Escasas aportaciones ciudadanas a la Estrategia Nacional de RSE

Escasas aportaciones ciudadanas a la Estrategia Nacional de RSE

Serán analizadas por el Consejo Estatal de la RSE
31 Julio 2014

Tras la consulta pública a la que fue sometido el Plan Nacional de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), sus aportaciones van a ser analizadas por el Consejo Estatal de la RSE (Cerse) para que estudie su inclusión en el documento final. Sin embargo, parece que la posibilidad de añadir sugerencias al texto no ha cuajado, ya que tras haber estado un mes a disposición de los ciudadanos, el documento sólo ha recibido 18 aportaciones.

La secretaria de Estado para el Empleo, Engracia Hidalgo, anunció en el Congreso de los Diputados que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social convocaría un Pleno del Cerse, una vez finalizado el proceso de consulta pública, para la aprobación definitiva por parte del organismo consultivo.

Actualmente el borrador consta de cuatro objetivos, diez líneas de actuación y sesenta medidas concretas que deben ser evaluadas.

Las diez líneas de actuación en las que se articulan las medidas son la promoción de la responsabilidad social; la integración de la RSC en la educación, formación e investigación; el buen gobierno y la transparencia; la gestión de recursos humanos y el fomento del empleo; la inversión socialmente responsable e I+D+i; la relación con los proveedores; el consumo responsable; el respeto al medio ambiente; la cooperación al desarrollo; y la coordinación y participación.

En este sentido, dichas medidas se han dividido de acuerdo a su grado de prioridad. Así, hay doce que se han identificado como "muy alta" entre las que figuran la puesta en marcha de un procedimiento de publicación de memorias de sostenibilidad, el desarrollo de una herramienta para el envío de este tipo de documentos, la creación de una web específica sobre responsabilidad social, el impulso de prácticas de buen gobierno, promover los informes de buen gobierno y sosteniblidad entre las empresas del sector público. Al mismo tiempo, el plan contempla fomentar la fiscalidad responsable, el impulso de actuaciones para luchar contra el fraude laboral y fiscal, así como la economía sumergida. Además, la promoción de la ética y la transparencia en las organizaciones, para impulsar la RSE como mecanismo para fortalecer la imagen de España forman parte de la estrategia. En esta línea, el informe también quiere impulsar la coordinación entre Gobierno y comunidades autónomas.

En total, dieciocho aportaciones están catalogadas como prioridad "alta". Entre las que figuran iniciativas como la promoción de criterios de RSC; el fomento de prácticas de responsabilidad social entre pymes y entidades de la economía social; el impulso de actuaciones que favorezcan la diversidad y la igualdad de oportunidades; potenciar la contratación indefinida; y la gestión de la cadena de suministros responsable, entre otras. Respecto a las correspondientes que han sido calificadas como prioridad "media" figuran 30 medidas.

Del mismo modo, el seguimiento del cumplimiento de estas medidas será coordinado por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, que propondrá al Cerse un grupo de trabajo que establezca los indicadores de seguimiento, resultado e impacto en relación con cada una de las iniciativas, informa Servimedia. En base a estos se realizará un informe anual que se presentará tanto a dicho Consejo, como a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales, donde se reflejará el grado de ejecución y de desarrollo de la responsabilidad social en España.

Asimismo, el borrador explica que el ministerio debe habilitar "los medios precisos" para que el Cerse "se constituya como Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas en España" tal y como establece el Real Decreto de su constitución.

En concreto, la función del Cerse se centrará en la elaboración de un modelo para promover que las empresas del sector público elaboren informes de buen gobierno y responsabilidad social, también tendrá que hacer una guía de buenas prácticas en materia de inversión socialmente responsable, así como la realización de un estudio y análisis de un informe sobre derechos humanos y empresas, entre otros aspectos.

Fuente. El Global

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