Un juicio por un grave accidente laboral se celebró 16 años después

Un juicio por un grave accidente laboral se celebró 16 años después

Los perjudicados reclaman 650.000 euros y la fiscalía no acusa al considerar prescritos los eventuales delitos
2 Enero 2016

Ni los acusados ni los dos perjudicados se desplazaron a Ourense para asistir al juicio por un accidente laboral ocurrido en el barrio de A Ponte el 22 de julio de 1999, del que sufrieron lesiones de importancia dos operarios de una atracción ferial. Declararon por videoconferencia. Después de varios aplazamientos y suspensiones, el caso quedó ayer visto para sentencia, sin que la fiscalía formulara acusación al entender que las eventuales responsabilidades están prescritas. Los perjudicados mantienen su reclamación, que incluye indemnizaciones por importe de 650.000 euros y penas de cárcel que suman nueve años para cada uno de los acusados, padre e hijo, titulares de la barraca. A Francisco C. C. y Francisco Javier C. G., que eran quienes explotaban la atracción que presentaban como Castillo Diabólico, les atribuyen delitos de lesiones y contra los derechos de los trabajadores.

Habían sufrido los operarios una caída cuando preparaban la instalación. Sufrieron graves lesiones y padecen secuelas incapacitantes para una vida laboral ordinaria. Empezaban a trabajar en esta actividad los dos jóvenes rumanos. No estaban dados de alta en la Seguridad Social. Como ayer se puso de relieve, la normativa permitía entones cumplir este trámite en un período de cinco días. Tampoco eran tan estrictas las exigencias de seguridad. Habían estado unos días antes en Gijón, según declaró uno de los lesionados. Cobraban 18 euros (3.000 pesetas entonces) por jornada. La caída que sufrieron en Ourense tuvo graves consecuencias, pero, a pesar de ello, el caso no llegó a la Fiscalía hasta el año 2008. Los delitos ya estaban prescritos, por lo que pidió el archivo, tesis a la que se sumó la defensa de los acusados y la aseguradora de la atracción. Esta última, sin embargo, mantiene una fianza de 120.000 euros.

Después de cuatro aplazamientos desde julio del 2014, el caso quedó ayer visto, tras una ronda de declaraciones por videoconferencia, tanto de los acusados como de uno perjudicado y también de testigos.

La jueza deberá decidir en primer término si está prescrito el asunto. El testigo, sea como fuere, dejó ayer claro que para desplazarse había necesitado una ambulancia, que lo devolvería a casa una vez finalizada la declaración y su abogado llamara de nuevo el vehículo adaptado.

Fuente: La Voz de Galicia
 

¿Qué opinas de este artículo?