La Fiscalía pide 4 años de cárcel para el exjefe de seguridad del ADIF y el maquinista por el accidente del Alvia en Angrois en julio de 2013

La Fiscalía pide 4 años de cárcel para el exjefe de seguridad del ADIF y el maquinista por el accidente del Alvia en Angrois en julio de 2013

El fiscal los sitúa en el mismo plano de responsabilidad penal, aunque admite que el accidente no se habría producido si ADIF y su alto cargo « hubiesen evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo del accidente».
12 Julio 2021

El fiscal del caso Alvia ya ha presentado su escrito de acusación y de conclusiones provisionales, en el que solicita la apertura juicio oral contra el exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, y el maquinista del tren que descarriló en la curva de Angrois, Francisco José Garzón Amo, para los que pide cuatro años de cárcel como presuntos autores de ochenta delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, así como 145 delitos de lesiones y uno por daños materiales. Ambos se enfrentan también a una inhabilitación especial para ejercer las funciones profesionales que desempeñaban antes del accidente durante el tiempo de la condena. Tanto Renfe como el ADIF, con sus aseguradoras QBE Insurance y Allianz Global, serán los responsables civiles directos de las indemnizaciones a los familiares de los fallecidos y los heridos, así como los daños en la infraestructura y el material rodante. La responsabilidad civil de la causa asciende a unos 43 millones de euros. Está previsto que el juicio se celebre durante el primer trimestre del 2022.

El escrito de acusación de Mario Piñeiro es diametralmente opuesto al que en octubre del 2015 redactó el fiscal Antonio Roma, que descargaba la responsabilidad del accidente ocurrido el 24 de julio del 2013 en la actuación del maquinista, que no redujo la velocidad del tren para adaptarla a la curva -cuya velocidad estaba limitada a 80 por hora- al estar hablando con el interventor por el teléfono móvil para facilitar la salida del tren a unos viajeros que se iban a bajar en Pontedeume. El tren entró en la curva a 179 kilómetros por hora y el descarrilamiento ya era inevitable. En aquel momento se pretendía cerrar la causa con un único culpable, pero la Audiencia Provincial de A Coruña forzó una investigación para comprobar si el ADIF había evaluado el riesgo de la curva.

Sin embargo, el fiscal asume que el accidente «no se habría producido si el ADIF, más concretamente la Dirección de la Seguridad en la Circulación y el acusado Cortabitarte López, como máximo responsable de la misma, hubiesen evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo del accidente». Así, la curva de Angrois era el punto más peligroso de todo el recorrido y era el único que carecía de un sistema automático que recondujera el exceso de velocidad, bien a través del ERTMS, bien con las balizas ASFA que se colocaron después del descarrilamiento. Sin embargo, ambos acusados son situados en el mismo nivel de responsabilidad penal, con una petición de cuatro años de cárcel para cada uno.

Cortabitarte, asume la Fiscalía, «infringió el deber que ostentaba por su estatus dentro del ADIF, como el máximo responsable de dicha dirección, que tenía el deber de gestionar y mitigar los riesgos por exceso de velocidad no cubiertos por el propio sistema de protección de la línea y del tren. En definitiva tenía que garantizar que la línea era segura. No lo era. La línea Santiago-Ourense era altamente vulnerable en el tramo en que se produce el accidente por error humano, y la fuente de peligro extrema ante el cambio significativo de velocidad y la curva».

En ese punto de la línea, recuerda el fiscal, confluían múltiples peligros. La línea de alta velocidad empezaba a integrarse en un entorno convencional, había una curva, un cambio muy significativo de velocidad —en el caso del Alvia había que pasar de 200 a 80 por hora— y eso aumentaba la posibilidad de que se produjera un error humano. «Esta fuente de peligro debió de ser evitada por el imputado [Cortabitarte] con un deber positivo de actuación, como se hizo con posterioridad al accidente [cuando se instalaron las balizas]». Sin embargo, ese riesgo «ni se evaluó ni se gestionó para convertirlo en tolerable, estableciendo una elemental barrera de protección ante el previsible fallo del maquinista», concluye el fiscal. Las víctimas volvieron a reclamar a la presidenta del ADIF el cese de Cortabitarte.

Fuente: Lavozdegalicia

Imagen Wikipedia: De Xosema - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27420563

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