Las Constituciones y la seguridad vial

La seguridad de las personas como concepto de prevención y protección colectiva de una sociedad que se ve amenazada por una causa conocida sobre la que los poderes públicos pueden y deben actuar, necesita de un apoyo normativo que permita generar una regulación específica firmemente apoyada en el mayor rango jurídico posible.

Todos los derechos de los ciudadanos que se ven contemplados en la Constitución de cualquier país tienen después desarrollos reglamentarios firmes y eficaces en la garantía de que las leyes marco están siempre abrazando y confirmando los objetivos principales de la seguridad de los ciudadanos.

Pero no todas las “seguridades” tienen la misma consideración en las respectivas Constituciones. En la norma madre española se contempla el derecho de los ciudadanos a trabajar seguros  pero no se contempla su derecho a circular seguros ni a movernos con seguridad aunque el número de muertos en accidente de tráfico viene siendo el doble de la de los accidentes laborales. Cuando se ha tratado de influir en que la prevención ante la mayor causa externa de muertes en el país sea contemplada como derecho constitucional de los ciudadanos, se ha encontrado en quienes realmente pudieran trabajar en esta dirección con una sonrisa displicente. Algo así como que la Constitución no contempla estas banalidades. Trabajar seguro es un tema serio pero conducir seguro, he llegado a oir que pudiera ser susceptible de menguar la libertad individual de cada persona…. Y uno se pregunta si por esa misma regla de tres, pueden los usuarios de vehículos a motor a circular sin casco o sin el cinturón abrochado porque son dueños de sus propias vidas,… la eterna excusa de los infractores o de los egocéntricos que a fin de cuentas son quienes provocan mayormente los accidentes. Los constitucionalistas apoyando a la inseguridad vial. Puedes llegar a oir que uno tiene derecho a decidir su riesgo y su inseguridad pero no tiene derecho a decidir su futuro colectivo. Son estas evidencias y otras muchas de desprecio hacia la petición de millones de ciudadanos que se quieren sentir más libres, las que me autorizan a recordar que probablemente la misma Constitución que en sus orígenes ya no fue contemplada seriamente, tampoco merece nuestros respetos por su ignorancia o desprecio a la seguridad vial. Recordemos si no.

Desde que el 19 de Marzo de 1812 los liberales españoles declaraban su fidelidad a la Constitución aprobada por las Cortes de Cádiz con el grito de “Viva La Pepa”, se inició un progresivo deterioro del prestigio de  las Constituciones como Leyes Marco – Leyes Madre o Leyes Base, que ha ido paralelo al festivo compadreo de gestos y frases encadenadas a la interpretación de que “Viva La Pepa” es sinónimo de desmadre o libertinaje. La idiosincrasia española inauguró así una serie de interjecciones que siguen utilizándose siglos después como el “Trágala” para humillar al rey Fernando VII obligado a jurar la Constitución en 1820 o el “Himno del Riego” que glorificaba al este militar liberal sublevado anticonstitucionalista y ajusticiado en 1823. El hecho de que fueran otras constituciones y no la de Cádiz las que estuvieran en vigor no restó capacidad de convocatoria al grito, sino todo lo contrario, al añadir la nostalgia y la comparación del ideal progresista con las restricciones que el moderantismo imponía a los textos en vigor a lo largo de todo el siglo XIX. Ahora en el Siglo XXI con una Constitución que se mantiene inamovible ante clamores populares, se constata que desde Alemania si se puede modificar nuestra Constitución en 15 días.

Los modestos investigadores de la seguridad vial seguiremos reivindicando que en la Constitución se reconozca el derecho a conducir, a circular o a desplazarnos seguros individual y colectivamente. El mismo derecho constitucional que contempla trabajar seguro. A fin de cuentas todo es vivir seguro. Aunque nos tememos que todo seguirá igual y podremos seguir escuchando “Viva la Pepa”.