La siniestralidad laboral aumenta hasta situarse al mismo nivel que en 1980

Por si alguna duda quedaba, la publicación de la estadística oficial de accidentes de trabajo correspondiente al año 2014 confirma definitivamente lo que ya era bien sabido: el descenso de la siniestralidad que se inició en el año 2001 (tras siete años consecutivos de subida) y que se aceleró entre 2009 y 2012 gracias básicamente a la crisis económica, ha terminado, como se observa en la siguiente figura.

En el año 2013 el índice de incidencia se incrementó un 2% respecto al año anterior, una cifra que subió al 3,4% en 2014 y para el año en curso los datos del primer semestre muestran un nuevo aumento del 3,3%. Total, un 8,3% en tres años.

Si el período de análisis se amplía y se incluyen además los accidentes sin baja, los datos son mucho más esclarecedores de hasta qué punto los efectos de la ley de Prevención han sido próximos a nada.

En la figura siguiente se observa, en primer lugar, que el índice de incidencia de accidentes con baja no logró situarse por debajo del mínimo histórico correspondiente al año 1985 hasta el año 2009, en el que se produjo una brusca bajada manifiestamente debida a la crisis económica (en el año 2009 el PIB se redujo un 2,9% respecto al año anterior).

En segundo lugar se observa que a partir del año 2007 se empieza a producir una milagrosa transmutación de los accidentes con baja en accidentes sin baja, de manera que al poco tiempo estos últimos superaron con creces a los accidentes con baja, algo que no había ocurrido ni una sola vez desde que empezaron a contabilizarse los accidentes sin baja en el año 1977, y que no parece imaginable que pueda deberse a un ataque repentino de voluntad declaratoria de los accidentes sin baja que - quizá - antes no se declarasen.

Debido a esa milagrosa transmutación, a partir del comienzo de la crisis cualquier análisis riguroso de la siniestralidad debería basarse en la cifra total de accidentes (con y sin baja) ya que, como parece evidente, ambas categorías se han entremezclado.

Si adoptamos ese criterio, la figura anterior nos muestra que los niveles actuales de siniestralidad total siguen siendo similares a los que teníamos en... 1980 y que, desde entonces, salvo el breve paréntesis entre dicho año y 1987, hemos estado siempre por encima de la siniestralidad registrada en 1980.

La conclusión es simple: el sistema preventivo nacional español no funciona eficazmente a pesar de los centenares de millones de euros que los empresarios se gastan cada año en servicios de prevención propios, mancomunado y ajenos, a pesar de las actuaciones de la Inspección de Trabajo, a pesar de los miles de cursos de formación impartidos, a pesar de la multiplicidad de Institutos Regionales que han creado las comunidades autónomas, a pesar de los esfuerzos de lo poco que queda del INSHT que la nueva Estrategia - por enésima vez - se ha comprometido a reformar, y a pesar del clamor de los sindicatos...

Que las cosas no iban bien ya se puso de manifiesto en los primeros años de aplicación de la Ley, y precisamente por ello el presidente del Gobierno - entonces el Sr. Aznar - encargó un diagnóstico independiente conocido como Informe Durán [1] en honor a su director, Federico Durán, a la sazón presidente del Consejo Económico y Social.

El documento, un volumen de casi trescientas páginas al que ya nos referimos en un artículo anterior, revisaba el conjunto del sistema preventivo y daba más de setenta recomendaciones muchas de las cuales fueron ignoradas por quienes tenían el poder para llevarlas a cabo.

Entre las que - a nuestro juicio - hubieran cambiado notablemente el panorama preventivo del país si se hubieran llevado a cabo, citaremos:

1) Autorizar que la evaluación y la planificación iniciales puedan ser contratadas con un profesional de competencia acreditada para que, conocidos ya los problemas y apuntadas las soluciones, el empresario pueda adoptar la decisión sobre el modelo de gestión de la prevención más adecuado para su empresa: trabajadores designados, servicio propio o servicio ajeno.

2) Modificar el Reglamento de los Servicios de Prevención para que, en el caso de las empresas que recurran a la modalidad de servicio de prevención ajeno, exista al menos un trabajador de la empresa con la formación, ocupación y dedicación apropiadas que lo capaciten para propiciar la aplicación práctica de las medidas derivadas de los procesos previos de evaluación.

3) Abrir la posibilidad, para las pequeñas empresas, de contratar especialistas externos con la debida formación para que se ocupen de la gestión de la prevención de riesgos. Con ello se resolverían las dificultades prácticas que en las pequeñas empresas tiene el ejercicio de la actividad preventiva por el propio empresario y a través de la designación de trabajadores, en los casos en que está autorizado el uso de dichas modalidades.

Curiosamente todas ellas eran posibilidades que en nada se oponían a la Directiva Marco, pero que no consiguieron el beneplácito de las autoridades, que no las tuvieron en absoluto en consideración. Así nos ha ido.

[1] No existe versión completa disponible en internet, pero un excelente resumen está disponible en esta dirección:  https://www.fraternidad.com/es-ES/descargas/EL%20INFORME%20DUR%C3%81N%20SOBRE%20RIESGOS%20LABORALES%20Y%20SU%20PREVENCI%C3%93N.%20NOTAS%20PARA%20UN%20DEBATE%20NECESARIO._FM-REVLM-5-2.html