La carga de trabajo real del 93% de los Técnicos de Prevención supera ampliamente la asignada teóricamente

Dos de cada tres profesionales de los Servicios de Prevención Ajenos afirman que la pandemia ha empeorado sus condiciones de trabajo, según pone de manifiesto la II Encuesta de Condiciones y Cargas de Trabajo elaborada por la Federación de Servicios de CCOO.

Transcurridos dos años desde que la Federación de Servicios de CCOO realizó la I Encuesta, poco o nada ha cambiado, y las condiciones de trabajo de quienes tienen la función de velar por mantener una adecuada seguridad y salud de las personas trabajadoras continúan deteriorándose, así lo ponen de manifiesto los resultados obtenidos en la II Encuesta sobre Condiciones y Cargas de Trabajo.

Todo ello evidencia el escaso atractivo que el sector de los Servicios de Prevención Ajenos tiene para los profesionales, donde ya no es posible atraer a personal sanitario con la debida acreditación formativa y donde cada vez resulta más difícil encontrar personal técnico cualificado y con experiencia debido a las elevadas cargas de trabajo, los moderados salarios, las jornadas interminables y a que, salir a visitar los centros de trabajo de clientes, les cuesta el dinero de su bolsillo debido al elevado precio de los carburantes.

A todo esto se le une que el Convenio Colectivo del sector lleva más de tres años abierto a causa de la actitud cicatera de las empresas, que se niegan a pagar un salario justo a sus plantillas mientras sus beneficios se han disparado durante los años de pandemia.

Mientras tanto, nuestro país cerró el año 2021 con 705 muertes en el trabajo y un incremento del 17,9% en el número de accidentes con baja respecto a 2020, lo que justifica la necesidad de un cambio y mayor control sobre los sistemas preventivos en España, incluyendo a los Servicios de Prevención Ajenos.

Desde CCOO vamos a realizar una serie de comunicados monográficos y periódicos sobre los resultados obtenidos en esta II Encuesta de Condiciones y Cargas de Trabajo, remitiendo un informe final a las autoridades laborales, a la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y a los grupos políticos con representación parlamentaria, con la idea de propiciar la imprescindible reforma legal que este sector necesita. 

Fuente: CCOO