Los funcionarios del Estado podrán hacer teletrabajo hasta 4 días por semana

Cuatro días en casa y uno en la oficina. Así podrá ser la semana a partir de ahora para los funcionarios de la Administración General del Estado al cuidado de menores de 14 y dependientes. Los sindicatos CSIF, UGT y CIG y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública han llegado a este acuerdo tras la crisis de la covid-19 para que este grupo de trabajadores pueda realizar hasta cuatro jornadas de teletrabajo a la semana. El acuerdo ha sido firmado este miércoles, con la ausencia del sindicato de CCOO.

La resolución entrará en vigor desde que se alcance la nueva normalidad, desde el 21 de junio, finalizado el estado de alarma, hasta que se determine el fin de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, según ha informado el sindicato, que ha precisado que se trata de una modalidad "voluntaria y reversible".

CSIF ha destacado que se trata de un acuerdo "pionero" en la organización del trabajo en España, así como en la conciliación de la vida familiar y laboral, que tendrá su continuación en la futura regulación del teletrabajo, que se empezará a negociar en julio con el equipo de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. "El acuerdo garantiza mantener la calidad en la prestación del servicio, además de la salud de los empleados público", ha comentado la ministra.

Un mínimo de un día

En concreto, esta resolución contempla cuatro días de trabajo no presencial y uno presencial para aquellas personas que tengan a su cargo hijos hasta los 14 años, dependientes, así como aquellos con patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus.

Para el resto de personas, el sistema ordinario de trabajo será la modalidad presencial con la posibilidad voluntaria de, como mínimo, un día a la semana de teletrabajo. Según el acuerdo, la modalidad no presencial, que en ningún momento se denomina 'teletrabajo', tendrá carácter voluntario y podrá ser reversible por razones de carácter organizativo y de necesidades del servicio. "Se articulará por el titular de cada centro directivo, en los puestos de trabajo cuya naturaleza lo permita y siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios", destaca . 

Rechazo de CCOO

La propuesta no cuenta con el respaldo de los otros sindicatos, entre ellos el de CCOO, que es mayoritrio en el cojunto de las aministraciones públicas. Según José Manuel Vera,  secretario general de la función pública de ese sindicato, "CCOO no ha firmado el acuerdo, porque en realidad no es una regulación, sino una desregulación del teletrabajo".  Han señalado que la forma que se le ha dado al acuerdo asume que el pacto de teletrabajo se mantendrá de forma indefinida y no mientras dure la pandemania, que es lo que la Administración había aunciado en su momento.

Vera ha explicado que CCOO pidió a la Administración hace seis semanas constitutir una mesa de trabajo para abordar el teletrabajo y no ha habido otra respuesta que "pactarlo por la puerta de atrás con otro sindicato", ha comentado. CCOO destaca que en el pacto alcanzado no se precisa quién podrá acogerse al teletrabajdo. "Dependerá de los jefes de servicio decidirlo, más allá de las condiciones generales acordadas, como que sean las personas a cargo de dependientes quienes lo lleven a cabo", afirma Vera. Tampo se establece quién debe aportar los medios para el teletrabajo, si la Administración o los propios trabajdores. "Hasta ahora han sido los funcionarios", afirma Vera.

Tres días en Catalunya

El acuerdo no incluye la actividad de la Administración catalana que tramita un decreto para regular el teletrabajo en la línea del ya aprobado en febrero y que afecta a 2.500 funcionarios del Distrito Administrativo, el edificio contiguo a la Ciutat de la Justícia que alberga a los empleados de varias de 'conselleries'. Esos trabajadores públicos puede realizar teletrabajo tres días a la semana y actividad presencial otros dos. 

El Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques que dirige Jordi Puigneró, no ha dado a conocer el contenido del decreto que debe regular el teletrabajo para el resto de trabajadores públicos (200.000 en total), pero se considera la idea de mantener las condiciones de las que ya gozan los empledos que teletrabajan. En todo caso, la Administración catalana reclama al Estado que no interfiera el modelo de teletrabajo con el que se ha dotado el sector público catalán.