Accidente del Alvia en Santiago: los responsables de ADIF "sospechosos de criminalidad" según el juez instructor

La línea de alta velocidad Ourense-Santiago, se diseñó originalmente con ancho internacional, como el resto del AVE español. Pero en 2010 Adif la abrió en ancho convencional. Esa decisión, que para el juez instructor del accidente, perseguía “ahorrar unos minutos” en los viajes, implicó unos cambios en la seguridad de la línea que, según el magistrado, supuso “jugar con la vida de muchas personas”. Así lo dice en un auto que ha hecho público en el que considera que los miembros del Consejo de Administración de Adif debían conocer la merma de seguridad en que derivaría el cambio de ancho.

El juez Aláez viene considerando desde el inicio de la instrucción que la “conducta negligente o meramente descuidada” del maquinista del tren accidentado no exime de responsabilidad a Adif, que debía haber previsto y paliado el error humano.

En su último auto, el instructor analiza la decisión tomada en 2010 de cambiar el ancho de vía y las modificaciones de seguridad que implicó, en particular la reducción del ámbito espacial en el que se instaló el sistema de control constante de velocidad, ERTMS: inicialmente llegaba hasta la misma estación de Santiago pero luego solo se colocó hasta cuatro kilómetros antes de Angrois. Desde un año antes del accidente los Alvia circulan por esa línea con el ERTMS desconectado a bordo por los problemas que daba y que Renfe sigue sin solucionar. Aún así, el juez considera que la reformulación de las vías y la reducción del ámbito del ERTMS debió llevar a Adif a reforzar el sistema de seguridad inferior, el ASFA de control puntual de la velocidad, con señales que paliasen un despiste aunque el sistema superior no funcionase ni en las vías ni a bordo. Adif acabó poniendo esas señales ASFA tanto en Angrois como en otros puntos de España una vez que ocurrió el siniestro. No haberlo hecho antes es, según el juez, “sospechoso de criminalidad”.

La decisión de cambiar el diseño original de las vías fue, para Aláez, “tomada supuestamente por motivos comerciales o productivos”, para la “captación de usuarios de la línea con fines lucrativos”, ya que permitía “ahorrar unos minutos” al no tener que cambiar el ancho de rodada de los trenes, además de “una insignificante rebaja de los costes”. “Presumiblemente la única utilidad que obtuvo la sociedad con aquella decisión ha sido el ahorro de unos minutos de viaje como contrapartida a un importante aumento del riesgo para la vida de los cientos o miles de personas que utilizan la línea”, sentencia.
Fue, según el juez, un “regateo en seguridad” del que debían ser conocedores los miembros del Consejo de Administración de Adif “que, sin duda, podían rechazar la propuesta”. Aláez sospecha de los que decidieron el cambio en 2010, con el socialista José Blanco al frente de Fomento, pero no toma aún ninguna decisión procesal sobre ellos. Antes ya imputó a los que fueron consejeros desde la apertura de la línea Ourense-Santiago, en diciembre de 2011, hasta el accidente, pero la Audiencia de A Coruña lo hizo rectificar y le pidió más pruebas. Ahora, Aláez lanza su argumentación “con el carácter provisional que es propio de esta fase” y admite que el suyo es “un pensamiento influido de cuestiones técnicas”, por lo que pide a los peritos que avancen un dictamen sobre las características de la línea.

En su auto, el juez también cita a declarar el 7 de marzo en calidad de testigos a tres técnicos intermedios de Renfe: el jefe de maquinistas de Ourense que un año y medio antes del accidente avisó de la insuficiente señalización de la curva de Angrois, el superior inmediato al que envió un correo con dicha advertencia y un miembro del departamento de Seguridad en la Circulación de operadora que supuestamente también lo habría recibido pero que lo niega. Aláez considera necesario “conocer el curso que haya podido seguir aquella alerta”. En el aire está saber si, tras este duro auto, Aláez seguirá al frente de la investigación. Ha pedido su traslado a otro juzgado por motivos personales, lo que lo apartaría de la instrucción.

Fuente: El País