Año Nuevo: ¿Vida nueva?

Desde que, hace ya once años, se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la mejora de las condiciones de trabajo, medida a través de la siniestralidad laboral, ha sido prácticamente inapreciable: el índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja ha pasado de 6.059 accidentes/año/100.000 trabajadores (1995) a 6.011 (2005) tras un ascenso hasta 7.558 (2000), una cota no alcanzada desde los años setenta del siglo pasado. Si se tiene en cuenta, además, que las empresas españolas han gastado en ese período miles de millones de euros en pagar servicios de prevención, auditores, centros de formación y asesores varios, y que las administraciones públicas han dedicado también al tema sumas considerables, no cabe sino concluir que se impone un cambio de rumbo que enmiende los yerros cometidos hasta ahora.

Unos yerros que ya en el año 2001 detallaba exhaustivamente el informe Durán, del que destacaremos su valoración del que a nuestro juicio es el más importante de aquellos: ”...el Reglamento de los Servicios de Prevención, de alguna manera, contribuye a que la prevención con medios propios sea excesivamente costosa, forzando en la práctica a que las empresas recurran,..., de forma mayoritaria a los servicios de prevención ajenos y, además, a que lo hagan para la gestión de todas las actividades preventivas de la empresa” (página 269).

A pesar de lo obvio de este error, cuyas consecuencias fueron magnificadas por una acción de control centrada en la documentación y no en las condiciones reales de trabajo, ni la reforma de la Ley de Prevención (Ley 54/2003) ni la del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 604/2006) dieron pasos significativos para corregirlo realmente, lo cual exigía por lo menos equiparar en coste la prevención con medios propios con la realizada con medios ajenos. Se hablaba mucho de la integración de la prevención como la primera obligación a respetar, pero no se establecían medios realistas para que se llevara a la práctica.

Pero, al fin, parece que la sensatez se ha abierto un hueco en las alturas. El pasado veinte de octubre el Gobierno presentó a los agentes sociales el borrador de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2001), un documento sorprendente por lo que tiene de trasgresor respecto a muchos de los principios que inspiraron las políticas del decenio anterior y del que a continuación destacaremos lo que a nuestro juicio es más innovador de su amplio (treinta y siete páginas) contenido.

En primer lugar, se propone terminar con la política del café para todos, reconociendo que las pequeñas y medianas empresas requieren tratamientos cualitativamente distintos de los dispensados a las grandes si se desea obtener niveles de protección parecidos: por eso se propone, para las empresas que tengan hasta 50 trabajadores (salvo que desarrollen actividades incluidas en el Anexo I del RSP), que la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva puedan realizarse de forma simplificada; una medida que afecta a más del 90% de las empresas españolas. En la misma línea se propone eliminar la obligación de la auditoria para las mismas empresas anteriores que desarrollen la actividad preventiva con recursos propios, neutralizando así el efecto desincentivador que la auditoria representaba para organizar la prevención con recursos propios en las pequeñas y medianas empresas. Asimismo se propone que el actual límite de seis trabajadores para que el empresario pueda asumir por sí mismo la actividad preventiva se amplíe hasta quince trabajadores.

En segundo lugar, se propone facilitar la labor preventiva con medios propios bonificando la contratación de trabajadores designados con dedicación exclusiva a tareas preventivas o que formen parte del servicio de prevención propio y estudiar la posibilidad de que los profesionales especializados en prevención puedan ser directamente contratados por la empresa o por el servicio de prevención propio, algo legalmente imposible en la actualidad. A ello se añade la posibilidad de obtener bonificaciones en la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional para las empresas que sin estar obligadas legalmente decidan tener recursos preventivos propios.

Finalmente, en tercer lugar, se abre, aunque con carácter experimental, la vía para que las empresas hasta cincuenta trabajadores puedan acogerse al asesoramiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para planificar sus actividades preventivas, evitándose, en tales casos, la propuesta de sanciones si se cumple la planificación comprometida. A ello se añadiría, con carácter general, la posibilidad de sustituir la imposición de sanciones derivadas de infracciones leves y graves de la normativa de prevención por una inversión al menos equivalente en medidas preventivas.

Se proponen muchas más cosas, algunas tan sorprendentes, por lo conflictivas, como la creación de delegados de prevención territoriales y sectoriales o la tipificación de los incumplimientos preventivos de los trabajadores de forma que se les puedan exigir responsabilidades.

Puede que en los rifirrafes de la negociación muchas de estas propuestas desaparezcan y no lleguen nunca a ver la luz del Boletín Oficial del Estado, pero el mero hecho de que hayan sido formuladas abre una luz a la esperanza. Quizá el Año Nuevo nos traiga, esta vez sí, una Vida preventiva Nueva. Que falta le hace a la salud de los trabajadores.