Propuesta de la Comisión para ampliar la información de las empresas sobre RSE

La pasada  primavera (16 de abril), la Comisión Europea puso en marcha el proceso para introducir nuevas reglas sobre responsabilidad social empresarial (RSE) para ampliar las obligaciones de las empresas de hacer pública información no financiera, como sus políticas sobre diversidad y las políticas ambientales y explicar por qué no han progresado en estas áreas, si ese fuese el caso. Según la Comisión, menos del 10 % de las mayores empresas de la UE producen periódicamente informes de sostenibilidad.

La propuesta requeriría que las sociedades cotizadas hiciesen pública información sobre asuntos ambientales, asuntos sociales y relacionados con los empleados, el respeto de los derechos humanos y las cuestiones de lucha contra la corrupción y el soborno. También tendrían que revelar detalles acerca de la diversidad en su junta directiva. Alrededor de 18.000 empresas se verían afectados por las nuevas normas, en comparación con las 2.500 organizaciones que ahora dan a conocer información ambiental y social.

En una reunión celebrada en Bruselas el 22 de mayo, los jefes de Estado y de Gobierno manifestaron su acuerdo sobre la adopción de  esas nuevas obligaciones de presentación de informes de RSE y se comprometieron a ampliar las obligaciones de presentación de informes de manera que, en el caso de las multinacionales, se incluiría información para cada uno de los países en los que operen y no globalmente, como hasta ahora.

El Parlamento Europeo ha estado considerando la propuesta, pero es probable que no recomiende la adopción de las declaraciones país por país.  Fuentes del Parlamento manifestaron  que el apoyo a los informes país por país, tiene pocos partidarios entre los Estados miembros. "Sólo España y Francia lo están apoyando, y algunos Estados miembros - especialmente Alemania - están cada vez más en contra de la introducción de cualquier propuesta, por lo que el Parlamento no insistirá en el tema por temor a que se destruyan las posibilidades de toda la propuesta", dijo una fuente relacionada con el tema.

"Es extraño que hayan cambiado de opinión en lo que los líderes acordaron hace tan poco", dijo otra fuente bajo condición de anonimato. "Hay algunos indicios de que era muy tarde por la noche [ en la cumbre ] cuando los líderes hicieron su promesa, y no todos entendían lo que estaban aceptando! " continuó la fuente.

La oposición de Alemania refleja opiniones de la industria del país. Un portavoz de la Federación de la Industria Alemana (BDI ), que representa a más de 100.000 empresas , dijo que el grupo aboga por la retirada de la propuesta de la Comisión que es "problemática, ya que impondría una carga adicional y requisitos desproporcionados en numerosas empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas".

La Comisión estima que su propuesta podría costar a las empresas, en promedio, menos de 5.000 euros. BDI considera la estimación "demasiado baja", dado que no se tiene en cuenta el coste de la recogida de los datos necesarios o la auditoría externa de la información adicional en el informe de gestión, entre otros aspectos.

Las estimaciones efectudas por Business Europe, la organización paraguas de la patronal europea, evalúan los costes reales entre € 155.000 y € 604.000 por año. "Estas cargas financieras adicionales pondrían a las empresas europeas en una seria desventaja en cuanto a su competitividad internacional, y por lo tanto se debe evitar aprobarlas", dijo el portavoz de la BDI.

La oposición empresarial a la extensión de los informes no financieros puede encontrarse nadando contra la corriente. Cada vez hay más apoyo tanto en los EE.UU. como en Europa para los llamados "informes integrados", lo que significaría la aplicación de las normas de responsabilidad social para cada parte por separado de las cuentas de la empresa, en lugar de redactar un único informe e incluirlo en forma de anexo a las cuentas, como la propuesta de la Comisión sugiere .

Fuente: Euractiv