Auditar los sistemas preventivos. Oportunidad y reto

La mejor aportación de la Ley 31/1995 y el Reglamento de los Servicios de Prevención es sin duda la exigencia de desarrollar un conjunto de elementos de gestión que permitan conformar sistemas preventivos documentados y eficaces en las organizaciones, sean éstas públicas o privadas, o sea, sistemas que deban asegurar una muy baja siniestralidad, unos lugares de trabajo seguros y saludables y una opinión favorable de sus principales destinatarios, los trabajadores; todo ello bajo el principio de objetividad. Se trata de que las empresas puedan demostrar que se preocupan por las condiciones de trabajo con los registros documentales pertinentes, y además, los resultados de la acción preventiva sean suficientemente positivos, tanto por la calidad de lo realizado como por los logros alcanzados.

Los sistemas normalizados de Calidad y Medio Ambiente, tales como los establecidos en las respectivas normas ISO 9000 e ISO 14000, establecen como uno de sus requisitos clave el de ser auditados periódicamente. En tal sentido, la exigencia reglamentaria de auditar los sistemas de prevención en aquellas empresas que no hayan confiado totalmente el desarrollo de los mismos a un Servicio de Prevención Ajeno es coherente con los actuales modelos de gestión, como los recogidos por las citadas normas, aunque sus planteamientos tengan diferencias sustanciales con éstas. Las más significativas son que los sistemas de prevención se han de basar en las directrices y principios de la reglamentación, aunque sin estar necesariamente supeditados a normas concretas obligatorias, pero han de ser eficaces con resultados evidentes según lo apuntado anteriormente, y los verdaderos protagonistas no son los productos y servicios o los procesos productivos, sino quienes participan en su desarrollo, los trabajadores, aunque se deba actuar también sobre tales procesos para lograr que las personas tengan unas condiciones de trabajo aceptables. Por ello, los representantes de los trabajadores tienen un papel importante en la aplicación de las auditorías reglamentarias y han de ser consultados.

Mediante las auditorías reglamentarias la Autoridad Laboral de las Comunidades Autónomas y en particular la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social dispone de una provechosa herramienta de control de la actuación empresarial, que además puede ser decisiva para el desarrollo de una cultura preventiva en nuestro país. Ahora bien, será necesario que todas las partes implicadas actúen con rigor y honestidad, las empresas aplicando la reglamentación, no como un mero cumplimiento formal, sino como algo que ha de resultar útil a los intereses empresariales, contando con la necesaria cooperación de los representantes de los trabajadores, quienes han de velar para una correcta configuración y desarrollo de los sistemas preventivos; los auditores acreditados contribuyendo de manera determinante a la mejora de la eficacia de los sistemas, que es el principal objetivo de las auditorías, diciendo lo qué hay que hacer ante las no conformidades y dejando el cómo hacerlo, o sea el asesoramiento a quienes corresponda; y finalmente la Administración controlando la aplicación efectiva de la reglamentación, además de promover acertadas políticas en esta materia.

Precisamente, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo - INSHT, asumiendo el compromiso reglamentario que tiene para auditar a los organismos de la Administración Central del Estado, pero también con el ánimo de facilitar elementos de referencia que ayuden a actuar a todas las partes implicadas de una manera precisa, ha elaborado el documento, "Criterios del INSHT para la realización de auditorías reglamentarias de sistemas de prevención de riesgos laborales", que ha sido consensuado con los representantes de las Comunidades Autónomas, y de empresarios y trabajadores, a través de sus respectivas organizaciones. En dicho documento se establece cómo estructurar el proceso auditor en sus respectivas fases de planificación, realización y elaboración del informe final, y se definen los 45 requisitos reglamentarios esenciales a verificar en la auditoría, habida cuenta que los tres campos fundamentales de análisis son: la evaluación de riesgos, la planificación preventiva y la organización preventiva.

También el INSHT ha consensuado, junto al documento citado, el contenido básico para la formación de auditores, con una duración mínima de 60 horas, formación que es esencial no sólo para quienes quieran ser auditores, sino también para quienes ya están actuando como tales, procedentes de otros campos en los que ya tenían experiencia y con los que existen afinidades, como el de Calidad, y que han visto aquí una oportunidad de negocio. Evidentemente, aunque existan interrelaciones, las auditorías de los sistemas preventivos, aunque con experiencia histórica limitada, tienen unas características propias que hay que salvaguardar y que al menos desde la Administración se ha pretendido clarificar. Pero también los Servicios de Prevención, tanto propios como ajenos han de conocer perfectamente los criterios institucionales de las auditorias reglamentarias, tanto para cuidar que los sistemas preventivos que desarrollen no tengan carencias, como para asegurarse de que los servicios de auditorías que se contraten en sus organizaciones sean de calidad y tengan un coste razonable.

Se ha dado ya el pistoletazo de salida en la carrera de realización de auditorías reglamentarias, con la confianza de que su utilidad es a la vez que una oportunidad un reto, y está claro que representan un compromiso para todos los que se sienten plenamente implicados en la prevención de riesgos laborales en las empresas y en nuestra sociedad, con su contribución ineludible en el buen funcionamiento de las organizaciones. En tal sentido, las auditorías reglamentarias de los sistemas preventivos deberían ser, además, un paso previo para las auditorías de la "excelencia" en este campo. Ello si, junto a la mejora de la eficacia, también las empresas se plantean cómo debería ser entre otras cuestiones la búsqueda de la eficiencia, o sea la optimización de sus políticas, sus recursos y sus acciones preventivas.