La Fiscalía exige más poder de actuación para investigar los accidentes laborales

Esta es una de las conclusiones que la Fiscalía General del Estado plasma en su Memoria anual de la actividad llevada a cabo en 2021, que fue presentada el pasado martes en el acto de Apertura del Año Judicial. Así, entre las soluciones que el Ministerio Público propone para acelerar este tipo de procedimientos se encuentra la especialización de los juzgados, acompañado de la dotación de mayores competencias a los fiscales de este área para investigar los accidentes laborales, así como los fraudes a la Seguridad Social que perjudiquen los derechos de los trabajadores. 

En el apartado dedicado a la siniestralidad laboral, la Memoria de la Fiscalía subraya que es "imprescindible visibilizar" a todas las personas que han sufrido un accidente laboral y que se convierten en "víctimas silenciosas", no solo por el tiempo que tarda la Justicia en dar una respuesta, sino porque que la gravedad de su situación ha sido originada en su "medio de vida", lo que hace que muchas de ellas terminen desistiendo. Por ello, la unidad que coordina el fiscal de Sala Félix Pantoja García alerta sobre la "imperiosa necesidad" de adoptar algún tipo de acuerdo, compromiso institucional y medidas que trasladen a la sociedad la relevancia del accidente de trabajo y la enfermedad profesional. 

"No solo el derecho penal o el derecho sancionador administrativo han de jugar el papel coercitivo que les corresponde, sino que es necesario hacer llegar a administraciones y organizaciones empresariales y de trabajadores que el coste de las medidas preventivas y formativas no constituyen un gasto, sino que se trata de una inversión cuya rentabilidad se encontrará en la disminución del dolor personal y social que produce el accidente de trabajo, y también en la disminución del coste de las medidas reparadoras tanto las sanitarias como las emocionales y sociales", insiste la Fiscalía que ha adoptado el nombre de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En este sentido, el Ministerio Público es consciente de que una de las causas que más perjudican a las víctimas son los tiempos de pendencia de las causas, "extraordinariamente largos por su complejidad". En su opinión, la extensión de los procedimientos en muchas ocasiones se debe a la "escasa iniciativa procesal" de los juzgados o por el "desconocimiento" que algunos de ellos tienen sobre a quién se debe achacar la responsabilidad del delito, dirigiendo en ocasiones las investigaciones contra personas jurídicas (empresas) y no contra las personas físicas, o contra los representantes legales por el mero hecho de serlo. A ello se suma la dificultad que implica la elaboración de informes técnico-periciales, así como la presentación de la ingente cantidad de recursos, y la tardanza para que los juzgados señalen fechas para celebrar juicios debido a sus saturadas agendas.

Por todo ello, la Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo defiende la "ventaja" que supone su especialización, que permite evitar 'enredos' gracias al "conocimiento profundo de la materia sobre la que se va a actuar", además de la unidad de actuación del Ministerio Fiscal, y reclama la "ampliación de competencias" para asumir todos los delitos contra los derechos de los trabajadores que recoge el Código Penal, así como los fraudes a la Seguridad Social en perjuicio de los empleados. Según explica, todos estos ilícitos ya son perseguidos por el Ministerio Público mediante la actuación de distintos departamentos, si bien lo que se pretende -y así se ha puesto ya de manifiesto ante los Ministerios de Justicia y Trabajo- es que este trabajo lo realice una sola área.

Más fiscales y acción de los sindicatos

De aceptarse esta petición, la Memoria de la Fiscalía apunta que es necesario ampliar la plantilla de fiscales para hacer frente a las nuevas competencias y a la carga de trabajo que ello implica. Asimismo, señala que también sería "deseable" que el Poder Judicial aprobara la especialización de juzgados, tanto de instrucción como de enjuiciamiento, ya sea con la creación de una espacialidad 'ad hoc' o con la atribución de competencias sobre este asunto a determinados órganos de forma "exclusiva pero no excluyente".

Por otro lado, el Ministerio Fiscal también plantea la posibilidad de que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga presencia en los juzgados de lo Social, en aquellas causas en las que se demanden recargos de prestaciones o indemnizaciones por daños y perjuicios como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Ello llevaría aparejado la modificación de la Ley reguladora de esta jurisdicción para que permita su intervención. Asimismo, aboga por que los sindicatos puedan participar como acusación popular en los procesos contra los derechos de los trabajadores, relativos al acoso laboral y por fraudes a la Seguridad Social.

Riesgos laborales de las mujeres

Entre los objetivos, la Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo también destaca su voluntad para evaluar los riesgos laborales que afectan a las mujeres trabajadoras. Se trataría de conocer si empresas y empleadores tienen en consideración "ciertas realidades físicas y biológicas de las mujeres que hacen que la exposición al mismo riesgo puede afectar de forma diferente a la salud de trabajadores y trabajadoras (...), si se respeta la adecuación de los mismos a las características físicas y ergonómicas femeninas", explica. 

"Es importante saber cuáles son sus enfermedades profesionales y las singularidades de los riesgos laborales en aquellos sectores especialmente feminizados, como el sector sanitario, educativo, servicio de dependencia, empleadas del hogar, agricultura, sector turístico y, especialmente, en el ámbito de la hostelería", añade. Al hilo, la Fiscalía recalca que en una reunión con el sindicato de las camareras de piso, conocidas como 'kellys', éstas expusieron la insuficiencia de las evaluaciones de riesgos de sus puestos de trabajo, en las que no se tienen en cuenta la probabilidad de sufrir trastornos musculoesqueléticos, que afectan a la mayoría de este colectivo.

Datos de accidentes

De acuerdo a los datos (provisionales) que la Fiscalía aporta en su documento, se observa cómo el número de accidentes laborales ha ido incrementado desde el año 2017 (503.749) al año 2019 (517.404). Esta tendencia sufrió un abrupto desplome en el año 2020 (399.978), a causa de la pandemia del covid-19 que estuvo protagonizada por el confinamiento de la población, si bien las cifras volvieron a crecer en el año 2021 (465.586) como consecuencia de la progresiva vuelta a la normalidad.

De este estudio se desprende que, mientras en el año 2017 se producían 3,20 víctimas mortales por cada 100.000 habitantes dados de alta en la Seguridad Social con las contingencias por accidentes laborales cubiertas, en el año 2021 ha sido de 3,30. En este sentido, el Ministerio Público destaca que las causas de los accidentes siguen siendo las mismas, "lo cual indica claramente que siguen produciéndose los mismos incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales por los responsables de seguridad de los trabajadores y trabajadoras". 

En total, en 2021 se produjeron 705 accidentes mortales -633 corresponden a trabajadores asalariados y 72 a trabajadores por cuenta propia-, de los que 575 fueron en jornada de trabajo y 130 'in itinere'. A mayor abundamiento, 480 correspondieron a varones y 28 a mujeres. Si se tiene en cuenta los sectores con mayor siniestralidad laboral, en 2021 el sector servicios mantuvo el mayor número de fallecidos con 265, seguido de la industria con 103, la construcción con 97 y, por último, el sector agrario con 43. La Fiscalía también diferencia los motivos y señala que de los 575 accidentes en jornada de trabajo, 221 lo fueron por causas naturales, mientras que 98 se debieron a accidentes de tráfico y los 256 restantes a atrapamientos, aplastamientos, amputaciones, choques o golpes contra objetos en movimiento, caídas, ahogamientos en líquidos, entre otras causas.

Fuente: Lainformación