La sobrecarga de trabajo de los jueces se considerará factor de riesgo laboral

El primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales de los jueces considerará la carga de trabajo como un factor de riesgo. El documento ha sido elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, de la que por primera vez forman parte dos vocales del consejo -Juan Martínez Moya, que la preside, y Concepción Sáez-, así como representantes de todas las asociaciones de jueces. Según el último informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), casi la mitad de los juzgados de España (1.695 de 3.894) sufren una sobrecarga de trabajo superior al 150%.

El plan de prevención para los jueces y magistrados recoge una relación completa de riesgos para la salud en la carrera judicial, desde los accidentes de tráfico, a riesgos ergonómicos y psicosociales. Estos últimos están casi siempre relacionados con el exceso trabajo que soportan muchos jueces. El Poder Judicial se compromete ahora a medir la carga de trabajo a efectos de salud laboral para determinar a partir de qué momento la salud del juez puede verse afectada por las tareas que tiene pendientes, según ha explicado a los periodistas el vocal Martínez Moya, que preside la Comisión Nacional de Seguridad y Salud.

La intención del plan, ha añadido el vocal, es detectar a tiempo las situaciones de sobrecarga para prevenir sus efectos sobre la salud adoptando, por ejemplo, medidas de refuerzo en el juzgado correspondiente. El Poder Judicial no cuenta con datos concretos sobre las bajas médicas de jueces y magistrados por problemas de salud laboral, pero Martínez Moya admite que el problema ha ido en aumento. El año pasado, una juez con apenas cinco años de carrera recibió la incapacidad permanente debido a un problema de estrés ocasionado por el trabajo de su juzgado.

La sobrecarga de trabajo de los jueces ha llegado incluso a los tribunales con una demanda presentada por la Audiencia Nacional por Jueces por la Democracia, en la que la asociación progresista exige a la Audiencia que obligue al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial a que adecúen la plantilla judicial al nivel de litigiosidad.

El Plan contempla también procedimientos específicos de protección del embarazo, riesgo durante el mismo y posparto; así como políticas especiales de prevención para los jueces de Adscripción Territorial, los de refuerzo y los jueces en prácticas.

Fuente: EL PAÍS