Multa de 2,6 millones por los contratos abusivos de 275 ‘kellys’ en cuatro hoteles
Multa de 2,6 millones por los contratos abusivos de 275 ‘kellys’ en cuatro hoteles
La Inspección de Trabajo ha propuesto una sanción de 2,6 millones a la firma multiservicios sevillana Externa Team por incurrir en fraude de ley al contratar a 275 camareras de piso con falsos contratos de formación desde 2013. La compañía ha evitado pagar esa alta suma en cuotas a la Seguridad Social con la excusa de que las denominadas kellys estaban bajo formación. Sin embargo, la Inspección ha sancionado a la compañía por una infracción grave al constatar que el servicio contratado —la limpieza y orden en habitaciones de cuatro hoteles del grupo Hotusa en la capital andaluza— “es ejecutado por camareras en aprendizaje con el mismo resultado que si lo ejecutaran otras trabajadoras”.
El caso desvela la cara más cruda de la precariedad que desde la reforma laboral de 2012 sufren gran parte de las 120.000 camareras de piso, pese a que España despunta como potencia turística y los beneficios de los hoteles se incrementan cada año. Externa Team ingresa al mes 1.450 euros por las habitaciones montadas por su empleada, que a cambio percibe 601 euros. Cada trabajadora debe culminar 14 habitaciones en seis horas diarias, pero como nunca les da tiempo, emplean entre una y dos horas extra sin remunerar. “Si no cumples las 14 habitaciones, que es un objetivo irreal, echas de media una hora y media de más. Un trabajo desbordante pero a final de mes o pagas la hipoteca y la luz y el agua, o comes. Y claro, optamos por la necesidad”, explica una camarera que pide el anonimato. Hasta 2012, estas empleadas cobraban 1.200 euros de Hotusa por un contrato de ocho horas.
El dueño de la firma sancionada, Pedro María Bugayllal, admite que paga sueldos “bajos” y que “difícilmente” una familia puede salir adelante. “La culpa de que cobren 601 euros es del mercado (…) Las mujeres están contentas en mi empresa (…) vienen explotadas de otras empresas porque puede que les paguen menos o tengan que hacer más habitaciones”, asegura. Bugayllal dice que recurrirán la sanción y niega que sus kellys trabajen horas extra, extremo que desmienten sus empleadas. Mientras, un portavoz de Hotusa avisa: “Si no cumple la normativa, extinguiremos el contrato de forma inmediata tras la investigación interna que vamos a abrir”.
Los sindicatos tildan de “semiesclavitud” las condiciones de trabajo de las kellys, que han perdido un 40% de su sueldo en el último lustro gracias a estas empresas de multiservicios. Las centrales han impugnado los convenios laborales más sangrantes y la Audiencia Nacional ya ha anulado 46 por falta de legitimidad.
En Sevilla la Inspección de Trabajo ha constatado que “la actividad laboral de las camareras en formación se limita a montar habitaciones de hotel”, y certifica que varias empleadas han estado más de dos años en formación, a pesar de que el periodo establecido hasta convertirse en profesionales es de nueve meses. Tras la formación, las empleadas han sido contratadas como eventuales o a través de una empresa de trabajo temporal cuyos administradores son los mismos dueños de Externa Team. Las tutoras carecían de los requisitos que la ley les exige como formadoras. Además, la Inspección ha impuesto dos actas de infracción de seguridad y salud a cada una, a la firma multiservicios y el grupo Hotusa, por las condiciones de trabajo de las camareras. Externa Team cifra cada sanción en 94.000 euros.
Trabajo revisó las condiciones de las empleadas de los hoteles Solúcar, Regina, Sevilla Palmera e Isla de la Cartuja, todos del grupo Hotusa. “El objeto de los contratos resulta ser la prestación del servicio, no la formación de las trabajadoras”, subraya el acta de liquidación tramitada por el Ministerio de Empleo tras una denuncia del sindicato CC OO.
En paralelo, el Juzgado 14 de Instrucción de Sevilla investiga a Externa Team por un delito contra los derechos de los trabajadores tras imponer un nuevo convenio laboral después de que el Tribunal Supremo anulara el que puso en práctica desde 2013. Bugayllal ha declarado ante el juez como imputado para admitir que en 2013 negoció unas tablas salariales “lo más reducidas posibles” para ser competitivos, y firmó un convenio con una delegada de personal que por falta de representatividad luego anuló el alto tribunal.
Pese al varapalo, Externa Team firmó varios convenios provinciales que más tarde, ante la impugnación, sustituyó por otro interprovincial. “Al cambiar de asesoría jurídica”, dijo Bugayllal al juez, vio claro que el nuevo convenio también sería declarado nulo, y hace un mes volvió a renovarlo bajo el auspicio de UGT. “Hemos conseguido una mejora salarial del 3%”, destaca Rafael García, secretario de organización de Hostelería de UGT en Sevilla, que ha alentado la firma del acuerdo pese a que no lo ha firmado, en contra de varias trabajadoras que reclaman el convenio estatal porque la justicia les ha dado la razón.
De este modo, la mayoría de empleadas pasarán a cobrar 619 euros en vez de 601 y la hora nocturna la cobrarán a 32 céntimos en lugar de 30 céntimos como hasta ahora, una subida que García considera "un logro". “Allí se ha firmado sin saber lo que se firma. La empresa ha elegido títeres como delegados de personal que son gobernantas y no se leen lo que firman, a pesar de que representan a chicas que no llegan a final de mes”, replica una de ellas, que exige el anonimato.
Al margen de Externa Team, CC OO ha denunciado a otras firmas multiservicios y hoteles de Sevilla que suman 70 sociedades. La Inspección de Trabajo intenta abarcar el cometido pese a sus medios precarios, con 39 inspectores para toda la provincia de Sevilla. “Muchos inspectores nos han contestado que todo estaba bien, pero es que la justicia había anulado los convenios y ellos no lo sabían”, relata Pepa Cuaresma, secretaria general de Servicios en Sevilla de CC OO.
El presidente de la patronal de los hoteleros sevillanos, Manuel Cormax, opina: “Si hay una ilegalidad, para eso están los sindicatos o la Inspección de Trabajo. No tiene nada que ver con la subcontratación, nunca defenderemos una práctica abusiva o ilegal”.
Carolina Martín preside Capise, la asociación de camareras de piso en la capital andaluza, y denuncia que mientras que el convenio de hostelería sitúa sus salarios en torno a los 1.200 euros, algunas de ellas contratadas por empresas multiservicios llegan a cobrar menos de 500 euros. Las kellys suelen ser mujeres con hijos, sin estudios y un miedo paralizante al paro. “Como hables, estás despedida. Con el miedo come el empresario”, explica Martín, que acusa a UGT de nombrar a delegados de personal a dedo por los empresarios “en elecciones fraudulentas”. “Hacen una campaña nacional y luego lo hacen bajo cuerda”, censura.
Fuente: EL PAÍS