Cementerios ilegales de amianto amenazan la salud de 22.000 personas en las cercanías de Toledo
Cementerios ilegales de amianto amenazan la salud de 22.000 personas en las cercanías de Toledo
En 1975, la empresa Iberturbo S.A se instaló en una parcela del polígono industrial de Toledo, a menos de 200 metros de las viviendas del barrio de Santa María de Benquerencia. En la década de los 80, la fábrica comenzó a realizar vertidos incontrolados e ilegales de amianto en las zonas aledañas, según denuncia la Asociación Vecinos ‘El Tajo’, a pesar de que durante esa época ya se conocían los efectos nocivos de ese material. Los cementerios se extendieron en un kilómetro a la redonda e incluso llegaron a afectar al arroyo Ramabujas en un tramo que se encuentra a tan sólo dos kilómetros de su desembocadura en el río Tajo.
En 2002, en plena eclosión del ladrillo y tras la prohibición de la utilización del amianto en procesos industriales de 2001, la empresa Iberturbo S.A se declara en quiebra. Desde ese entonces comienza un tedioso y largo proceso de desamiantado de la zona. Finalmente, fue la Junta de Comunidades la que se hizo cargo de esta tarea a través de la contratación de la empresa Sufi. Los trabajos se desarrollaron bajo el protocolo que marca este tipo de procesos y con unas grandes medidas de seguridad.
Hasta aquí, todo bajo control. El problema surge cuando, en 2004, la Asociación Vecinos ‘El Tajo’ denuncia la existencia de cementerios ilegales de amianto en las zonas aledañas del emplazamiento que antes ocupaba Iberturbo S.A. En concreto, los primeros restos de este material altamente cancerígeno se hallaron en la zona de arroyo Ramabujas. Retirar el amianto no es sencillo, y mucho menos, barato. Es por estos dos motivos por lo que las tres administraciones implicadas y los propietarios de las fincas privadas donde se encuentran estos nichos irregulares de amianto han hecho oídos sordos a las denuncias de los vecinos del barrio María de Benquerencia, que se encuentra a tan sólo 300 metros de la zona infectada.
Los tres actores implicados (Junta de Castilla La Mancha, Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ayuntamiento de Toledo) han negado sistemática y categóricamente que los vertidos fueran perjudiciales para la salud de los toledanos. A pesar de eso, cada uno se ha ocupado de limpiar la zona de terreno que les pertenecía o sobre la que tenían competencia.
Hace sólo tres meses, se descubrieron restos de amianto en una parcela donde se pensaba desarrollar un macro proyecto urbanístico de más de 2.000 viviendas llamado ‘Barrio Avanzado’. En esta ocasión, la Junta de Comunidades no pudo mirar hacia otro lado porque era la propia la Junta la titular de los terrenos. De inmediato se iniciaron los trabajos para retirar los escombros infectados. Pero las labores de desamiantado se realizaron incumpliendo el Real Decreto 396/2006 que establece las normas de trabajo con exposición al amianto, así como la guía técnica elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, según denuncia la Asociación Vecinos ‘El Tajo’.
Fue la propia organización vecinal la que realizó algunas fotos durante los trabajos de desinfección para demostrar “la chapuza” que se había cometido. En las instantáneas se puede observar cómo una excavadora recoge el lodo de amianto con su pala y lo vierte en una tolva, generando así una gran nube de polvo blanco.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo se ha limitado a limpiar la zona del Arroyo Ramabujas. Es decir, los restos que colindan con el arroyo siguen ahí esperando a que alguna administración decida retirarlos. Además, sólo han extraídos los escombros, pero no el lodo de amianto, que es lo más peligroso.
El Ayuntamiento de Toledo, que es el mayor garante de la salud pública de sus vecinos, también se ha desentendido del problema, aunque la alcaldesa socialista, Milagros Tolón, ha creado una comisión para abordar el tema, en la que también están la Junta y la Confederación. De hecho, Inés Sandoval, vice portavoz del Consistorio ha señalado recientemente que la solución “está más cerca que nunca”.
Por último, los propietarios de las fincas privadas donde yacen muchos de los cementerios ilegales alegan que ya compraron los terrenos con los escombros infectados de amianto y que deberían de ser los antiguos dueños -sobre los que cae las sospecha de recibir una cantidad económica por dejar verte allí los residuos- los que deben de afrontar los costes del desamiantado.
Fuente: Estrelladigital y Eldiario