La vigilancia de la salud de los trabajadores está resucitando

Hasta la publicación de la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, el sistema español de seguridad y salud en el trabajo era controlado por los médicos del trabajo, y con la nueva reglamentación los profesionales prevencionistas con titulaciones técnicas han pasado a ocupar la mayor parte de las especialidades de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología, quedando los médicos del trabajo centrados en la vigilancia de la salud de los trabajadores. De alguna manera, la gestión de la PRL está liderada por los técnicos de nivel superior en PRL con las tres especialidades, pocos de los cuales son médicos. No se trata de una confrontación entre ingenieros y médicos o entre químicos y psicólogos sino de una separación natural de las especialidades que ha ido ocultando los grandes beneficios de un conocimiento y seguimiento de la salud de las personas en relación con las tareas o funciones que tienen encomendadas en las empresas.   

Esta dualidad de posibilidades en la dirección de los aspectos de salud no es nueva. Personalmente he vivido una etapa en la sanidad catalana al crearse el Instituto catalán de la Salud (ICS) tras ser transferidas las competencias de sanidad y seguridad social (INSALUD) a las Comunidades Autónomas, en el que se optó por nombrar para la gestión de las distintas áreas sanitarias con sus hospitales y ambulatorios a renombrados profesionales en la dirección de empresas (economistas, ingenieros) que sustituyeron a los directores médicos en la gestión. Se notó el cambio y hubo algunos parámetros que mejoraron, pero a la larga se empezaron a producir disfunciones en las decisiones que afectaban de manera importante a la planificación de la salud pública y tras un lustro de gerentes no médicos volvieron a ser profesionales de la medicina o farmacia quienes ocuparon los cargos de mayor responsabilidad que contrataban a sus órdenes a personal no médico para los aspectos más industriales u organizativos de sus instalaciones.

La devaluación de la actividad médica en el sistema de prevención de riesgos laborales vigente vino a raíz de la propia redacción del artículo 22 de la ley 31/95 de PRL en el que se dice “El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo”, y sigue diciendo “Esta vigilancia solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento”, lo que viene a equivaler a que cada persona es libre de decidir si puede o debe de ser sometido a pruebas de vigilancia de la salud, y ello es un hándicap muy importante para el eficaz seguimiento de los efectos del trabajo en la salud del trabajador. Se optó por una fórmula muy proteccionista que revela una influencia de la negociación sindical con frases como “… se deberá optar por pruebas que causen las menores molestias al trabajador…” y se hacen referencias a la confidencialidad de los datos…”los cuales no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador”… Todo ello aunque es razonable, no ha dejado de ser una espada de Damocles sobre el empresario y los médicos que intentan desarrollar sus responsabilidades haciendo equilibrios ante situaciones de riesgo y sobre todo de accidente para cumplir con lo que prevé el apartado 4 del referido artículo 22 que dice textualmente: “ El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador”. Esta situación no difiere esencialmente de los datos de estado de salud de los conductores de vehículos a motor que se aprecian en los centros de reconocimiento cuando se efectúan las revisiones periódicas del permiso de conducir y que constituyen una muy importante asignatura pendiente de la seguridad vial. La solución para ambos casos está en la integración de estas pruebas médicas en el sistema nacional de la salud pero no tanto para alimentar desde la empresa o la autoescuela los datos al órgano competente sino por el contrario que fuera el sistema nacional de la salud el que implicara como elementos propios de la seguridad laboral y vial las pruebas sobre las condiciones de las personas (trabajadores y conductores), sus limitaciones y sus medicaciones.

La crisis mundial del coronavirus extendida desde el inicio del 2020 nos ha recordado que al final de una pandemia hay un sistema sanitario con profesionales competentes y bien organizados capaces de aportar soluciones óptimas ante situaciones de deterioro de la salud de colectivos importantes de personas implicadas (como son los trabajadores y los conductores que se accidentan o pueden llegar a accidentarse). Los mismos que han suscrito con diligencia las instrucciones a las empresas para la prevención del coronavirus dictadas por el Ministerio de Sanidad en refuerzo de la prevención de riesgos laborales. Un potentísimo colectivo profesional que debe volver a integrarse en plenitud al sistema actual o al nuevo sistema que se refuerce o renueve.