Directivos de una empresa podrían ir 14 años a prisión por la muerte de un empleado
Directivos de una empresa podrían ir 14 años a prisión por la muerte de un empleado
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Los cuatro responsables de Pevafersa, entre ellos el presidente Vicente Fernández, se enfrentan a 14 años de prisión (a tres y medio cada uno de ellos) por la muerte del joven trabajador de 25 años, en prácticas, que falleció electrocutado el 22 de marzo de 2007, según la Fiscalía Provincial, porque la obra en la que trabajaba carecía de las medidas de seguridad necesarias para impedir accidentes laborales. Y es que el joven murió porque trabajaba para sustituir una línea de media tensión sin que se hubiera cortado el suministro eléctrico en la antigua.
Además, la empresa no adoptó las medidas preventivas individuales y colectivas para realizar tareas en la proximidad de una instalación eléctrica, lo que "provocó el riesgo grave para la
integridad física de los empleados", así como el accidente laboral que puso fin a la vida del joven. El fiscal apunta, asimismo, que la adopción de estas medidas correspondía a Pevafersa, así como a sus representantes y administradores, Vicente Fernández y Álvaro Sánchez, quien además era jefe del departamento de obras del que dependía el finado.
El quinto imputado, el conductor del camión-grúa, de iniciales B.P.M., que al descender la pluma se aproximó a la línea de alta tensión antigua, causó el accidente mortal, se enfrenta a dos años y medio de prisión por un homicidio imprudente, el mismo que se imputa a los directivos de la empresa fotovoltaica.
En el escrito de acusación del Ministerio Público, en el que se pidió la apertura de juicio oral, que tendrá lugar el próximo día 22, en el Juzgado de lo Penal, se sostiene que el día del accidente, la víctima mortal, de iniciales J.B.D., se encontraba trabajando para Pevafersa como electricista montador, en la ejecución de una línea de área eléctrica de media tensión, en la finca de Villaguer, en Toro, a las 16.30 horas el 22 de marzo de 2007.
El fallecido estaba en una cesta adaptada a la pluma del camión grúa, con otro compañero de la misma empresa para colocar unos cables en una nueva torre de tendido eléctrico sin tensión y, cuando iban a descender con la grúa para recoger a otro conductor, la cesta se aproximó a la línea antigua todavía con tensión eléctrica, lo que provocó la muerte del joven por electrocución.
El fiscal detalla que el joven tenía la mano derecha apoyada en la barandilla de la cesta, por lo que la corriente le entró por esa extremidad y le salió por la cadera que tenía en contacto con un tornillo metálico de la cubeta.
El fiscal imputa al conductor del camión porque actuó "obviando las más elementales normas de cuidado" cuando "hizo descender la pluma desde la línea de nueva tensión hasta la de la antigua, que se encontraba a cinco metros de distancia, a menor altura, y que tenía tensión, con el brazo totalmente extendido, sin visibilidad suficiente". De modo que, "no controló el movimiento de la cesta en la zona de peligro".
Otro de los imputados, el encargado de obra, P.S.S., también jefe de equipo de Pevafersa, era el responsable de que la obra se ejecutase bajo las medidas de seguridad precisas, pero "teniendo conocimiento de la inexistencia" de las mismas, "no cortó la tensión en la línea antigua y no adoptó las medidas para impedir el acceso de los trabajadores a una zona de tensión eléctrica", explica la acusación pública. Y obvió también las elementales normas de cuidado respecto de los trabajadores al dar instrucciones al conductor del camión para que colocara el vehículo en un lugar en el que la trayectoria de la cesta, "al descender con el brazo extendido, podía impactar con la línea de tensión al entrar en el arco eléctrico".
La Audiencia Provincial rechazó en su día el recurso contra el auto de procedimiento abreviado, al considerar "la concurrencia de indicios suficientes para imputar a las personas" mencionadas "por un delito contra los derechos de los trabajadores" y de "homicidio imprudente", que recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación.
Fuente: La Opinión de Zamora