Un juez afirma que la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) acosó a un técnico al que había despedido y luego readmitido por orden judicial

Un juez afirma que la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) acosó a un técnico al que había despedido y luego readmitido por orden judicial

En la sentencia, el juez tilda de «repugnante» que se actuase de este modo contra el demandante por el mero hecho de haber sido contratado cuando gobernaba otro partido
3 Marzo 2016

El titular del juzgado de lo social número 6 de Bilbao considera probado que la SPRI ejerció acoso laboral contra un técnico que fue contratado durante el Gobierno de Patxi López y que la entidad pública despidió de modo ilegal cuando accedió el PNV al poder y que posteriormente se vio obligada a reincorporar. La sentencia da por acreditado que la situación de baja laboral en la que se encuentra el trabajador se ha producido por los reiterados episodios de discriminación y acoso que vivió en su puesto de trabajo. En su sentencia, de 5 de diciembre de 2015, el juez recrimina la actuación de la SPRI. Le recuerda además que en este caso se daban circunstancias especiales que aconsejan un trato más cuidadoso hacia su empleado. Subraya que se trata de un trabajador que la propia sociedad había despedido de forma nula y arbitraria, por lo que se le debía exigir «una inequívoca intención de acoger, sin ningún tipo de excepcionalidades ni titubeos» que no se produjo.

En la sentencia, el juez tilda de «repugnante» que se actúe de este modo contra el demandante por el mero hecho de haber sido contratado cuando gobernaba otro partido. A lo largo de la misma considera probado que la situación de acoso y menosprecio comenzó tras su reincorporación al área de Internacional, -tras verse forzada por sentencia judicial- el 22 de abril de 2014. La sentencia narra cómo se comienza por apartarlo de las comunicaciones y reuniones ordinarias del departamento, que sí se mantienen con el resto de sus compañeros. La situación llegó al punto, se subraya, de que para comunicarse con él el resto de los trabajadores del departamento, ubicados a escasos metros de su mesa, habían designado a uno de ellos para reenviarle los correos y comunicaciones.

También apunta que las funciones que se le comenzaron a asignar eran genéricas y contrastaban con las tareas precisas que sí se encomendaban al resto de trabajadores del área.

Las posteriores quejas que trasladó a sus superiores fueron desatendidas sin que se recondujera la situación. Tras casi un año en este contexto laboral, el denunciante solicitó la baja por una reacción de adaptación que posteriormente derivó a un trastorno depresivo. El juez recuerda que antes de ser despedido la integración laboral del demandante era absolutamente normal. Concluye que hubo «intencionalidad empresarial por mantener al actor al margen de las dinámicas globales del grupo».

La SPRI achacó la situación del técnico a su personalidad o a otras razones desconocidas, según apunta el juez en su sentencia, cuestión que el magistrado rechaza afirmando que la «capacidad de juicio» del denunciante «en modo alguno» puede vincularse a una visión deformada o «paranoica» de la realidad.

Tras esta primera demanda favorable, en la que se concluye que su baja laboral debe ser considerada una accidente de trabajo provocado por la situación laboral que padecía y no una incapacidad laboral, el trabajador afectado confía en que la segunda demanda que ha interpuesto, en este caso por un presunto delito de acoso laboral, le sea favorable. Con el relato de hechos que ya ha avalado el Juzgado de los Social número 6, el denunciante confía en que la resolución de la demanda por acoso le sea favorable. En este caso solicita no sólo un cambio de ubicación para que se pueda restablecer la situación y normalidad laboral, sino también una indemnización por daños físicos y morales. En diciembre se celebró la vista oral y el caso está visto para sentencia.

La SPRI, dependiente de la consejería de Desarrollo Económico de Arantxa Tapia, ha asignado la defensa en este caso al presidente del Observatorio Vasco contra el Acoso Moral en el Trabajo, Juan Ignacio Marcos. La SPRI, que a petición de este diario ha evitado valorar este caso.

El denunciante, junto a otros siete trabajadores, en su mayoría cargos directivos o de confianza, que accedieron a la SPRI durante el mandato del PSE, fue despedido el 9 de mayo de 2013 por los nuevos responsables de la SPRI apenas cinco meses después de que el PNV accediera al Gobierno vasco.

Fuente: EL MUNDO

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