Primera denuncia contra los principales fabricantes de impresoras por obsolescencia programada

Francia ha sido el país pionero en Europa en introducir el castigo penal y sanciones económicas al fabricante que establezca una duración determinada para un producto, acción conocida como obsolescencia programada, y ahora es también el primero donde se ha presentado una demanda contra los grandes fabricantes de impresoras sobre la base de un informe denuncia elaborado por la asociación ‘Halte à l’obsolescence programmée’ (HOP), que les acusa del citado delito y de fraude.

La denuncia, presentada ante el Fiscal de la República acusa a las grandes multinacionales que operan en este sector, HP, Canon, Brother y Epson, con imputaciones más graves a esta última, de actuar con el objetivo de “recortar deliberadamente la duración de las impresoras y de los cartuchos de tinta”. Una denuncia que cualquiera que haya comprado impresoras de estas marcas validaría con su experiencia.

La denuncia se ha interpuesto después de que esta asociación, alertada por los usuarios decidiera llevar a cabo una investigación, la cual ha publicado en un amplio informe entregado a la fiscalía. El informe destaca que el bloqueo de las impresiones con la justificación de que los cartuchos de tinta están vacíos es un engaño, que se entiende por el denunciado aumento continuo del precio de los cartuchos de tinta, que salen por más de 2.000 euros el litro de tinta, un precio que duplica el del perfume más universal, el Chanel 5. Los fabricantes ponen también trabas a la utilización de cartuchos no originales de la marca, que son más baratos, para no perder el gran negocio de la tinta.

El denunciante HOP también acusa de que algunos elementos de las impresoras, como es el caso del tampón que aborbe la tinta, indican falsamente su final. La asociación denunciante sospecha también que la generalización de estas prácticas entre los grandes fabricantes podría señalar una cartelización del negocio.

La asociación francesa ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que realice donaciones en una plataforma de financiación colectiva, GoFundMe (https://www.gofundme.com/stop-aux-imprimantes-irreparables) con el fin de poder costear los gastos de la demanda, que todavía tiene que ser validada por el juez. En caso de que éste no aceptase la vía penal, la asociación ya ha anunciado que iniciaría el procedimiento de demanda civil en el juzgado de instrucción.

El Gobierno de Rajoy todavía no ha tomado medidas propuestas por el Congreso

Aunque está considerada como delito en Francia, muchos juristas consideran que la definición de obsolescencia programada en la ley peca de ambigua y resultará complicado probarla en una causa judicial. En España se aprobó en la comisión del Congreso para el Estudio del Cambio Climático, en marzo de este año, una proposición no de ley acordada por todos los grupos tras consensuar algunas enmiendas, que insta al Gobierno del Partido Popular a poner en marcha medidas contra la obsolescencia programada de los productos tecnológicos e impulsar a la mayor brevedad la adecuación de la legislación española vigente a la normativa europea en la materia.

El Parlamento Europeo dio un paso importante este verano tras votar un informe en el que se instaba a la Comisión para que desarrolle un nuevo marco de fabricación acorde con la economía circular sostenible, ataque los diversos tipos de obsolescencia programada y defina que es un periodo razonable de uso, entre otros requerimientos. La Comisión dice que trabaja sobre el asunto, pero no ha precisado si estaba dispuesta a imponer una legislación en toda la UE sobre esta cuestión.

Fuente: La Celosía