La ETT que esclavizó a 600 trabajadores

El acta del registro judicial en aquella casa de campo de la provincia de Huelva recoge con crudeza las condiciones de vida que soportaban los numerosos trabajadores de Rumanía y Moldavia que allí se alojaban. El agente judicial habla de insoportable hedor, de cómo vio salir dos ratas de un sofá. No eran mucho mejores que la que los agentes de la Guardia Civil se encontraron en otras localidades onubenses, donde localizaron infraviviendas hechas simplemente con plásticos y barras, y en los que un pequeño hornillo de gas era el único lujo. Miseria que se convertía en elevados beneficios, de una media de un millón de euros al mes, para la trama que se encargaba de explotar laboralmente a todas aquellas personas a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) con sede en Almonte que ofrecía a las víctimas, en régimen de semiesclavitud, para campañas agrarias de Jaén, Huelva, Córdoba y Albacete. Hay 16 detenidos y cinco imputados, entre ellos cinco empresarios.

La Operación Urofort —dada a conocer este jueves aunque se desarrolló el pasado verano— se inició a mediados de 2018, cuando una patrulla de la Guardia Civil detectó en la localidad jienense de Fuerte del Rey un coche ocupado por inmigrantes extranjeros sin documentación junto a una nave abandonada. Aquella pista casual permitió iniciar una investigación a la Unidad de Policía Judicial de la comandancia de Jaén y a la Unidad Central Operativa (UCO), que un año después ha destapado una organización integrada por ciudadanos rumanos que explotaban a compatriotas a los que hacían llegar a España mediante engaños. Según fuentes cercanas a la investigación, en los tres años que llevaba operando en España a través de la ETT que habían constituido, los ahora detenidos habían controlado a 600 víctimas, 145 de las cuales han sido identificadas ahora. 18 de ellas, todas de nacionalidad moldava, han sido liberadas.

La captación de las víctimas —en algunos casos, familias enteras— se hacía a través de páginas web en Rumanía y Moldavia, aunque también con el boca a boca en sus lugares de origen. La trama ofrecía puestos de trabajo en España bien remunerados. Sin embargo, al llegar la realidad era muy diferente. Eran alojados en viviendas en condiciones infrahumanas y del sueldo que los empresarios pagaban por su trabajo a la ETT, solo recibían una décima parte. El resto del dinero se lo quedaba la trama por los gastos del viaje, el alojamiento e, incluso, los alimentos, que les cobraban a precios abusivos. “Les llegaban a cobrar hasta tres euros por una botella de agua que valía 50 céntimos”, detalla un responsable de la investigación. “Algunos trabajadores llegaron a pasar varios días sin comer porque no les llegaba los poco más de 100 euros que les entregaban”, destacan esta misma fuente.

Por este sistema, la organización se embolsaba una media de un millón de euros al mes, aunque en los momentos en los que tenían más trabajadores esta cifra se llegaba a doblar, según las estimaciones de los investigadores. La organización blanqueaba los beneficios con la compra de inmuebles en Rumanía. Además, sus integrantes llevaban un elevado nivel de vida en España, que incluía el uso de vehículos valorados en 160.000 euros.

La investigación se ha centrado en las provincias de Jaén, Córdoba, Badajoz. Albacete y Huelva, aunque la red se extendía a otras regiones españolas y a Portugal, donde la trama ofrecía a las víctimas dependiendo de las temporadas agrícolas de recolección. Los trabajadores eran trasladados a esos lugares en furgonetas de la propia organización, a alguna de las cuales les habían retirado los asientos traseros para que cupieran más víctimas.

Cada grupo de 15 trabajadores eran controlados estrechamente durante toda la jornada por un miembro de la organización, al que llamaban “cabo”. El control de la trama era tan estricto, que en una ocasión prohibieron a un trabajador desplazarse a su país para asistir al funeral de su padre. Una joven también denunció una agresión sexual. “A veces los amenazaban con tomar represalias contra su familia en Rumanía o Moldavia si no cumplían a rajatabla sus indicaciones”, señalan fuentes de la investigación. A los detenidos se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Fuente. EL PAÍS