La Inspección de Trabajo libra de multa a Mercavalencia por ser una empresa semipública, pero le impone abonar alrededor de 7,5 millones de euros en cuotas a la seguridad social

La Inspección de Trabajo libra de multa a Mercavalencia por ser una empresa semipública, pero le impone abonar alrededor de 7,5 millones de euros en cuotas a la seguridad social

La Inspección de Trabajo destapó 429 falsos autónomos en Mercavalència
19 Octubre 2018

El esperado informe de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo sobre la cooperativa de trabajo asociado Work Man ACP de Mercavalència confirma la tesis defendida por el sindicato UGT-PV y por la Seguridad Social sobre las irregularidades laborales en el servicio de matadero y despiece de carne del mercado de abastos de València. La Inspección considera que dicha cooperativa opera con "carácter ficticio" para "eludir el cumplimiento de las obligaciones de alta en régimen general y cotización por parte del empleador según las normas del convenio colectivo sectorial", y además subraya que este modelo de falsos autónomos ha afectado a un total de 429 trabajadores en el periodo de cuatro años que ha abarcado la Inspección.

La resolución, emitida con fecha de 27 de junio del 2018, interpreta que la cooperativa no funciona realmente como una asociación de trabajadores que pretende satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, con gestión y funcionamiento democrático por parte de sus integrantes, sino que se trata de un instrumento de Mercavalència para eludir la obligación de cotizar en régimen general de las personas trabajadoras de la misma.

Las irregularidades que subraya el informe son varias. Inspección de Trabajo afirma que Mercavalència es quien da las ordenes de trabajo a los miembros de la cooperativa de forma irregular, y que tales órdenes fijan el horario, los días de trabajo, la calidad del producto y hasta cómo se debe trabajar. Además, el organismo pone de manifiesto que 19 trabajadores de la cooperativa han compartido actividad: por la mañana en la cooperativa y por la tarde en la empresa principal, con jornadas irregulares de hasta 16 horas.

La Inspección cifra en 429 las personas que han estado en esta situación irregular en el periodo de cuatro años analizado. 250 son trabajadores a día de hoy, y el resto son personas que han pasado por esos puestos de trabajo a lo largo de los mencionados cuatro años. "Por todo ello, y dado que la empresa no dio de alta a la Seguridad Social, se ha levantado acta de liquidación de cuotas para estas personas, en función del periodo que hayan estado contratadas y con carácter retroactivo", afirma al respecto UGT-PV. La absorción de estos 250 puestos de trabajo dispararía un 330% la plantilla de Mercavalència, tal y como detalló este periódico.

Mercavalència no será multada por esta cuestión por ser una empresa semipública (el 51% es del Ayuntamiento de Valencia y el 49% de la empresa privada Mercasa). No obstante, el coste que van a tener estas irregularidades supondrá un duro golpe para las cuentas de la firma, que tendrá que abonar unos 7,5 millones de euros en cuotas a la Seguridad Social. "Los socios trabajadores cedidos ilegalmente a Mercavalència deben disfrutar de los derechos del estatuto de los trabajadores", afirma al respecto la Inspección, que agrega que tales empleados "deben disfrutar de la garantía de indemnidad", es decir, que no pueden ser despedidos o sufrir perjuicios económicos derivados de estas reclamaciones.

A propósito del informe de la Inspección de Trabajo sobre la cooperativa de Mercavalència, UGT-PV lamentó este jueves que "estas prácticas fraudulentas con cooperativas de trabajo asociado en el sector cárnico son generalizadas". "Estas fórmulas de trabajo sin derechos abaratan un 30% los costes empresariales y perjudican a la caja de las pensiones. Condenan a los trabajadores y trabajadoras a una flexibilidad total, les privan de sus derechos como trabajadores, del Convenio Colectivo y de disfrutar las bajas adecuadamente remuneradas y el desempleo", detalló la organización, que agregó que "estos falsos cooperativistas tienen que asumir todos los costes de la cotización de autónomos, las herramientas de trabajo y los equipos de protección individual, y además deben de pagar una cuota adicional a estas falsas cooperativas".

Por todo ello, UGT-PV pide al Ayuntamiento de Valencia y a Mercasa que "reconsideren su decisión y den ejemplo a todas aquellas empresas donde ha actuado la Inspección". "Pedimos que asuman la regularización de estos falsos autónomos, como otras empresas privadas ya han empezado a asumir", afirmó el sindicato, que explicó que el consistorio se enfrentará ahora a la disyuntiva de acatar el criterio marcado en el informe o recurrirlo, lo que llevaría el conflicto a un Juzgado de lo Social.

Fuente. Valenciaplaza

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