El Parlamento Europeo da voz a las víctimas del Alvia accidentado en Santiago en julio de 2013

El Parlamento Europeo da voz a las víctimas del Alvia accidentado en Santiago en julio de 2013

Los afectados denunciaron a España por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y publicidad engañosa y ahora Europa revisará ambas quejas
24 Febrero 2017

La voz que no han encontrado en el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Galicia la han tenido este martes en Bruselas. Las víctimas del accidente ferroviario del Alvia de Santiago de Compostela comparecieron en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para ratificar las denuncias presentadas en 2014 contra el Estado español por su gestión ferroviaria, sorteando así la "indefensión" a la que les ha abocado la negativa reiterada en España a que se creen comisiones de investigación parlamentarias sobre el trágico siniestro del 24 de julio de 2013.

Tras la intervención de los portavoces de los afectados, la Comisión de Peticiones ha decidido pedir a la Comisión Europea que se realice una nueva investigación sobre las causas del accidente, al entender que en la realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España "no se aseguró la independencia" ni se analizaron las "causas raíces". La presidenta de esa comisión parlamentaria, Cecilia Wikstrom, ha concluido que "la obligación de investigar no se ha cumplido adecuadamente" y cree que "es el deber de la CE" exigir que se hagan nuevas averiguaciones que "cumplan todos los requisitos de independencia".

"Si se hubiera cumplido la normativa europea, el accidente no haría ocurrido, evitando 80 muertos y 140 heridos", reiteró ante el Parlamento Europeo el presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, que tomó la palabra para ratificar el incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria por parte de las autoridades españolas. La vocal y ex diputada del PP en la Asamblea de Madrid Teresa Gómez-Limón, cogió el testigo para reiterar la denuncia del colectivo de afectados por publicidad engañosa por la forma en que se realizó la publicidad oficial de la línea Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente.

Teresa Gómez-Limón también apeló a su condición de ciudadana europea para presentar al colectivo de afectados como víctima del proceder de España al incumplir la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores porque anuncios en televisión, notas de prensa, web, la revista oficial Líneas y el propio Boletín Oficial del Estado presentaron la línea Ourense-Santiago como una línea de alta velocidad "cuando no tenía las prestaciones de seguridad propias de la Alta Velocidad".

En relación con la seguridad del tren, Jesús Domínguez mantuvo que España incumplió la Directiva de Seguridad Ferroviaria porque la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que indagó sobre el siniestro de Angrois "no fue independiente", ya que parte del equipo de investigación lo forman las empresas públicas implicadas en el accidente, Renfe, Adif e Ineco, o, lo que es lo mismo, "las mismas personas que desconectaron el sistema de seguridad porque generaba retrasos". También porque en esa comisión "no se informó ni se dio voz a las víctimas" y la investigación, tal y como ya señaló hace meses la Agencia Ferroviaria Europea, "no ahonda en las causas profundas/raíz".

Otra de las normas incumplidas es el reglamento relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, que obliga a realizar una evaluación de riesgos y aplicar medidas de control cuando haya cambios en las condiciones de funcionamiento o un nuevo material suponga nuevos riesgos en la infraestructura. Las víctimas ven tres ocasiones de incumplimiento, las mismas que en el caso de la Directiva sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario.

Este encuentro llega después de que la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) entregase a las víctimas un informe (que adjuntamos en texto completo) elaborado por sus técnicos que cuestiona la investigación realizada por la CIAF por su falta de independencia, por no abordar las causas raíz del accidente y por no escuchar a las víctimas, tal como exige la Directiva de Seguridad Ferroviaria de 2004. Precisamente, en los últimos días han pedido que la investigación judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago sobre el siniestro incluya ese estudio europeo.

Fuente: El Mundo

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