Imputan a un edil de Coslada y al actual jefe de Policía local, por acosar al exjefe de Policía

El Juzgado de Instrucción número 6 de Coslada está investigando al actual jefe de la Policía Local del municipio madrileño, Gabriel Ángel Cerrato, y al concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Fernando Atienza, por acosar presuntamente al anterior responsable del cuerpo, Ginés Jiménez Buendía. El tribunal, obligado por la Audiencia Provincial, imputa a ambos los delitos de coacción, lesiones, prevaricación y contra la integridad moral.

La apertura de instrucción se produce después de que el exjefe de la Policía Local interpusiera una querella contra su sucesor y el mencionado edil por, según él, llevar a cabo “un continuo acoso laboral” cuando Jiménez se incorporó al cuerpo en noviembre de 2012, después de que el Juzgado de lo Contencioso número 5 de Madrid ordenara hasta en dos ocasiones al Ayuntamiento que le readmitiera. Meses antes, el alcalde, Raúl López, había suspendido a Jiménez por el caso Coslada.

Atienza y Cerrato permitieron el reingreso de Jiménez tras los dos requerimientos judiciales, pero no le dieron las atribuciones propias de su nivel profesional. Así al menos lo argumenta el exjefe policial en su demanda, en la que asegura que ambos mandos, “prevaliéndose de su condición de superiores jerárquicos”, le “impidieron el ejercicio de las funciones propias” de alguien de su categoría profesional.

Jiménez arguye que, nada más incorporarse a su trabajo, el concejal y el actual jefe de Policía Local crearon un nuevo destino para él denominado Área de Proyectos y Estrategia Policial con “la clara finalidad de tenerle apartado de las normales funciones operativas del cuerpo”. También le impidieron el acceso al servicio de documentación y a las bases de datos policiales –algo que sí podían hacer sus subordinados– y le denegaron la entrada en los cuadrantes de organización de la plantilla, en los que aparecen todos los componentes. “Como si no existiera”, resume el escrito del querellante.

Asimismo, según Jiménez, los dos imputados le destinaron a “un despacho aislado de la segunda planta”. “Era una antigua biblioteca que no estaba acondicionada en absoluto” y que incluso era muy “fría”, describe la denuncia, que define la decisión de enviarle a ese lugar como “un aislamiento, un destierro y un castigo que forma parte del trato degradante” recibido.

El querellante relata que, incluso cuando faltaba el jefe de la Policía Local, porque libraba, este dejaba al mando a otro suboficial y no a Jiménez, que era el número dos del cuerpo y que tenía mayor rango profesional. “Con esa obsesión de dejarle relegado en su despacho, al oficial querellante" no le comunicaron que Cerrato se había ido de vacaciones o de libranza, denuncia Jiménez, que se queja de que el jefe tampoco solicitara su presencia ni siquiera cuando el 26 de febrero de 2013 varios accidentes provocaron un caos circulatorio que requirió la asistencia de todos los efectivos del cuerpo. El demandante asegura que se enteró por los medios de lo que había pasado.

El exjefe de la Policía de Coslada afirma en su escrito que fue sometido a un trato degradante de cara al resto de funcionarios, que se menoscabó su integridad moral y que fue víctima durante varios meses de acciones “hostiles, humillantes y vejatorias”. Entre las tareas que le asignaron, detalla el denunciante, destacan recopilar jurisprudencia con el fin de elaborar un nuevo reglamento y un manual de buenas prácticas, realizar encuestas de calidad o confeccionar una nueva web para el cuerpo. Según arguye, las funciones de los oficiales de Policía Local no se pueden reinventar ni rediseñar, pues son las que marca la ley.

Fuente: El Confidencial