El vertedero tóxico de Fertiberia, en una marisma junto a Huelva, sigue intacto tres años después de que la justicia ordenara su regeneración

El vertedero tóxico de Fertiberia, en una marisma junto a Huelva, sigue intacto tres años después de que la justicia ordenara su regeneración

La Audiencia Nacional acaba de dar un ultimátum
27 Junio 2014

Tiene casi el mismo tamaño que Huelva, la ciudad de 150.000 habitantes que queda a unos pocos centenares de metros, al otro lado de la carretera. Se trata de uno de los vertederos tóxicos más grandes del continente. Un gigantesco símbolo del coste, aceptado por buena parte de la población onubense durante el último medio siglo, del progreso económico que llevó la industria química a una zona tradicionalmente deprimida. 

Hace tres años debería haberse empezado a limpiar. Así lo ordenó la Audiencia Nacional y lo ratificó el Tribunal Supremo. La sentencia dio finalmente la razón al Ministerio de Medio Ambiente, que en 2003 retiró la concesión del basurero a la empresa de fertilizantes Fertiberia por verter más de lo acordado en el contrato firmado a finales de los sesenta (hasta tres metros de altura), y la obligó a dejar de verter y regenerar la zona. Lo primero lo hizo (ahora compran el ácido fosfórico ya hecho); lo segundo, no.

Todos los implicados aseguran que están cumpliendo su papel. El ministerio dice que vigila para que se cumpla la sentencia. Se da la circunstancia de que la titular del departamento, Isabel García Tejerina, fue directora de planificación de Fertiberia entre 2004 y 2012. La Junta de Andalucía, que tiene las competencias medioambientales, asegura que también aprieta: impuso a la compañía una multa de 240.000 euros recientemente por los retrasos en el plan de restauración. La empresa alega que está trabajando en las soluciones tras presentar por fin en abril un proyecto preliminar. “Estamos siendo proactivos”, según el director de la planta de la empresa en Huelva, Roberto Ibáñez, que espera disponer de un plan más detallado en tres meses.

Cuando por fin comiencen, tardarán, como poco, 10 años, con lo cual concluirían en 2024, 13 años después de la sentencia del Supremo, 22 después de que el ministerio les retirara la concesión y 26 desde que arrancara el expediente sancionador.

El hecho es que la tasa de cáncer en la provincia, por ejemplo, está muy por encima de la media española, pero ninguna investigación ha conseguido vincularlo claramente con los desechos fabriles.

La Audiencia Nacional habló de “injustificadas demoras” en un auto del 27 de mayo con el que daba una especie de golpe en la mesa para hacer cumplir su decisión. Otorgaba a las Administraciones un mes para pronunciarse sobre el proyecto de regeneración presentado en abril por la compañía y, si resultaba correcto, dar los permisos necesarios. A partir de ese momento, el tribunal planeaba decidir qué pasos dar y en qué plazos. Pero admitía la enormidad del asunto, y por eso no ordenaba la ejecución inmediata.

Mientras, el Gobierno tramita una reforma legal que exime al 98% de las empresas potencialmente contaminadoras de la obligación de contratar fianzas o avales para pagar accidentes, aunque el Ejecutivo puntualiza que seguirían obligadas las 5.470 compañías con mayor riesgo.

Fertiberia, cuya fábrica en Huelva se ha quedado prácticamente reducida a la nada, asegura que está dispuesta a pagar: “Somos los primeros interesados en arreglarlo”, dice el director de la planta en Huelva. Roberto Ibáñez añade que los técnicos de la empresa trabajan en un plan para aislar, cubrir y reforestar la zona, dejando una especie de chimeneas para que se vaya evaporando el agua contaminada de la antigua marisma. El responsable opina que trasladar los fosfoyesos, como reclaman algunos vecinos y ecologistas, “es inviable económica y ambientalmente”. La Junta calculó en 2010 que costaría 2.500 millones y se tardaría 30 años, a razón de 45 viajes de camión al día.

La empresa, que facturó 1.264 millones de euros en 2012, tiene depositado como aval para cumplir con la limpieza 21,9 millones. Ibáñez prefiere no dar una cifra todavía del coste del proyecto. Aurelio González, de la Mesa de la Ría (un grupo vecinal convertido las pasadas elecciones en partido con representación en el Ayuntamiento), cree que va a ser mucho más.

Fuente: EL PAÍS

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