La Fiscalía pide cárcel para un médico por amenazas continuadas a la jefa de Urgencias
La Fiscalía pide cárcel para un médico por amenazas continuadas a la jefa de Urgencias
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez ha acordado la apertura de juicio oral, a espera de que se fije la fecha, contra el médico Miguel Villarta, acusado de los delitos de calumnia, obstrucción a la justicia, acoso y un delito continuado de amenazas hacia la denunciante, la jefa del servicio de Urgencias del hospital de Jerez, Mónica Dormido.
El facultativo, que trabajó en este servicio del hospital desde 2013 hasta octubre de 2015, se enfrenta a una petición de prisión por parte de la Fiscalía de un año y tres meses por el delito continuado de amenazas contra la jefa del área de Urgencias. En el escrito de acusación, el fiscal pide además la pena de prohibición de comunicación con Dormido, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, directo o indirecto, por un tiempo de dos años y seis meses y solicita también una pena de multa de quince meses con cuota diaria de diez euros, por el delito de acoso.
Por parte de la acusación particular, el abogado de la denunciante, Germán Bernal, pide además la pena de un año y cuatro meses de prisión y multa por un delito de calumnias, once meses de multa por un delito de injurias y dos años y seis meses de prisión y multa por un delito de obstrucción a la justicia, así como una indemnización de 24.000 euros "por el daño realizado en el prestigio e imagen" de la jefa de Urgencias.
En el escrito de la Fiscalía se recoge que en los meses de abril y mayo de 2017, a pesar de haber dejado de desempeñar su trabajo en el mismo centro que Mónica Dormido, el acusado, "que la culpaba de todos sus problemas laborales" y había interpuesto contra ella una denuncia penal por acoso, que fue sobreseída, remitió desde su teléfono a través de whatsapp un serie de mensajes al teléfono personal de la que había sido su jefa, "gran parte de ellos con contenido amenazante".
En un mismo día, el 7 de mayo de 2017, Villarta envió al teléfono de Dormido 74 mensajes de whatsapp. En uno de ellos le dice: "Hace poco se suicidó una compañera DUE en Almería por acoso laboral. Yo, en cambio, planto cara. Prepárate, comienza el combate".
El acusado también remitió correos electrónicos a la dirección de la responsable del servicio de Urgencias, entre ellos uno en el que se dirige a ella diciéndole "y más concretamente en tu caso, ya te adelanto que vas a acabar en Puerto 3 y con una inhabilitación por 15 años. Y no me va a temblar la mano, igual que no te tembló a ti cuando me hiciste la vida imposible".
El fiscal afirma que "estos continuos mensajes produjeron en Mónica Dormido una lógica intranquilidad además de continuas molestias en su vida cotidiana durante esos meses".
El querellante que se convirtió en acusado
Los antecedentes de este caso, judicializado desde hace varios años, están en una demanda que Miguel Villarta interpuso contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el SAS por declarar como contingencia común una baja que tuvo en mayo de 2015 y que, en opinión del facultativo, era derivada de accidente laboral.
Villarta argumentaba que el acoso laboral que sufrió por parte de la jefa del servicio había sido el causante del síndrome depresivo que sufría.
El facultativo ganó esta primera batalla ya que el Juzgado de lo Social número 2 de Jerez consideró ese síndrome depresivo como accidente de trabajo y dio por sentado en los fundamentos jurídicos de su sentencia la existencia de acoso laboral.
El SAS presentó un recurso y en marzo de 2018 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo desestima, sigue considerando la baja como accidente laboral y el síndrome depresivo que padecía el médico, una consecuencia de la situación que vivía en el trabajo.
El conflicto se enmaraña cuando paralelamente Villarta decide acudir a la vía penal e interpone una querella contra Dormido y otro facultativo del hospital por presunto delito de acoso laboral, revelación de secretos y prevaricación. El Juzgado de Instrucción número 5 de Jerez acordó en julio del pasado año el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa al entender que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito". El médico presentó un recurso de apelación y ahora, en un auto del pasado enero, la sección octava de la Audiencia Provincial con sede en Jerez lo ha desestimado y confirma la resolución del Juzgado de Instrucción número 5.
Resoluciones judiciales contradictorias
El Tribunal asume que ha habido resoluciones judiciales contradictorias, teniendo en cuenta que el Juzgado de lo Social número 2 sí consideró probado el acoso laboral.
No obstante, argumenta que esta sentencia valoró de crucial importancia la declaración testifical del único testigo que declaró en ese juicio, mientras que por la vía penal se han practicado muchas pruebas, han declarado ocho testigos y se ha aportado abundante prueba documental. El propio abogado de Dormido lamentó en su día que el Juzgado de lo Social no la hubiese llamado a declarar ni como testigo ni como denunciada. "La diversidad y amplitud de los medios de prueba practicados en el seno de este proceso puede conllevar el que se alcance una conclusión probatoria diferente a la obtenida en el Juzgado de lo Social valorando el testimonio de un único testigo", concluyen los magistrados de la Audiencia.
Fuente. Diariodejerez