La Seguridad Social prevé ahorrar 33 millones con un mayor control de las bajas médicas

La Seguridad Social prevé ahorrar 33 millones con un mayor control de las bajas médicas

UGT opina que a quien se debería investigar es a las mutuas, y no a los trabajadores
30 October 2018

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) efectuará 64.000 controles médicos de procesos de incapacidad temporal durante el último trimestre del año. Esta campaña para luchar contra el fraude en las bajas médicas es la medida estrella del nuevo Plan de Intensificación de Actuaciones en esta materia. La campaña está dotada con 312.142 euros. El Ministerio de Trabajo explicó ayer que pretende ahorrar más de 33 millones de euros en prestaciones injustificadas.

Estas actuaciones se suman a las que ya tiene en marcha este organismo. Unos 267 inspectores médicos, que participan voluntariamente en el mismo, ampliarán cuatros horas su jornada laboral para ejecutar este plan, según avanzó ayer Trabajo.

Las actuaciones de este plan se centrarán en las bajas de menos de 345 días de duración para verificar que las situaciones de incapacidad temporal y el correspondiente pago de prestaciones están "médicamente justificadas" teniendo en cuenta la actividad laboral concreta del trabajador.

Según UGT, la medida pone a los trabajadores, bajo sospecha

Una vez más se pone a los trabajadores afectados bajo el foco de la sospecha. Desde UGT hemos transmitido ya nuestra preocupación al respecto, aunque podamos coincidir en que la prioridad de todos los agentes implicados debe ser acortar los periodos de baja, no coincidimos en el objetivo final. Desde el sindicato creemos que la finalidad de este plan no debe ser el ahorro de prestaciones, sino una consecuencia de la recuperación de la salud de los trabajadores y trabajadoras que están en IT.

Según el sindicato, las estadísticas no avalan que un mayor control coercitivo sobre las personas trabajadoras y los Médicos responsables de los procesos disminuya el número de bajas emitidas, ni que se pueda concluir un ahorro económico, que como parece es el principal objetivo de esta medida.
 
Dice UGT que les preocupa enormemente la pretensión que desde hace muchos años tienen las Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, de tener competencias para dar altas en los procesos de IT por contingencias comunes. Con la puesta en marcha de este plan ya hay voces que reclaman dar el alta sobre todo en procesos relacionados con las bajas traumatológicas.

Más que poner el foco en fiscalizar a las personas trabajadoras que sufren una IT por contingencia común deberían reflexionar desde el INSS sobre las consecuencias que tiene la negativa por parte de las Mutuas, al reconocimiento de contingencias profesionales y su derivación de forma sistemática a los Servicios Públicos de Salud para su consideración como contingencia común.

Desde el sindicato, llevamos tiempo denunciando que las Mutuas vienen endureciendo los criterios a la hora de expedir una baja por contingencia profesional y el trasvase existente a contingencia común, con el consiguiente perjuicio económico para las personas trabajadoras afectadas y para la sociedad en su conjunto que, en definitiva, acaba asumiendo este coste. Y no digamos la repercusión que tiene desde la salud laboral, lo que no se ve no se previene.
Además, parece que se pone en cuestión la actuación, competencia y profesionalidad de los Médicos de los Sistemas Públicos de Salud, cuestión que consideramos del todo inadmisible. Son los titulares de los Sistemas Públicos de Salud quienes deben dar las altas. Con esta propuesta se produce una intromisión en las competencias sanitarias de los médicos del SNS.

Antes de poner en marcha este plan, creemos desde el sindicato que se deberían haber explorado otras medidas que involucraran a empresas y a trabajadores en la búsqueda de soluciones y no basar todas las actuaciones en medidas coercitivas, que no hacen otra cosa que criminalizar a las personas trabajadoras que sufren por el ejercicio de un derecho, la protección de su salud y necesidad económica ante el padecimiento de una incapacidad temporal.

Fuente: EL PAÍS Y UGT

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