El inspector de trabajo admite que Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) incumplía la ley de PRL cuando un accidente acabó con la vida de 43 personas

El inspector de trabajo admite que Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) incumplía la ley de PRL cuando un accidente acabó con la vida de 43 personas

El perito minimiza el incumplimiento porque desde 2004 las autoridades laborales aún se dedicaban a hacer campañas de divulgación y niega que la seguridad sea un riesgo laboral: «Es un riesgo industrial»
2 Marzo 2017

El inspector de trabajo que ha testificado como perito en la investigación sobre el accidente del metro, Juan Martín García Alloza, admitió en su declaración efectuada a mediados de enero, que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) no tenía plan de prevención de riesgos laborales, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración. De esta manera, el perito no tuvo más remedio que admitir que al carecer de un plan preventivo, FGV infringió la ley de prevención de riesgos laborales, a preguntas de la Fiscal que interviene en la instrucción.

No obstante, el inspector de trabajo intentó minimizar este incumplimiento –al igual que hizo el técnico del Invassat que también ha declarado como perito en esta misma causa– al defender que «en la época del accidente no se sabía lo que era una auditoría» y que durante los años 2004, 2005 y 2006 las autoridades laborales aún «se dedicaban a hacer campañas de divulgación, sin que en aquella época existiesen estándares normativos».

De hecho, ambos peritos también han defendido ante el juzgado que la velocidad del tren no es un elemento a tener en cuenta en materia de seguridad laboral, ya que pertenece al ámbito de la «seguridad industrial del fabricante de los trenes» al igual que el trazado de la vía.

Cabe recordar al respecto que una auditoría interna reveló que FGV carecía de plan de prevención de riesgos en 2005, 2006 y 2007 –como adelantó Levante-EMV en su momento–. De hecho, los directivos de FGV ocultaron durante cinco años una auditoría de riesgos laborales realizada en 2005, con resultados desfavorables para la empresa, por lo que el informe no vio la luz hasta 2011, cuando los directivos creían que ya habían prescrito los posibles delitos que se les podían imputar por el accidente del metro del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas.

La auditoría, según los responsables sindicales de prevención de riesgos laborales de la empresa «podría haber cerrado FGV» porque el resultado negativo de la misma podría haber acarreado «multas y expedientes por incumplir la ley de prevención de riesgos laborales tanto en los aspectos más livianos como en los más profundos como la investigación de los accidentes», tal como denunció Pedro Díaz Caballero, representante del Sindicato Ferroviario-Intersindical Valenciana (SF-IV) en el comité de seguridad y salud de FGV, durante la séptima sesión de la comisión de investigación del accidente del metro en las Corts.

Investigación de accidentes
De hecho, uno de las deficiencias que detectó la auditoría es que los siniestros en FGV «se investigaban por las propias jefaturas, cuando deben ser los representantes de los trabajadores y los comités de seguridad, con la ayuda de algún asesor externo, quienes investiguen las circunstancias y detalles de los siniestros ferroviarios».
Este mismo sindicalista, que la jueza se niega a citar a declarar en el juzgado, también reveló que en 2011 tuvo acceso al listado de personal no formado en riesgos laborales que incluía a toda la cúpula directiva con la exgerente y actual imputada en la investigación por el accidente del metro, Marisa Gracia, al frente. «Nadie había recibido la preceptiva formación en riesgos laborales».

Para una información detallada sobre el accidente, ver el enlace que damos más abajo.

Fuente: Levante

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