Empleo no quiere que conozcas detalles del medio millón de accidentes de trabajo al año

Empleo no quiere que conozcas detalles del medio millón de accidentes de trabajo al año

El ministerio de Fátima Báñez se ha sumado así a la oleada de recursos ministeriales contra decisiones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para seguir ocultando información pública considerada como relevante para la rendición de cuentas
5 Diciembre 2017

Los accidentes laborales repuntan en España en paralelo al aumento de la actividad económica. Cada día de 2016 se produjeron 1.547 incidentes con baja del trabajador, la cifra más elevada en los últimos cinco años. El Ministerio de Empleo registra cada uno de estos accidentes con todo lujo de detalles, recopilando desde datos anonimizados del trabajador y de la empresa hasta la causa, el tipo de lesión y el resultado final del incidente. Sin embargo, el departamento dirigido por Fátima Báñez no quiere compartir esta valiosa información –solicitada por El Confidencial– pese a que sí fue suministrada al sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en 2004, antes de cualquier esbozo de la Ley de Transparencia.

Empleo se ha sumado así a la oleada de recursos ministeriales contra decisiones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para seguir ocultando información pública considerada como relevante para la rendición de cuentas. De los 67 casos judiciales emprendidos contra decisiones del CTBG, 46 se han iniciado a instancias de una institución o empresa pública, demandando de esta forma a otra administración pública, el Consejo de Transparencia.

“No nos lo esperábamos y nos ha causado gran sorpresa, además de la carga de trabajo que los litigios nos están llevando”, señalan desde el CTBG, donde trabaja una docena de empleados públicos. Y añaden: “Resulta esperpéntico que algunos organismos recurran por sistema cualquier resolución que emitimos”, en una clara alusión a RTVE, que ya ha llevado a los tribunales al Consejo de Transparencia en diez ocasiones.

Para Alba Gutiérrez, coordinadora de campañas de Access Info, la elevada litigiosidad administrativa “demuestra la falta de voluntad política para implementar un régimen de transparencia en España”. Gutiérrez considera que “la previsión legal está pensada más como forma de defensión del ciudadano”, al tiempo que destaca que “nunca habíamos visto un precedente en el que la Administración la estuviera utilizando como una herramienta en contra de la transparencia”.

En la resolución recurrida por Empleo, el Consejo de Transparencia dictaminó que “el hecho irrefutable de que esta información ya se haya aportado [a CCOO en 2004] impide afirmar que en el presente caso el suministro de información prácticamente idéntica implica la vulneración del secreto estadístico”. Además, Empleo alegó que el solicitante no tenía la condición de investigador, una alegación rechazada por el CTBG al considerar que “no puede interpretarse restrictivamente” el derecho de acceso a la información pública reconocido de forma amplia a todos los ciudadanos por la Ley de Transparencia.

Pese a la oleada de recursos ministeriales y la falta de capacidad sancionadora, el CTBG ha recibido recientemente un espaldarazo a su labor por parte de los tribunales. Una sentencia del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid estima que el criterio interpretativo del Consejo de Transparencia, “aun cuando pueda discreparse de él, está en principio respaldado por la relevancia institucional de los órganos e instituciones públicas en que prestan sus servicios quienes la integran, así como por la propia calidad profesional de estos”. No parece que ello pueda detener los recursos judiciales de las instituciones públicas para perseverar en la característica opacidad española labrada durante tantas décadas. Al menos a corto plazo.

Fuente. El Confidencial

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