La patronal 'tumba' el anteproyecto de teletrabajo por la rigidez en los gastos que soportará el empresario

La primera ronda de contacto en la Mesa de Diálogo Social para negociar las condiciones del teletrabajo ha llevado al traste los planes previos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La patronal tumbó el anteproyecto en el que se está trabajando de puertas del ministerio para adentro, entre otros motivos, por la rigidez que se presenta para el empresario en la asunción de costes generados por el empleado en el teletrabajo. De hecho, este parece será el caballo de batalla en una negociación que irremediablemente se prolongará más allá de verano. De entrada, en esta primera toma de contacto, hasta los propios sindicatos han criticado la uniteralidad del anteproyecto de ley abordado por el Ministerio de Trabajo. Así, tanto patronal como sindicatos han acordado enviar alegaciones al gabinete de Yolanda Díaz, que el posteriormente serán incluidas en una nueva redacción del documento, tumbando de facto el texto previo, ya que según el Ejecutivo se reformulará recogiendo las demandas de los agentes sociales.

"Tras la reunión mantenida este miércoles con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, CEOE y Cepyme consideramos que el Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia sometido por el Ministerio de Trabajo a información pública se ha concebido al margen del diálogo social orillando la necesaria implicación y participación de los interlocutores sociales en la vida económica y social del país", lamentaba la patronal asegurando que el resultado es un texto desequilibrado, de enfoque errático, apartado de la realidad del tejido productivo y de las necesidades de empresas y trabajadores, que lejos de fomentar con garantías la utilización de esta forma de organización del trabajo podría desincentivar su implantación en España y ralentizar su consolidación. "A consecuencia de ello, es un enfoque que no aporta la confianza y la seguridad necesarias para generar inversiones y empleo", sentenciaban desde la CEOE tras la reunión.

Lo que sí parece haberse despejado en esta primera toma de contacto es la empresa deberá atender a ciertos costes generados por el empleado a distancia, después de que la CEOE se haya ceñido al acuerdo europeo que firmaron sindicatos y empresarios europeos en 2002, en el que se contemplaba que los gastos los deben asumir las empresas. "Por lo tanto, no tendrían que poner mucha pega porque ellos han puesto en valor ese acuerdo y suponemos que han puesto en valor todo el acuerdo y no sólo de una parte", aseguró la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, al término de la reunión tripartita. Si bien, cabe recordar que la norma no detalla el mecanismo con el que deberán cuantificarse esos gastos ni la forma de compensación sino que emplaza a fijarlo en el marco de la negociación colectiva.

Más allá, la reunión a la que asistieron CCOO, UGT, CEOE y Cepyme junto con el Ministerio de Trabajo para empezar a negociar la regulación del teletrabajo concluyó con el compromiso de los agentes sociales de presentar por escrito en los próximos días sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia elaborado por el Gobierno. Estas aportaciones que realicen sindicatos y empresarios se integrarán a la postre en un nuevo documento que se discutirá durante una nueva reunión para la que aún no hay fecha, según confirman fuentes del Ejecutivo.

Tanto UGT como CCOO reclaman que el teletrabajo tenga carácter voluntario; que las empresas pongan los medios necesarios para que sus empleados puedan trabajar desde sus casas; que se compense económicamente los gastos derivados del trabajo a las personas que teletrabajan; el derecho a la desconexión; el respeto a la jornada laboral, y medidas específicas para la prevención de riesgos laborales y garantizar la seguridad y salud laboral de los teletrabajadores, entre otras cuestiones.

La negociación colectiva, clave

Mientras, desde la CEOE, reclaman al Gobierno que se mantengan los parámetros de flexibilidad para esta modalidad de trabajo, si no se quiere retraer la contratación en el futuro, vinculada a las disfunciones que pueda generar el trabajo a distancia. "Es una herramienta que ayuda, pero en ningún caso como un derecho, porque en ese momento no se contratará. Por eso hay que hablarlo en el marco del diálogo social y la negociación colectiva", advertía el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, recientemente en una entrevista.

Por su parte, el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, destacó que el teletrabajo debe recogerse como un derecho generalizado para todos los trabajadores, no vinculado exclusivamente a la conciliación para no convertirlo en una herramienta de discriminación laboral. "Desde UGT hemos defendido que la norma contemple esta organización del trabajo como un derecho en una ley que sirva de paraguas a la negociación colectiva", resaltó Pino.