Los "cinco de Cerredo" no irán a prisión, al rebajar la Audiencia la pena a la que fueron condenados por el juzgado

Los cinco trabajadores de la empresa minera Uminsa que en mayo pasado fueron condenados por un juzgado de Oviedo a dos años y medio de prisión por agredir a los responsables de la compañía el día en el que se produjo un accidente laboral en Cerredo (Asturias) no entrarán finalmente en prisión.

La Audiencia ha revocado aquella sentencia y estima que no concurre en los acusados ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Les rebaja la condena a un año de prisión, de tal forma que, al carecer de antecedentes, no tendrán que entrar en prisión.

Los hechos sucedieron el 12 de julio de 2012. Con motivo de un accidente y el traslado de los heridos, se produjo un forcejeo entre trabajadores y responsables de la empresa. La compañía decidió llevar el asunto a los tribunales. Los trabajadores siempre han defendido que actuaron para llevar a un centro sanitario a sus compañeros.

Tras conocer el fallo de la Audiencia, el sindicato CSI ha manifestado su satisfacción y ha agradecido la solidaridad que durante este periodo han recibido de miles de personas.

Pero además, una vez depuradas las responsabilidades de los trabajadores, han exigido una investigación para depurar las de los "responsables del accidente". Afirman que aquel fatal día, en lugar de subir a los heridos en las ambulancias, que esperaban aparcadas en la boca de la mina, un mando de la empresa los subió a un vehículo todoterrreno para conducirlos a los vestuarios para "intentar ocultar la gravedad del accidente".

Para la CSI, tanto la Dirección General de Minas, como la Inspección de Trabajo y la propia Justicia no pueden dar por cerrado este caso y es necesario abrir una investigación a fondo.

"Actuaciones irracionales como disparar con goma-2, con tres trabajadores atrapados en la mina, amenazar a los trabajadores accidentados con despedirlos si denunciaban el accidente o transportarlos en un vehículo no autorizado hacia los vestuarios, en lugar de llevarlos a un centro médico, no merecen, siquiera, una investigación si quien lo hace es un capataz de la empresa", lamentan desde el sindicato.

Fuente: La Nueva España