Memoria histórica de un accidente laboral

Se cumplen ahora 53 años del que está considerado uno de los más graves accidentes laborales de nuestra historia, registrado en la localidad alicantina de Ibi, el 16 de octubre de 1968, al estallar los explosivos acumulados en una fábrica de fulminantes pirotécnicos para juguetes.

Si bien la rotura de la presa de Torrejón (Cáceres), ocurrida tres años antes (22 de octubre de 1965), provocó un número mayor de muertes (54 según cifras oficiales), el caso de Ibi presenta características que lo hacen particularmente dramático.

Hasta mediados de siglo había sido un pequeño pueblo, de actividad mayoritariamente agraria y lento crecimiento demográfico, en el que operaban también un par de fábricas de juguetes, cuyos promotores habían demostrado una notable capacidad emprendedora y desplegado sistemas de gestión laboral estandarizados (contratos, seguros, pluses…) y de las que pronto surgirían nuevos proyectos empresariales no siempre respetuosos de la, ya de por sí laxa, legislación vigente.

Las sirenas de aquellas primeras fábricas pautaban los tiempos de una población que en apenas una década doblaría el número de sus habitantes, pasando de 6.129 según el censo de 1960 a 13.916 en el de 1970, como resultado del movimiento migratorio que procedente de Andalucía y Castilla-La Mancha llegaba en busca de trabajo y se instalaba de forma precaria en los barrios que se levantaban precipitadamente en la periferia de la localidad.

Se trataba de una emigración mayoritariamente joven que venía huyendo de la pobreza rural, con poca cualificación y mucha necesidad de acceder a recursos básicos, lo que la convertía en objeto frecuente  de sobre-explotación en las fábricas y talleres de nueva creación (hasta un total de 54 operaban a finales de los sesenta, con una plantilla total de 4.000 trabajadores, aproximadamente), generando procesos de competencia a la baja con la población autóctona que se cruzaban con los derivados del choque cultural (“¡de fora vindran que de casa ens tiraran…!”).

Una de aquellas empresas auxiliares surgidas en plena expansión de la industria juguetera fue “Industrias MIRAFÉ”, más conocida como la “fábrica de la pólvora”, creada informalmente en 1960 por parte de los hermanos Juan y Francisco Ferre en asociación con el químico catalán Pedro Miras, que pronto abandonaría el proyecto por desavenencias económicas, desapareciendo con él la necesaria capacitación técnica para la gestión de fulminantes y productos pirotécnicos.

En 1963 obtuvo una licencia provisional de la Subdelegación de Industria de Alicante que caducó sin ser renovada en octubre del año siguiente, lo que no sólo no impidió que siguiera funcionando sino que pudo ampliar desde entonces su plantilla, producción e incluso sus instalaciones. En el momento del accidente tenía a medio construir una gran nave, sin contar tampoco con la preceptiva autorización.

Se trataba, pues, de una empresa ilegal que, pese a la peligrosidad de los componentes que manejaba, llevaba cuatro años funcionando sin ningún tipo de licencia ni medidas de seguridad, con trabajadores procedentes de la emigración interior, sin contrato y en jornadas de entre 10 y 12 horas diarias, según consta en el sumario 12/1968 instruido por el Juzgado de Alcoi.

Más que la investigación oficial, cerrada precipitadamente para ocultar las causas y diluir los efectos de la tragedia, fueron los testimonios de los supervivientes y familiares de las víctimas quienes darían cuenta de las terribles condiciones de trabajo de aquella empresa fantasma, que apenas se diferenciaban de las denunciadas por Engels hacía más de un siglo en el Manchester de la primera revolución industrial. 

Aquella explosión puso también de manifiesto las miserias (materiales de unos y morales de otros) sobre las que se estaba construyendo un proceso de industrialización caótico, impulsado por una dictadura que pretendía legitimar su dominio (“XXV años de paz”) con un crecimiento económico desordenado basado en la explotación laboral, bajos costes salariales y el señuelo de un acceso al consumo hasta entonces vedado para la inmensa mayoría.

De las 60 personas que trabajaban en MIRAFÉ en el momento de la explosión, sólo ocho estaban aseguradas en una Mutua privada (los propietarios, administrativos y encargados), siendo la mayoría mujeres (31) y el resto varones (20) y niños menores de 14 años (9), de los que 30 murieron en el acto y otros 3 en los días siguientes, quedando el resto heridos de diversa consideración. Todos los fallecidos, salvo los hermanos Ferre, eran emigrantes procedentes mayoritariamente de pequeños pueblos de Granada (12), Ciudad Real (7) y Almería (6)…, y una tercera parte de los cuales murió sin llegar siquiera a cobrar su primer salario, pues se habían incorporado apenas unos días antes.

El funeral y entierro de las víctimas constituyó una dramática manifestación de dolor y rabia contenida, bajo la presidencia oficial de unas autoridades (Ministro de Trabajo, Gobernador provincial, Corporación municipal) que, por acción u omisión, resultaban objetivamente responsables de lo sucedido y que desde el primer momento trataron de eludir su culpabilidad.

Quienes, como el Ayuntamiento y la patronal juguetera, habían mirado hacia otro lado durante años tardaron sólo un día en emitir una enérgica nota de protesta contra los medios de comunicación para que “no mancharan el nombre de la industria local” (sic), al tiempo que en una infame demostración de su insensibilidad proponían celebrar“… con toda normalidad” las fiestas de Moros y Cristianos previstas para dos semanas más tarde.

Tuvo que ser el párroco de la localidad, Federico García Moreno, quien salvara la dignidad del pueblo y en una vibrante homilía de la misa-funeral celebrada el día 23 de agosto declarase que si las autoridades y la Comisión de Fiestas mantenían la convocatoria, la imagen de la patrona –precisamente la Virgen de los Desamparados!- no saldría en procesión, como expresión simbólica del dolor por las víctimas, lo que provocó finalmente la suspensión de las festividades, en un clima de fractura emocional entre comunidades (“les festes son nostres… i al cap i a la fi ells son castellans!”) y tensión creciente entre gran parte de la élite local y el sacerdote, que sería finalmente destituido por el obispo de Orihuela, manteniendo desde entonces su compromiso social de cura obrero, trabajando en el Hospital General de Elche y participando en la lucha sindical como militante de la HOAC y de las Comisiones Obreras de la comarca del Baix Vinalopó.

Pocos meses más tarde el alcalde sería discretamente cesado, mientras que desde el Ministerio se procedía a indemnizar a los familiares de las víctimas (1.805.100,96 pesetas en cómputo global) en un intento apresurado de acallarlas y, tras quince meses de instrucción secreta, en enero de 1970 se daba por cerrado el sumario sin identificar culpables ni fijar responsabilidades penales o políticas.

El cambio democrático y las transformaciones económicas y sociales acumuladas desde entonces han contribuido a mejorar notablemente las relaciones laborales en nuestro país y, a nivel local, superar en gran parte la brecha existente inicialmente entre población autóctona y emigrante, en un proceso positivo de integración. Especialmente significativa a este respecto resulta la reducción sostenida de la siniestralidad laboral, especialmente desde la aprobación en 1995 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: de los 2.865 nuertos por accidentes de trabajo en 1968 a 487 en 2029, seis veces menos con el doble de población asalariada.

Con todo, tuvieron que pasar casi cincuenta años para que se celebrase, el 30 de abril de 2017, un acto oficial de homenaje y desagravio a las víctimas de aquel dramático episodio, consistente en una ceremonia cívico-religiosa y la inauguración de un monumento recordatorio con los nombres de los 33 muertos… a los que, por expresa demanda de los familiares, se añadió el de D. Federico García Moreno, en agradecimiento a su actuación y solidaridad.

Previamente se había publicado un librito sobre el caso (“Mirafé, retrato de una época”) que aun aportando valiosa información documental y gráfica lo hacía de forma deliberadamente aséptica, como si de una catástrofe natural se tratara, concluyendo que “no hubo culpables…, sólo víctimas”. Dicho relato, asumido como propio por las autoridades municipales de orientación conservadora, sería contundentemente impugnado por el hijo de una de aquellas víctimas que, en un artículo en la prensa local, defendía su dignidad y denunciaba a todas las instituciones (empresariales, políticas, administrativas y judiciales) implicadas.

Es siguiendo esa misma línea donde se sitúa modestamente este texto que pretende reivindicar la memoria de aquellas mujeres, hombres y niños a quienes una explosión de injusticias arrebató la vida hace hoy cincuenta y tres años, en su pueblo…que es también el mio. 

Pere J. Beneyto

Profesor de Sociología de la Universidad de Valencia

Fuente: Nuevatribuna