Discurso ORP-2007

En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de participar en la inauguración de este Quinto Congreso Internacional sobre Prevención de Riesgos Profesionales y Salud Laboral (ORP´2007), organizado por la Asociación Chilena de Seguridad, en conjunto con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Tecnología de Tampere (Finlandia), la Universidad Politécnica de Delft (Holanda) y el Centro de Ergonomía Industrial de la Universidad de Louisville (EE.UU.).

En momentos en que se discute ampliamente una futura reforma al sistema de pensiones vigente en nuestro país, parece oportuno comenzar también un análisis profundo sobre la institucionalidad y la eficiencia de las herramientas que tenemos actualmente para proteger la salud de los trabajadores en sus lugares de trabajo, ahora insertos en una economía cada vez más globalizada.

Lo primero que deseo destacar es que el Seguro contra riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, establecido en la Ley N° 16.744, es un seguro social integral que tiene por objeto principal prevenir la ocurrencia de estos daños y, si ello no ha sido posible, otorgar prestaciones médicas y pecuniarias si el trabajador ve disminuida o terminada su capacidad de generar ingresos. Esta cobertura comprende aspectos preventivos, curativos y de rehabilitación.

Cuando fueron discutidos y formulados los Seguros Sociales de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, regía el modelo fordista con primacía de la industria, centrando la normativa en la realidad de cada empresa, en las fábricas. Esta situación se rompe con la expansión de los servicios y los nuevos tipos de relaciones económicas que se generan en el marco de la globalización y de los Acuerdos de Libre Comercio que ha suscrito nuestro país con las principales economías del mundo, como la Unión Europea, los Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur.

Los cambios en la organización del trabajo, las formas más flexibles de organización de la jornada laboral, una gestión de los recursos humanos más individualizada y orientada hacia un rendimiento obligatorio, son todos factores que tienen una profunda incidencia sobre la Seguridad y la Salud Laboral.

Durante el año 2006 observamos en Chile la mantención de la tendencia a la baja en la tasa de accidentabilidad laboral, pasando de un 6,8% a un 6,4% respecto del año anterior. Las actividades económicas con mayores tasas de accidentabilidad son la industria manufacturera, el transporte, la construcción y la agricultura, lo que las transforma en actividades todavía muy riesgosas en algunos de sus segmentos, aunque en promedio todas reducen su tasa respecto del año 2005, como la agricultura, que pasa de 8,7% a 8,0%, y construcción, de 9,0% a 8,4%. Esto muestra los efectos positivos de focalizar las políticas públicas y las actividades de prevención de riesgos profesionales.

Se trata, sin duda, de un logro importante, fruto de los esfuerzos de los trabajadores, de las empresas, de los organismos administradores del Seguro de Salud Laboral y de las entidades públicas que lo fiscalizan, pero aún insuficiente, en particular respecto de las empresas pequeñas y medianas. Las cifras son elocuentes, pues las empresas de hasta 25 trabajadores presentan una tasa de accidentabilidad de 8,5%, superior en un 30% al promedio del sistema.

El objetivo final de una nueva institucionalidad en seguridad y salud en el trabajo es sustituir sistemas de trabajo riesgosos por otros de riesgo mínimo; destinar el grueso de los esfuerzos a la planificación de las actividades preventivas, priorizando la protección colectiva sobre la individual; que se identifiquen los riesgos; que se avance en la información y formación de los trabajadores sobre esos riesgos identificados, y que nos anticipemos a la posibilidad de errores humanos.

Y, lo más importante, que se materialice todo ello a través de una unidad de acción entre empresarios y trabajadores y sus organizaciones representativas, ya que está demostrado que el diálogo social es capaz de generar mejoras del bienestar y la seguridad de quienes participan en el sistema de relaciones laborales.

En este marco, hay que avanzar en la integración eficiente de los recursos humanos y financieros para el logro de mejores condiciones y medio ambiente de trabajo, elevando la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y es también el momento adecuado para iniciar una profunda discusión que se encamine a una nueva institucionalidad de la salud de los trabajadores en Chile.

En efecto, los desafíos de las nuevas relaciones de producción implican la necesidad de considerar a las empresas ya no como entidades aisladas sin relación entre ellas, sino como integrantes de una misma cadena de producción, donde la prevención de riesgos profesionales y la tasa de accidentabilidad de uno de los eslabones de la cadena productiva tienen directa repercusión en los siguientes, facilitando o impidiendo de ese modo la inserción de la totalidad de ella en el comercio exterior global en que se encuentra inserto nuestro país.

De allí el salto significativo que diéramos recientemente con la entrada en vigencia de la Ley de Subcontratación y Servicios Transitorios, que:

a) Exige a las empresas que se adopten medidas de prevención para todos los trabajadores presentes en la obra o faena, tanto de la empresa principal como de las contratistas y subcontratistas.

b) Establece nuevos instrumentos de prevención de riesgos profesionales, a saber: un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y un Departamento de Prevención de Riesgos por faena. Además, dispone la obligación de todo empleador de notificar a la autoridad fiscalizadora los accidentes del trabajo fatales y graves, y suspender las faenas afectadas, las que sólo podrán ser reanudadas una vez corregidas las deficiencias que originaron el accidente, con la autorización de la autoridad fiscalizadora correspondiente.

d) Y, por último, esta ley estipula que se analizarán las causas de los accidentes fatales y graves, para establecer estrategias que permitan prevenirlos en forma dirigida.

En definitiva, la responsabilidad en la prevención de los riesgos del trabajo, que corresponde a las empresas principales respecto de las actividades que realicen sus contratistas en el lugar de faenas, hará posible que la experiencia de las grandes empresas, las cuales presentan una tasa de accidentabilidad inferior al promedio en un 20%, se traspase efectivamente a las empresas medianas y pequeñas. Conforme a lo indicado, esperamos que las pequeñas y medianas empresas comenzarán a recibir la asesoría y capacitación técnica imprescindible para mejorar sus procesos internos de producción, protegiendo al mismo tiempo la salud e integridad física y mental de sus trabajadores.

Otro instrumento poderoso en el mismo sentido, que esperamos esté disponible a la brevedad, es la Norma ISO 26.000. El proceso para generar una norma en Responsabilidad Social debe revisar aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales, entre otros, e integrarlos, tomando en cuenta la diversidad cultural y social de cada país, detrás del concepto de Responsabilidad Social. Ello incluirá el reconocimiento de características comunes pero también el respeto por las diferencias entre los actores, así como la variedad de asuntos locales, regionales, sectoriales y nacionales. Todo con una participación amplia, equilibrada y representativa.

De este modo –y esto es un aspecto digno de destacarse– la Norma ISO que se genere será fruto de un amplio debate sobre las prácticas de las empresas, enfocadas a la protección social y medioambiental. Una vez establecida, ella deberá incorporarse al cumplimiento de la Responsabilidad Social no sólo por parte de las empresas, sino también por los gobiernos, los sindicatos, los consumidores y las organizaciones no gubernamentales, contribuyendo a obtener un desarrollo económico sustentable no sólo respecto del medio ambiente, sino que también en lo referente a la calidad de vida en los lugares de trabajo.

Ahora bien, como estos son procesos de largo aliento, existen otros desafíos que quedan pendientes en la perspectiva del perfeccionamiento de nuestra institucionalidad contenida en el Seguro contra accidentes y enfermedades profesionales. Entre ellos, podemos indicar los siguientes:

En primer lugar, modernizar la administración del Seguro por parte de su actual administrador público, el Instituto de Normalización Previsional, quien debe asumir la administración integral del mismo respecto de los trabajadores no afiliados a mutuales. Este Instituto deberá desarrollar actividades permanentes de prevención en las respectivas empresas cotizantes, otorgar las prestaciones médicas y pecuniarias, y mantener una completa base de datos de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en cada empresa afiliada, debiendo determinar las rebajas, recargos y exenciones de la cotización adicional diferenciada. Asimismo, deberá constituir las reservas de pensiones, tal como actualmente se les exige a las Mutualidades. En este sentido, ya se ha dado un primer paso, pues en el proyecto de ley de Reforma Previsional, que se encuentra actualmente en discusión parlamentaria, se contempla la creación del Instituto de Seguridad Laboral, el cual desempeñará las funciones referidas a la ley N°16.744, actualmente desarrolladas por el INP.

En segundo lugar, extender la cobertura de este Seguro Social, incorporando a la totalidad de los trabajadores independientes, con el objeto de darles la necesaria protección en materia de prestaciones médicas, económicas y de prevención de riesgos, y al mismo tiempo incentivarlos a integrarse activamente en el Sistema de Protección Social.

En tercer lugar, incluir en la cobertura del Seguro para la seguridad y salud en el trabajo a los pequeños y medianos empresarios, quienes suelen realizar las mismas actividades que desarrollan sus trabajadores dependientes durante la jornada de trabajo, quedando por lo tanto expuestos a los mismos riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

En cuarto lugar, se requiere modernizar el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, adecuándolo a las necesidades derivadas de las nuevas relaciones de producción que se generan al interior de las empresas y a los avances tecnológicos producidos en los últimos años.

En quinto lugar, se requiere perfeccionar los mecanismos de información de los siniestros producidos, de los trabajadores lesionados, del tipo de lesiones y de las empresas en que se producen, así como los registros estadísticos correspondientes, uniformando los conceptos a utilizar por los organismos administradores.

Por último, necesitamos perfeccionar las normas de regulación y control de la aplicación de las disposiciones del Seguro contra riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, permitiendo una fiscalización coordinada, efectiva y eficiente, tanto de la situación de higiene y seguridad laboral en los lugares de trabajo y faenas, como del cumplimiento de sus funciones en el otorgamiento de prestaciones médicas y económicas, y en el desarrollo de actividades permanentes de prevención de riesgos profesionales por parte de los organismos administradores.

Pero todo lo anterior es insuficiente sin un conjunto de objetivos claros que mueva a todos los actores enunciados. Por ello, para avanzar decisivamente en el perfeccionamiento de nuestro Seguro Social de Salud Laboral, es imprescindible un Plan Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, en que actúen coordinadamente no sólo las instituciones del Estado y los organismos administradores de la Ley N° 16.744, sino que también trabajadores, empresarios, sus organizaciones, los colegios profesionales y los establecimientos de educación superior. Todos deben compartir metas comunes, definidas en conjunto en base a un diagnóstico objetivo de nuestra realidad en estos temas.

Un buen diagnóstico previo supone verificar efectivamente dónde estamos, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, de qué recursos disponemos y cuáles nos hacen falta. Ello es condición necesaria para definir aquellos objetivos que desearíamos lograr en un período de tiempo razonable, para luego poder evaluar los resultados obtenidos de acuerdo a parámetros objetivamente establecidos, y después adecuar el Plan a las metas subsiguientes.

Es indudable que lo planteado hasta aquí articula lo ya avanzado sobre nuevos objetivos que pueden calificarse de ambiciosos. Pero como Ministerio del Trabajo y Previsión Social estamos comprometidos con estas tareas y tenemos la firme convicción que son posibles para el estado de desarrollo que ha alcanzado nuestro país.

Para concluir, reitero que la definición y ejecución de una política nacional de mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo y de promoción de la salud de los trabajadores, convoca a una participación conjunta de trabajadores, empleadores, organismos administradores y al Estado con sus diversas instancias. Asumir este desafío de país debe ser una dimensión insoslayable del proceso de modernización de nuestro Sistema de Protección Social.

Muchas gracias.