La legislación preventiva ¿una carga o un factor de competitividad? Percepción de los empresarios de la Comunidad Autónoma de Madrid

Con el fin de favorecer la competitividad de las empresas y de permitir su pervivencia en un contexto de grave crisis económica, las sucesivas reformas laborales, iniciadas en el año 2012, han proporcionado al empresario diversos instrumentos que le permiten la reducción de sus costes salariales. A comienzos de la crisis financiera y económica, los expertos advirtieron ya del peligro de que dentro de las políticas de reducción de costes a que se podían ver obligadas las empresas para mantener la competitividad, éstas llegaran a plantear la prevención como un gasto, burocrático en su conjunto, que pudieran recortar al máximo [1]. No hace falta decir que, desde un punto de vista estrictamente económico, ello sería desastroso, porque los costes que genera la falta de prevención (costes económicos y costes ocultos) son superiores a los costes derivados del cumplimiento de la legislación preventiva, lo que podría terminar repercutiendo en la propia viabilidad de las empresas.

Este estudio es continuación del Proyecto de investigación “Análisis de la Rentabilidad de la Prevención de Riesgos Laborales” realizado por el Grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Europea de Madrid, dirigido por los profesores Enrique Gragera y Ángel Rodríguez. En el marco de dicho proyecto, se planteó el objetivo general de contribuir al debate que mantienen empresarios e instituciones, aportando conocimiento sobre la rentabilidad que genera el esfuerzo económico que realizan las empresas para cumplir con la legislación en materia de prevención. En esta comunicación queremos dar a conocer cuál es la percepción de los empresarios respecto de la legislación preventiva, si la perciben como una carga o como un factor que, incluso, contribuye a mejorar la competitividad de sus empresas. Pero el presente trabajo se plantea también conocer el discurso de los distintos agentes implicados en la elaboración de las políticas preventivas: Administración pública, sindicatos y asociaciones de empresarios. El objetivo final es descubrir los motivos que están detrás de una decisión empresarial de no cumplir la legislación preventiva, lo que puede obedecer a la falta de cultura preventiva, a los defectos de la propia legislación o a una acción combinada de ambos factores.