Colombia prohíbe el amianto a partir del 1 de enero de 2021

El 11 de junio de 2019, la Cámara de Representantes de Colombia votó por unanimidad la prohibición del amianto a partir del 1 de enero de 2021. Una victoria histórica para los sindicatos y las asociaciones de víctimas, la votación tuvo lugar en un contexto político desfavorable.

El 11 de julio, el presidente colombiano Duque ratificó la ley. Se planean varias medidas de transición para permitir que se desarrollen planes de sustitución, para ayudar a los mineros de amianto a encontrar otros trabajos y para asegurar un monitoreo adecuado de la salud y los derechos sociales de las miles de víctimas de enfermedades relacionadas con el amianto.

Colombia es un país que produce y consume amianto. El amianto se usa en muchas ramas diferentes, con el uso principal en la producción de materiales de construcción de cemento de amianto para viviendas y tuberías. Los trabajadores del sector automotriz también están muy expuestos al amianto en la producción de forros de freno y en el mantenimiento y reparación de vehículos.

Los sindicatos y las asociaciones de víctimas han estado luchando durante unos quince años para prohibir el amianto, respaldado por organizaciones ambientales. En 2007, el senador colombiano Jesús Bernal Amorocho (Polo Democrático, un partido de oposición de izquierda) presentó un proyecto de ley que prohíbe el amianto. Aunque logró obtener una mayoría en el debate inicial, el intenso cabildeo de los empleadores convenció a los parlamentarios para que no concluyeran el procedimiento legislativo. Este escenario se ha repetido al menos siete veces en los últimos doce años, bloqueando las iniciativas parlamentarias. Se han presentado varios proyectos de ley, a menudo con el apoyo mayoritario de los partidos en los debates iniciales, solo para desaparecer de las agendas parlamentarias gracias al cabildeo de la industria y sus vínculos con el establecimiento político tradicional.

En los últimos diez años, los datos sobre los efectos negativos para la salud del amianto se han incrementado, y el número de muertes registradas como causadas por el amianto aumentó a 1700 en el transcurso de los últimos cinco años. Esta cifra es mucho más baja que la realidad, lo que refleja el hecho de que la mayoría de las muertes no se declaran asociadas con el amianto. Un estudio particular realizado desde 2015 en Sibäté, en la provincia de Cundinamarca, a unos 30 kilómetros de la capital, Bogotá, reveló niveles de mortalidad por mesotelioma (un cáncer de la pleura causado por el amianto) más de diez veces mayor que los observados en la mayoría de las ciudades colombianas. .Sibaté es la ciudad donde la multinacional suizo-belga Eternit construyó su principal planta de fibrocemento en 1942. Otros estudios publicados entre 2012 y 2015 han documentado los efectos fatales del amianto entre los trabajadores responsables del mantenimiento y reparación de vehículos debido a la presencia de amianto en forros de freno.

Los empleadores difundieron "noticias falsas", alegando que el uso controlado de la variedad de crisotilo del amianto no constituía un riesgo para la salud y que una prohibición general del amianto sería demasiado radical. Esta posición fue respaldada por destacados políticos colombianos. En 2016, el entonces ministro de salud, Alejandro Gaviria, declaró que no había pruebas suficientes de que la cristolita causara muertes en Colombia. Para evitar que se adopte el proyecto de ley, el senador Álvaro Uribe (presidente colombiano entre 2002 y 2010) argumentó en defensa de los empleos en la mina "Las Brisas", que se encontraba en su circunscripción. Uribe sigue siendo una figura destacada en la escena política colombiana, con el actual presidente, Ivan Duque, presentando

Fuente: Etui