Políticas públicas y promoción de la salud en el trabajo: Colombia 1993 - 2018

En Colombia el uso de la expresión “promoción y prevención” ha llevado a menospreciar la importancia de la promoción de la salud o a refrenar sus potencialidades”, de acuerdo a lo planteado por Eslava- Castañeda (2006).  En este mismo sentido, Muñoz y Castro, 2010 señalan que hay un tratamiento indistinto de términos como prevención de riesgos, fomento de la salud, salud ocupacional, salud y seguridad en el trabajo, que son asumidos como sinónimos  Este hecho  puede afectar, por ejemplo, la aplicación de programas estructurados con despliegues tecnológicos que priorizan áreas de rentabilidad de los mercados con el usos de estandares y prácticas de calidad homogeneas, pero descuidan la promoción de hábitos, costumbres y expresiones culturales diversas que  beneficien a los trabajadores como las prácticas de cuidado mutuo en grupos de trabajo con de rutinas saludables, modos de resolver los problemas y de produccción de soluciones técnicas.

A partir de los resultados, se observa que la normatividad en Colombia ha venido incorporando elementos relacionados con el desarrollo de la PST y comienza a evidenciar la necesidad de fortalecer la articulación intersectorial orientada a este fin.

A partir de la expedición del Código Sanitario Nacional (1979),  se reconoció la importancia de promover la salud de los trabajadores como un asunto de interés nacional Y como una condición fundamental para el desarrollo de las persona, las empresas y el gobierno. La legislación en Colombia ha introducido paulatinamente las directrices y lineamientos de orden internacional en torno a la temática.  Sin embargo la falta de claridad conceptual se ha relacionado en muchos casos con el hecho de limitar la PST a actividades de capacitación o relacionarla de manera exclusiva con acciones de prevención. Las normas expresan la intensión en el planteamiento de políticas y objetivos, se presentan y priorizan programas de “promoción y prevención”, se establecen responsables, fuentes de financiación y sanciones, pero en general no se hace referencia a los procedimientos específicos a ser desarrollados y predomina un énfasis en prevención de enfermedades y control de factores de riesgo.

Esta debilidad crea un espacio para la apropiación de los principios de la promoción de la salud propuestos en la Carta de Ottawa, y en el caso particular de la PST, en la Declaración de Luxemburgo, en donde se resalte la importancia de un enfoque promocional más que de enfermedad y riesgo.

Otro desafío que tiene el uso de los conceptos es su incidencia en los procesos de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. La semántica de la coordinación entre formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas pone en evidencia un mundo en crisis, el de las palabras y sus sentidos (García, 2014, Deubel, 2008 y Geyer, 2010). Las mismas leyes incorporan contradicciones, propician omisiones y generan duplicidades con los conceptos cuando estos no son claros, pues reproducen en la norma no solo los conflictos políticos, disciplinares e institucionales, sino las deficiencias administrativas y técnicas que afectan la implementación y evaluación de los resultados de las políticas públicas.

La trayectoria que mejor ilustra esta contradicción es el número de afiliados al sistema de seguridad social contra el número de personas que se afilian por cuenta propia al sistema de seguridad. Hay mas afiliados al sistema, pero menos empleo formal, son las personas se afilian individualmente al sistema las que incrementan los datos. La inferencia de estas estadisticas permiten concluir que la tasa de empleo formal, institucionalizado y organizado en empresas tiene una tendencia  descendente. Y que hay más y más empleados que asisten al sistema laboral individualmente. En síntesis, existe un cambio en el sistema de empleo, los trabajadores de cuenta propia, independientes y auto empleo crece aritméticamente, mientras el empleo formal desciende (BID, 2019)

En estas condiciones el número de personas que trabajan en empresas organizadas es en terminos asolutos menor. Y en esas condiciones la pregunta es, que tanto puede una organización privada, o los gobiernos, propiciar entornos saludables. Ninguna entidad del estado colombiano esta preparado para este cambio en la naturaleza del trabajo asalariado. Y mucho menos para abordar los desafíos de la salud en el trabajo, ya que los empleados trabajan más y más en sus propias casas, donde no cuentan con garantías laborales adecuadas de trabajo.

La trayectoria es mas crítica si se tiene en cuenta que las políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo, si bien tienen sólidos enunciados en la formulación, se enfrentan a otras políticas de economía macro que evidencian una baja capacidad de las instituciones del estado para coordinarlas. Por ejemplo, las políticas de empleo, orientadas por el Ministerio de trabajo tienen bajas capacidades de coordinación en la implementación con otras entidades como el Ministerio de Salud y Seguridad Social. La falta de estadísticas sobre la seguridad y salud en el trabajo denotan que existe una muy baja capacidad para evaluar sus resultados, del empleo, la salud, para la salud en el trabajo formal, y peor aún en el trabajo informal. Como resultado las políticas públicas formuladas en Colombia requieren de nuevos instrumentos de coordinación para que los propósitos de promoción de la salud y entornos laborales se hagan realidad, y que sobre todo consulten con el cambio de las realidades sociales, económicas y culturales que vive el país.