mutuas destinaron 45,95 millones de euros a este programa de prestaciones especiales, según los datos proporcionados por el sector.

El asunto es que, según fuentes conocedoras de estas actuaciones, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social abrió una investigación sobre la gestión que las mutuas hacían de estas ayudas y se encontró con que éstas se concedían con un grado de arbitrariedad bastante elevado, que no se limitaban a los trabajadores en situación de especial necesidad sino que se concedían sin atender a ningún criterio de renta o grado de afectación y que, por si fuera poco, eran utilizadas en algunos casos como reclamo comercial por parte de las entidades para atraer nuevos mutualistas.

"La experiencia ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar el cumplimiento de la finalidad que estos beneficios están llamados a prestar", señala el texto de la resolución al que ha tenido acceso La Información, "tratando de evitar cualquier arbitrariedad en su concesión, otorgando seguridad en su dispensación y en la determinación de los sujetos beneficiarios de las prestaciones".

La solución que ha encontrado Seguridad Social es emitir una serie de disposiciones para marcar de forma meridiana el perímetro dentro del que se pueden mover las mutuas a la hora de conceder este tipo de prestaciones. La resolución del Gobierno, que ha sido sometida a consulta de las mutuas, establece un catálogo de prestaciones para que todas las entidades ofrezcan lo mismo, define los requisitos de grado de incapacidad que se exigirán para acceder a cada una de las prestaciones, impone criterios de renta -vinculados al SMI- para ser perceptor de las mismas y activa un régimen de incompatibilidades para evitar abusos.

Desde el sector de las mutuas se aprecia un interés recaudatorio en la iniciativa del Gobierno. Las prestaciones especiales se sufragan con cargo a la Reserva de Asistencia Social de las entidades, una de las 'huchas' que la legislación vigente obliga a alimentar con los excedentes de gestión al objeto de garantizar que todos los recursos que reciben las mutuas -con cargo a las cotizaciones sociales pagadas por los trabajadores- se destinan al fin previsto. Entienden que el nuevo marco limitará la capacidad de utilizar esa Reserva y que esas restricciones generarán un excedente que la Seguridad Social podría reclamar en el futuro. La Reserva de Asistencia Social cerró 2018 con 163 millones de euros.

Más pagos por prestaciones

La segunda resolución que ha preparado la Secretaría de Estado de Seguridad Social tiene su origen en la actualización de las tablas actuariales a partir de las cuales se calculan los pagos que las mutuas adelantan al Instituto Nacional de Seguridad Social para sufragar el coste total de las prestaciones por incapacidad, muerte y supervivencia derivada de un accidente de trabajo o enfermedad profesional durante todo el tiempo que haya derecho a su percepción. ¿Qué significa esto? En el momento en que la Seguridad Social reconoce el derecho a una de estas prestaciones a un trabajador, las mutuas están obligadas a transferir al INSS un importe equivalente al coste total que el pago de esa prestación va a suponer desde el momento del nacimiento del derecho hasta su extinción. Para estimar cuándo se va a producir esa extinción, el sistema utiliza unas tablas en las que se determina la esperanza de vida para un trabajador en concreto en función de una serie de parámetros.

Según fuentes del Ministerio, esas tablas no se actualizaban desde el año 2006 y ya tocaba volver a hacerlo. La revisión va a trasladar la mejora de la esperanza de vida operada en los últimos años y, por tanto, va a ampliar el periodo que se debe cubrir con el capital renta que las mutuas transfieren al INSS con cada nueva prestación de incapacidad reconocida. ¿El resultado? Según fuentes del sector de las mutuas, este 'ajuste técnico' se va a traducir en un incremento de entre el 15% y el 30% en la cuenta de prestaciones económicas por incapacidad permanente o muerte. En 2017, esta cuenta ascendió a 1.322 millones de euros, así que los sobrecostes para el sector podrían rondar entre los 200 y los 400 millones de euros, en un contexto en el que las cuentas de las mutuas están ya extraordinariamente exigidas por la crecida incontrolable de los gastos asociados a la atención de las bajas por contingencias comunes.

Desde el Ministerio de Trabajo se ponen en cuestión esas cifras. Se asegura que el impacto será mucho menor y que, en cualquier caso, el eventual sobrecoste que tendrá para el sector esta actualización de las tablas de esperanza de vida identifica todo lo que se han ahorrado las cuentas de las mutuas por la tardanza en actualizarlas. El Gobierno no contempla en principio ninguna medida para compensar esa eventual elevación de los gastos de las mutuas.

Fuente: La Información

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