La FIFA demandada por explotación laboral en Qatar
La FIFA demandada por explotación laboral en Qatar
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La Confederación Holandesa de Sindicatos (FNV) ha presentado una demanda contra la junta directiva de la FIFA, con sede en Suiza, por complicidad en la explotación de Nadim Sharaful Alam, un obrero originario de Bangladesh, que trabajó entre 2014 y 2016 en Qatar en la construcción de los estadios del Campeonato Mundial de Fútbol de 2022. Sometido, según la denuncia, “a condiciones laborales inhumanas cercanas a la esclavitud”, la indemnización de unos 4.500 euros solicitada en su nombre puede sentar un precedente legal. Cerca de un millón de migrantes levantan en el Estado árabe las infraestructuras del Mundial, y es la primera vez que la Federación Internacional de Fútbol es requerida por no defender sus derechos.
“Los obreros no tienen voz. No pueden influir en su horario laboral ni en las condiciones de alojamiento. Tampoco en el sueldo que cobran, cuando les llega. La competición se ha trasladado al invierno para evitar problemas a los futbolistas, pero ellos trabajan a temperaturas altísimas. Muchas veces se les retira el pasaporte, de modo que es imposible salir y entrar libremente de Qatar”, ha señalado la Confederación sindical holandesa. En su opinión, la FIFA, que recibió la noche del domingo el requerimiento, “nunca debió otorgar el Campeonato futbolístico a Qatar”. En 2013, y después de que organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional denunciaran la muerte de “centenares de trabajadores”, el propio gobierno catarí investigó la situación. El resultado arrojaba pruebas de “docenas de accidentes entre los obreros contratados con vistas al Mundial”.
Muy tocada por la corrupción de sus antiguos directivos, 39 de los cuales se embolsaron ilegalmente millones de dólares, la FIFA quiere evitar otro escándalo. En la demanda, su nuevo presidente, Gianni Infantino, tiene tres semanas para aceptar la complicidad del organismo, y compensar a Sharaful Alam. Le conmina también a aceptar que la Federación “no debió adjudicar el campeonato de 2022 sin haberse asegurando antes que se respetarían los derechos humanos de los trabajadores migrantes”. De lo contrario, el caso acabará en los tribunales. De momento, la FIFA rechaza las alegaciones. El pasado junio subrayó sus esfuerzos “para que las autoridades cataríes aseguren una mejora laboral generalizada en las instalaciones derivadas del torneo futbolístico”, en respuesta a las críticas de Amnistía Internacional. Al mismo tiempo, “niega su responsabilidad en los problemas sociales de los países anfitriones”.
La falta de garantías laborales, y por ende humanitarias, de la fuerza de trabajo migrante en Qatar se deriva en gran parte de la kafala. Así se denomina la legislación laboral que impide cambiar de empleo, o bien abandonar el país, sin permiso de los patrones. Basada en la figura, obligada, del kafil (una especie de tutor) éstos pueden aprovecharse de su autoridad y negar los visados de salida. O bien modificar la cuantía del sueldo sin previo aviso. Aunque las autoridades han prometido autorizar la petición directa de visados de salida a los contratados, los cambios son lentos y siguen operando las agencias de contratación de dudosa reputación abiertas en el Sur de Asia (India, Nepal y la propia Bangladesh). “En Qatar piden tiempo, pero la situación raya todavía en la esclavitud”, según Liesbeth Zegveld, la abogada estrella holandesa en materia de derechos humanos, que ha contribuido a preparar la demanda. “El obrero es casi propiedad de sus amos; ellos deciden cuándo empieza su jornada, come, duerme, recibe la paga y puede marcharse. Si otros afectados se unen, puede ser enorme”, ha añadido.
Los sindicatos holandeses han elevado la reclamación en su calidad de miembros de la Unión Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (BWI, en sus siglas en inglés) ubicada asimismo en Suiza. Dado que esta negocia con el Gobierno de Qatar la mejora de la situación en las obras, la rama holandesa firma en solitario para no entorpecer el diálogo.
Fuente: EL PAÍS