Piden dos años de cárcel para el acusado de colocar a un testaferro en su empresa para no pagar a la viuda de un trabajador accidentado

Piden dos años de cárcel para el acusado de colocar a un testaferro en su empresa para no pagar a la viuda de un trabajador accidentado

No es el primer caso
26 Junio 2018

Ion Florinel Bucurescu murió, en junio del 2009, en un accidente laboral. La viuda llevó a juicio al empresario, quien fue condenado a un año de prisión por un delito contra la seguridad de los trabajadores, a estar inhabilitado para el oficio de constructor y promotor y al pago de una indemnización de 70.717,81 euros. Una condena que aceptó el propio Gabriel Fernández Vega, si bien cuando el juzgado fue a ejecutar la sentencia no pudo localizar ningún bien a nombre de este zaragozano.

Ahora, la viuda, representada por el abogado José María Lumbreras, acusa a este empresario de colocar a un testaferro en sus sociedades para evitar abonar la compensación económica. Para darle validez, según esta acusación y la que ejerce también la Fiscalía, la persona a la que designó administrador de sus sociedades, Roberto G. S., aportó ante el juzgado una serie de certificados indicando que el principal acusado no tenía participaciones en las mismas. Pero la acusación particular va más allá y señala que quebrantó la condena porque «presentó en el registro mercantil, en febrero del 2011, que en el 2010 había sido nombrado administrador de una empresa». Consideran que en vez revocar ese nombramiento por su inhabilitación laboral hace lo contrario.

Por todo ello, la viuda solicita una condena dos años de cárcel para Gabriel Fernández Vega por un delito de alzamiento de bienes y 3.360 euros de multa por otro de quebrantamiento de condena. Mientras, Roberto G. S. se enfrenta a dos años y medio por falsedad documental.

No es el primer caso. En julio del año pasado, según informó LA VANGUARDIA, la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén condenó a un matrimonio de ancianos, de 76 y 75 años, a un año de prisión y multa de 2.160 euros para cada uno por donar todo su patrimonio a sus tres hijas con el fin de eludir el pago de las indemnizaciones por el accidente de una persona a la que no tenían reconocida como trabajador y que finalmente fue así considerada por sentencia firme.

Fuente. El Periódico y LA VANGUARDIA

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