Hacienda envía a todos los ministerios un protocolo contra las agresiones a los funcionarios
Hacienda envía a todos los ministerios un protocolo contra las agresiones a los funcionarios
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El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha enviado a todos los ministerios un protocolo de actuación contra las agresiones físicas, verbales y amenazas que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo. Es una respuesta al volumen creciente de estas situaciones durante los últimos años.
Este protocolo –que generaliza las experiencias piloto realizadas ya en algunos ámbitos como las oficinas de empleo- se va a poner en macha en todos los ministerios y se aplicará también en el conjunto de la Administración General del Estado y sus organismos dependientes.
Esta iniciativa ha sido posible tras las reivindicaciones y el acuerdo alcanzado con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).
Hacienda ya había reconocido en informes internos que durante 2013 “se ha producido un incremento en el número de incidentes registrados, distribuidos en un amplio número de organismos, pero especialmente concentrados en el área de empleo”.
Esta situación se atribuye a la sensibilidad de los ciudadanos acrecentada por la situación de crisis prolongada que se viene padeciendo en España.
El Gobierno contemplará como episodio de violencia las agresiones físicas (“pegar, golpear, empujar…”) y las conductas amenazantes que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, principalmente los abusos verbales y las amenazas, puesto que son los incidentes más comunes.
El documento, acordado con los sindicatos, recalca que estas situaciones son “delitos específicos contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos, reciben el nombre de atentados, resistencia y desobediencia y están regulados en el artículo 550 del Código Penal.
El protocolo ha recabado la experiencia personal de los empleados públicos que realizan trabajos con especial riesgo (trabajo con el público, personaciones o embargos y se establecerá un dispositivo preventivo adaptado en cada ámbito: sistemas de detección, timbres de alarma, pantallas, personal de seguridad, cámaras y protocolos de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
A partir de ahí, establece una serie de actuaciones durante la situación de riesgo y grados de alerta, así como simulacros periódicos, que refuercen la concienciación y las conductas preventivas de los empleados públicos.
Igualmente, se prevén actuaciones de apoyo jurídico y psicológico por parte del Estado y la contratación de seguros de garantía de reclamación ante terceros por daños y perjuicios por malos tratos u ofensas verbales.
Fuente: El confidencial digital