JOSE MIGUEL TRIGOSO: Seguridad vial …solo por funcionarios?

JOSE MIGUEL TRIGOSO: Seguridad vial …solo por funcionarios?

El mejor responsable público es aquel que sabe gestionar los asuntos de interés público y social coordinando todas las posibilidades y colaboraciones dentro y fuera de la Administración.
1 Abril 2015

La mayoría de los programas políticos en campaña electoral contienen compromisos de mejora cualitativa y cuantitativa en las materias más cercanas a los ciudadanos: educación desde el parvulario hasta la universidad, trabajo desde la vertiente empresarial como laboral, salud tanto ambulatoria como hospitalaria y seguridad tanto laboral como vial. No dicen cómo, pero se comprometen a alcanzar unos objetivos.

Una vez ganadas las elecciones se disponen a ser fieles al desarrollo de los mensajes emitidos a la sociedad y cuando miran a su alrededor solo encuentran funcionarios con derechos adquiridos, con puesto de trabajo eternos y con unos reglamentos de exclusión de todos los demás. Y con tales medios humanos debe de desplegar su proyecto.

Pero eso no es cierto. Alrededor de los funcionarios está toda la sociedad con extraordinarios especialistas capaces y deseosos de colaborar, cada uno en su sector o ámbito de conocimientos, compartiendo los mismos objetivos que se han impuesto los propios responsables públicos. Pero…. No es tan fácil…. El sentido PATRIMONIALISTA de algunos funcionarios del “sistema” , cuyo patrimonio se lo han otorgado unilateralmente, se opone muchas veces de manera visceral (casi siempre de manera sibilina y hasta engañosa) a la colaboración técnica, especializada, cualificada y rigurosa porque son “otros” de fuera de la “casa”…y a saber lo que pretenden…  

Cuando se debate la posibilidad de reforzar la función pública con medios no funcionariales, los que han hecho de su puesto de trabajo en la Administración, alegan que ellos tienen un Código normativo que les dice que

1.- Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

2.- Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio.

3.- Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios y con sus superiores, comapañeros, subordinados y con los ciudadanos.

4.- Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otrs condición o circunstancia personal o social.

5.- Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.

6.- No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

7.- No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

8.- Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.

9.- No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa, y en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

10.- Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro del plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

11.- Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12.- Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión está prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan pòr razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Este Código que esgrimen los ·funcionaristas· como el Santa Santorum de su exclusividad, que quiere decir, del rechazo a cualquier otra persona, por muy experta que sea, de ejercer funciones ni de apoyo a la función pública, es un buen marco de principios, pero una vez leído nos damos cuenta que en todo momento habla de EMPLEADOS PÚBLICOS y no funcionarios de carrera, por lo que cualquier interpretación excluyente no deja de ser una muy importante discriminación de los demás ciudadanos que cumpliendo este dodecálogo, serían capaces de hacer y muchas veces mejorar, las prestaciones de los funcionarios del sistema.

Si hemos elegido a José Miguel Trigoso como líder de seguridad vial es porque ha sido siempre un valiente defensor de la participación de todos en los Planes de Seguridad Vial, tanto, que durante mucho tiempo, la Asociación privada que é ha presidido o dirigido se ha hecho cargo en Portugal de los exámenes de conducir. Y no viene siendo fácil porque el desarrollo de estas importantes actuaciones de servicio público por la Prevençao Rodoviaria Portuguesa, recibe aportaciones de la Administración responsable que no siempre liquidan con fluidez. El reconocimiento a Trigoso por su labor, se plasmó en su nombramiento como Presidente de la Prevention Routière International que siempre se ha manifestado partidaria de tender a la visión cero de mortalidad con la colaboración, coordinación y confianza de todos.

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Comentarios

Imagen de Peter Feinmann

¿Se está hablando de Portugal o de España? Porque en España el papel de los funcionarios es cada vez mas reducido, entre el personal no funcionario de las administraciones y la enorme cantidad de personal subcontratado de empresas externas. En España los funcionarios son una especie en vias de extinción.

Imagen de JLPedragosa

Ponemos a Trigoso como ejemplo de Portugal pero estamos apuntando a España en materia de seguridad vial. Los examinadores de conducir, aun deben de ser funcionarios de Interior (si no de la DGT, de Prisiones o de Correos). Las sesiones de educación vial escolar, en hogares de jubilados y ahora en las empresas son objetivo de las policías (de carretera y locales). Existiendo profesionales como los profesores de formación vial y los técnicos de prevención preparados para realizarlas. Abrir el campo de las acción pública a las entidades o profesionales privados debidamente preparados y controlados es aun en España una signatura pendiente en los departamentos de Interior. Otra cosa son las colaboraciones privadas en el mundo de industria, comercio, turismo, obras públicas, sanidad y trabajo.

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